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Apenas tres semanas después de ser nombrada nueva presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, se encuentra con la primera 'papa caliente' de su mandato.
El próximo 1 de enero entra en vigor el Reglamento 2023/956 que establece un mecanismo de ajuste en frontera por carbono y que obligará, con el fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, a las navieras que toquen puertos europeos al pago de los derechos de emisión. Esto supondrá que, por ejemplo, los barcos de MSC que operan el tráfico de trasbordo en La Luz en la terminal de Opcsa, tendrán que abonar estas tasas si pasan por Las Palmas pero están exentos si mueven sus tráficos en puertos africanos como Tánger Med.
El Reglamento europeo es sin duda una amenaza real para el puerto de Las Palmas y su 'hub' en el tráfico marítimo, ya que la mayoría de las navieras optaría por ir a puertos africanos en lugar de recalar en La Luz.
Aunque la amenaza se conoce desde el pasado año desde la Autoridad Portuaria no se han tomado las medidas oportunas, como se quejan los operadores, para tratar de 'salvar' a La Luz de esta situación. Así que Calzada trata ahora contra reloj de hallar una solución. El martes la dirigente portuaria remitió una misiva al presidente de Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez Dapena, en la que le solicita su intermediación ante las instancias que sean oportunas para que los puertos de las Islas Canarias «queden exceptuados» del Reglamento de emisiones. «Su aplicación comportaría unas consecuencias muy graves para la región en materia de transporte de mercancías y conectividad. Además, pondría en riesgo nuestra actividad económica en toda la región», se recoge en la carta.
La preocupación de la presidenta es compartida por las distintas organizaciones empresariales del Puerto, que advierten de la imposibilidad de seguir operando a raíz de esta normativa en igualdad de condiciones con los puertos del entorno como son los de Marruecos, Mauritania y Senegal, entre otros. En la carta remitida por Calzada a Dapena pone como ejemplo que desde MSC ya se han puesto sobre la mesa alternativas de escala para evitar los sobrecostes que tendrá en los puertos europeos en los que opera y entre los que menciona a Valencia, Sines, Las Palmas o Gioia Tauro. «Sin duda la directiva provocará la fuga de actividad y tráficos de nuestras instalaciones a corto plazo lo que provocará una pérdida de conectividad con el archipiélago con unas consecuencias importantes no solo para la Autoridad Portuaria sino para la ciudadanía canaria en su conjunto», se apunta en la carta.
La presidenta del Puerto va aún más lejos en sus previsiones y considera que las consecuencias de la entrada en vigor de esta normativa van a más allá del tráfico de trasbordo. Además de haber una fuga de contenedores a África, Calzada avisa de que la nueva norma también tendrá consecuencias en el transporte de mercancías que llegan a las islas. Según detalla, cuando entren en vigor los derechos de emisiones puede darse el caso de que las navieras que tocan las islas cargadas de contenedores cada tres o cuatro semanas lo hagan con en un plazo mayor o incluso, que dejen la carga en un puerto africano y luego se tenga que ir desde las islas a buscar la mercancía.
«Hace unos días, cuando tuve conocimiento de esta situación pensé que igual estaba exagerando pero después de hablar con los operadores y con Puertos del Estado hay que decir que el riesgo es cierto y que hay una amenaza real sobre nuestros puertos», manifiesta.
Calzada se muestra «muy sorprendida» por esta amenaza y de que no se haya actuado antes para evitarla. «Me he qudado asombrada de que hayamos llegado a este punto y no se hayan tomado medidas», manifiesta, sobre todo teniendo en cuenta que desde enero de este año ya se están calculando los coeficientes que se deberán abonar.
Los derechos de emisión que se aplicarán a partir de enero en el transporte marítimo también tendrán impacto en el aéreo. «A nivel turístico sí he oído mucho sobre las gestiones que se estaban haciendo para frenarlo. En el puerto, nada», indica.
En cualquier caso, advierte de que «dará la batalla» y para ello cuenta con los operadores del Puerto, el Gobierno de Canarias y Puertos del Estado.
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