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—El pasado año se registraron 23.000 accidentes laborales con baja y 15 fueron mortales, dos más que en 2016. Y en los dos primeros meses de 2018 se han registrado 11 muertes. ¿Qué está pasando?
— El volumen de accidentes laborales en Canarias no es tolerable. No nos podemos sentir satisfechos. Pero el índice de siniestralidad laboral en Canarias, es decir, los siniestros por cada 100.000 ocupados, comenzó a bajar a partir de septiembre del pasado año a pesar del aumento del número de trabajadores, un hecho que nunca se había producido en una etapa de crecimiento del empleo. Pero insisto en que no podemos sentirnos satisfechos. Hay que trabajar para seguir reduciendo ese índice de incidencias de siniestralidad, que logramos que en 2017 bajara un 4,12%.
—¿Cómo está influyendo la precariedad en el trabajo en la siniestralidad?
—No tendría por qué producirse un mayor nivel de riesgo de siniestralidad, si estos están bien evaluados, independientemente de que el contrato de una persona sea temporal, o parcial. Es la falta de cultura preventiva la que desequilibra la balanza, y por tanto donde tenemos que incidir.
—Pero cuando una persona trabaja más horas de las que le corresponden por contrato, o en tareas para las que no está preparado, tiene más riesgos de sufrir un percance...
—Claro, pero entonces estamos ante una irregularidad en el ámbito de la contratación, contra la que estamos luchando con la labor inspectora.
—¿Cuáles han sido sus prioridades desde su llegada, en enero de 2017, a la Dirección General de Trabajo?
—Hemos potenciado los procesos para cerrar la concertación social; aprobamos la estrategia canaria por la seguridad y salud; reforzamos campañas de sensibilización sobre el amianto, riesgos ergonómicos y enfermedades profesionales. Y potenciamos la formación en prevención de riesgos laborales.
—¿Qué retos plantea este nuevo escenario de recuperación económica y de crecimiento del empleo?
—Hay riesgos relacionados con sectores que se están reactivando como el de la construcción. Y para no repetir errores, hay que aprender del pasado, y ser proactivos en la prevención. Hemos configurado una mesa técnica de la construcción para que las patronales y sindicatos más representativos contribuyan a desarrollar campañas de sensibilización. También hemos desarrollado un plan específico de información a través de los técnicos del Instituto Canario de Seguridad Laboral, el Icasel, a pie de obra. Y acciones de inspección en las obras en pleno funcionamiento.
—¿Son suficientes los medios humanos con los que cuenta la Inspección de Trabajo en Canarias?
—Cuantitativamente no estamos entre las comunidades con un número relevante de inspectores. Pero desde finales del pasado año estamos en negociaciones permanentes con el Ministerio para la asignación de nuevos inspectores. Y de hecho, el mes pasado el BOE anunciaba seis nuevos efectivos para Canarias. Ahora mismo estamos por encima de la media en la ratio porque contamos con 53 efectivos para un total de 810.000 trabajadores. Pero no son suficientes y continuamos negociando para que vengan más inspectores en 2019. En paralelo este año también activaremos el plan extraordinario de la inspección, que nos permitirá traer a 32 efectivos de forma temporal, durante seis semanas, en el ultimo trimestre del año para desarrollar, de nuevo, una acción específica.
—¿Qué lecciones han sacado del último plan especial de inspección?
—Sobre todo, destacaría la eficacia del trabajo previo de despacho. El cruce de datos de diferentes fuentes como la Seguridad Social, el Servicio Canario de Empleo el propio Icasel, la Agencia Tributaria, y la Policía, permite que afloren los indicios de irregularidades. Y de ahí que se hayan incrementado la eficacia de las acciones. De cada 100 inspecciones del último plan especial, en 50 encontramos una irregularidad, cuando antes el porcentaje no llegaba al 40%.
—¿Cómo está respondiendo la Dirección General de Trabajo a las reivindicaciones de las camareras de piso?
—Estamos fiscalizando que las empresas que subcontratan el servicio respete las condiciones del convenio matriz de la hostelería, algo que no siempre se respeta. Y respecto a sus condiciones de trabajo, en la mesa técnica de la hostelería canaria estamos confeccionando una guía –a modo de recomendación– con la que se puede objetivizar la carga de trabajo a la que pueden estar sometidas distintas ocupaciones. Está siendo testada en cadenas hoteleras privadas. Canarias también está en la en la mesa técnica nacional de la hostelería, en la que trabajamos para que la carga de trabajo sea objetivable a la hora de realizar la labor inspectora.
—¿Cómo ha influido la reforma laboral de 2012 en la siniestralidad?
—La reforma ha reducido los procesos de negociación por la posibilidad de descolgar convenios sectoriales a convenios de empresa. En este escenario se está demostrando que en las empresas con mayor articulación sindical hay más garantías de que se apliquen las normas de prevención de riesgos. La Dirección General de Trabajo estamos obligados a corregir esa disfuncionalidad que ha generado la reforma. Y creo que hay que destacar la importancia de los servicios de prevención de riesgos en las empresas, sobre los que hemos incrementado el control este año. Porque no basta conque se evalúen los riesgos y se queden en un documento. Hay que aplicar esas políticas preventivas.
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