Por este motivo, la Inspección ha suspendido la vía administrativa de la investigación que estaba ejecutando contra Rafael Hernández, su hija Elisa Hernández –directora del centro de menores Tagoror–, el marido de ésta Cristian Ruano –encargado de la finca de Hernández–, Manuel Redondo –secretario técnico de COAG– y Cathy Godoy –trabajadora social de la Asociación Oportunidades de Vida–. Ahora, este organismo deberá concluir el expediente que remitirán posteriormente a la Fiscalía, si no es que el Ministerio Público incoa antes diligencias de investigación y se los solicita. Este trámite no se ha producido aún por cuestiones de operativa en el seno del Ministerio Público.
A pesar de que Hernández ha explicado a los medios que los menores pertenecientes al centro Tagoror que la Inspección y la Policía Nacional encontraron trabajando en su finca de papas el 20 de junio de 2023, estaban haciendo un curso de agricultura, la denuncia alega acreditar que los mismos no habían sido incluidos en ese programa Agro-Canario que él refería.
Al contrario, presuntamente ordenó crear un expediente falso de forma urgente añadiendo a estos chicos y habló con una profesora para que les diera clases exprés por menos horas y así dar apariencia de legalidad a una actuación presuntamente delictiva ante la inspectora.
Fueron «5 o 6 días»
Esta tesis la sustentó el denunciante ante la Inspección de Trabajo y la Fiscalía no solo con su testimonio y el de otro trabajador, sino con multitud de pruebas documentales que adjuntó a su escrito. Se trata, por ejemplo, de conversaciones de WhatsApp en las que varios migrantes admitían que habían ido a trabajar a las fincas de Hernández sin haber tenido previamente relación alguna con los cursos.
Uno de ellos comentó en estos mensajes que una vez fueron a trabajar 12 chicos, por lo que se evidentemente se pudo haber tratado de otro día diferente al de la inspección. También comentó que fueron «5 días 6 días porque teníamos una rutina que cambiamos seguido» y que les «pagó 25 euros por día».
Otro de los menores que estuvo implicado el día de la inspección escribió en los mensajes aportados que el día que «vino la policía» estaba trabajando y que, tras la inspección, «los días siguientes no volvimos a salir» y que «a los pocos días empezamos capacitación agrícola», lo que avalaría la denuncia de que Hernández los incluyó en los cursos tras la apertura del expediente para dar visos de legalidad a esta presunta práctica irregular.
También aportaron capturas de otro grupo de chat llamado 'Monitores Menas' en las que los responsables del centro Tagoror dirigido por la hija de Hernández, informaban a diario del listado de siete menores que iban a ir a trabajar a las tierras del denunciado –supuestamente– los días 17 y 18 de mayo, antes de la propia inspección que fue el 20.
Por último, en la denuncia dieron traslado a Inspección y Fiscalía de dos grabaciones de conversaciones en las que el propio presidente de la COAG y su secretario técnico, Manuel Redondo, reconocían que se habían utilizado a menores que aún no participaban en los cursos para trabajar y que Hernández pidió a los técnicos que mintieran ante los investigadores. «Sí, sí… construimos un relato, pero no fui yo», llegó a decir el denunciado en el audio al que ha tenido acceso este periódico. «¿Tú no me llamaste para que mintiéramos?», le preguntó el denunciante en la misma reunión, a lo que Hernández le contestó:«Sí, sí».
Cursos sin prácticas
Por último, la denuncia refiere que los cursos que dijo Hernández que estaban realizando los menores migrantes pillados en su finca no tienen horas de prácticas en su currículum.
Según la información que ofrece la plataforma del SEPE, el de Abonos y fertilizantes comprendía 20 horas totales de las cuales todas eran presenciales y tendrían lugar en un aula polivalente, mientras que en el de Medios y productos para el control de plagas se elevaba a 25 horas todas teóricas. El de Técnicas de riego estaba compuesto por 30 horas presenciales y el de PRL en el puesto de peón agrícola, 20.
Todos ellos sin que se especifique que deben de realizar prácticas, y menos trabajar con papas que era lo que hacían los diez migrantes cuando llegó la Inspección.
«¿Llamaste para que mintiéramos?», le preguntó el denunciante y Hernández respondió: «Sí, sí… construimos un relato»
En las conversaciones aportadas a Inspección de Trabajo y Fiscalía, se escucha a Rafael Hernández diciéndole al denunciante que debían «poner fin a esta relación» porque «tú no entiendes que cogiste a Pedro Morales en dos renuncios, a mí en este [..].
El técnico le preguntó si era o no verdad que el también responsable de la Asociación Oportunidades de Vida le había llamado «para que mintiéramos» ante la inspectora, a lo que el denunciado le admitió que «sí, sí… construimos un relato, pero no fui yo [...]. Es mi responsabilidad, sí, y hay cosas que tú ves con otra orientación».
«El bloqueo –en la relación de ambos– es tal que así no podemos seguir. Aquí se termina y ya está», comentó Hernández al técnico antes de despedirlo alegando «falta de confianza en él» y «falta de rendimiento en el trabajo» el pasado 13 de septiembre.
En otro audio, se escucha al denunciante hablando con el secretario técnico de COAG, Manuel Redondo. En el archivo se escucha como el directivo de los agricultores le dice que «el perjuicio causado por un día, en un momento concreto de unos chicos que no lleva Rafael sino Cristian, están tres horas y viene una inspección, el perjuicio para la asociación y el trabajo tan fuerte que están haciendo con los inmigrantes… nos parecía que al final había que hacer una cosa que a mí no me gusta», tras ser preguntado por el presunto expediente falso que realizó la COAG para dar apariencia de legalidad a esta supuesta explotación laboral de menores migrantes
«Poniéndolo en la balanza, no sería justo que se venga abajo un proyecto por esto y si están yendo más veces, la inspección acabará yendo y cuando vayan, si eso es así, no puede defenderse», añadió Redondo en esta charla.
«Si después de la inspección ya no se está haciendo, pues ya es una ganancia», insistió el secretario técnico ante las quejas del denunciante.
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