Imagen de la sede de la Ciudad de la Justicia, en la capital grancanaria. / ARCADIO SUÁREZ

El Juzgado de lo Mercantil número 1 ordena el concurso necesario de Anfi Sales SL y Anfi Resorts

El magistrado hace suyo el informe pericial según el cual la deuda ascendía en 2020 a 56,6 millones de euros, sin margen para nuevos préstamos ni para refinanciación

F.S.A. Las Palmas de Gran Canaria.

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de la capital grancanaria ha acordado esta semana la declaración de concurso necesario de las empresas turísticas Anfi Sales SL y Anfi Resorts. Contra ese acuerdo cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, si bien el mismo no tendrá carácter suspensivo.

El juez Alberto López Villarrubia acepta así la solicitud formulada el pasado año por la empresa Isla Marina SL. Las deudoras -bajo control hasta la fecha por el Grupo Santana Cazorla- quedan suspendidas en sus facultades de administración y disposición sobre el patrimonio, competencias que son asumidas por el administrador del concurso: Par Conditio SLP.

En el procedimiento se aportaron tres informes periciales sobre la situación de Anfi Sales y Anfi Resorts, realizados por José Manuel Arias, Sergio Roque y Addvante Forense & Concursal SLP. En síntesis, en su auto el magistrado juez hace suyas las tesis de este último, que pone de relieve la falta de liquidez y solvencia de las empresas. Recuerda asimismo que ya en 2019 el Grupo Anfi solicitó financiación adicional a la banca para refinanciar la deuda del contrato de financiación sindicado que firmó en su día, una petición que se saldó con una respuesta negativa. En conclusión, el citado informe pericial estima que la deuda no atendida ascendía a finales de 2019 a 56,6 millones de euros, frente a lo que no hay tesorería suficiente para hacer frente a la misma ni esa posibilidad de nueva financiación.

En sus informes, los peritos José Manuel Arias y Sergio Roque apuntaron que la situación financiera de las dos empresas era «ideal», pero reconociendo que precisarían de manera ineludible de nuevos créditos o la refinanciación del préstamo sindicado vencido.

El juez concluye en todo caso que el dictamen pericial presentado por Isla Marina -el de Addvante Forense & Concursal SLP- acredita de una insolvencia concursal, esto es, la incapacidad de atender el cumplimiento de obligaciones vencidas y exigibles. Respecto al argumento de que las sociedades son titulares de una gran cantidad de bienes inmuebles, ya designados en las ejecuciones judiciales en trámite, el magistrado juez señala que eso no sirve para acreditar que las sociedades sean solventes, pues el mero hecho de entregar los bienes de su inmovilizado material demuestra que no hay capacidad alguna de afrontar las deudas de forma ordinaria. Es más, supone de facto una liquidación anticipada del patrimonio.

El pasado año el mismo juzgado ya acordó la declaración de concurso necesario de Hermanos Santana Cazorla, cuyas empresas han ido arrastrando problemas de impagos, retrasos en nóminas y pérdidas de contratos. Es el caso, entre otras, de Petrecan, que realizaba la obra del vial de Melenara, lo que se unió la venta del complejo deportivo de La Cornisa y la pérdida también del contrato de servicios en la estación intercambiadora de guaguas de la capital grancanaria. Las diferencias en el accionariado de Hermanos Santana Cazorla habrían agudizado ese problema.

La declaración de concurso es una figura legal establecida para evitar la liquidación de la compañía y buscar una salida ordenada que atienda al pago de los deudores y garantice, en la medida de lo posible, la continuidad de la empresa.