Plataforma petrolífera. / R. C.

La industria alerta del impacto del fondo que gravará más los combustibles

El proyecto del Fondo de Sostenibilidad, que el Gobierno impulsa para reducir la factura eléctrica a costa de las petroleras, saldrá a la luz tras el verano

José María Camarero
JOSÉ MARÍA CAMARERO Madrid

Las grandes compañías industriales han puesto la voz en el cielo ante la que parecer ser una inminente tramitación final del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), una medida con la que el Gobierno pretende reducir la factura de la luz a cambio de incrementar los pagos que tienen que realizar las compañías ligadas al petróleo. Esa era la idea de esta norma contra la que parte de las corporaciones empresariales se están mostrando en contra porque «puede suponer un duro golpe a una industria gasintensiva ya muy castigada y que lucha por mantener a flote su actividad y su empleo en el peor contexto posible», como indica GasIndutrial.

Esta organización considera que el nuevo fondo «provocará una subvención cruzada de costes entre los diferentes consumidores finales». «Las aportaciones al del sector gasista irán en aumento cada año hasta llegar a 1.200 millones de euros, que en el lustro de vigencia sumarán un total de más de 3.500 millones de euros, penalizando duramente al consumidor industrial gasintensivo», argumenta GasIndustrial.

También la Asociación Española del Gas (Sedigas) ha señalado «las negativas consecuencias» y reitera su valoración de desacuerdo con la propuesta del Fondo de Sostenibilidad. Asimismo, lamenta que su potencial aprobación «se produzca de forma acelerada en una coyuntura energética extraordinariamente compleja y de implicaciones aun inciertas». La iniciativa resulta ahora especialmente «inexplicable e inoportuna», según Sedigás. La organización apela a los grupos políticos que participan en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico a «replantearse la idoneidad» de su tramitación parlamentaria.

La aprobación definitiva del Fondo, de producirse, llegaría en el peor escenario posible con los costes de los combustibles en récord. La medida prevé extraer del recibo de la luz los costes asociados a las primas a las históricas renovables, la cogeneración y residuos (Recore) y trasladarlos progresivamente a todos los sectores energéticos en un plazo de cinco años. Básicamente, a las compañías que más contaminan, como pueden ser las petroleras.

El Ejecutivo aprobó a finales de 2020 este fondo con el que pretende rebajar el recibo de la luz un 13% en los próximos cinco años tras sacar de los costes fijos de la factura las primas a las renovables. Esa financiación, que se eleva a 7.000 millones de euros correspondientes a las inversiones hechas en la primera parte del siglo, se nutrirá ahora con aportaciones de los comercializadores de energía. El Ministerio para la Transición Ecológica estimó en su momento que si no se creaba los costes fijos del recibo de la luz para los consumidores domésticos podrían incrementarse alrededor del 10%, lo que supondría una subida media de la factura de entorno al 6,5% en un solo año.

En aquel momento, y en varias ocasiones de forma recurrente, empresas como Repsol (una de las que estarían más afectadas) se han mostrado en contra. El consejero delegado de la compañía, Josu Jon Imaz, considera que esta herramienta tiene por objetivo «pagar a los fondos, en algunos casos especulativos» y «las fiestas de las eléctricas». Imaz ha indicado que «en la vida es importante ir con la transparencia por delante» y ha dejado claro que, en su opinión, este fondo no tiene por objetivo financiar las renovables, sino que es «para pagar a los fondos de inversión, en muchos casos especulativos», que invirtieron en España en el pasado en unas energías renovables que no eran todavía competitivas, así como «los dividendos de las eléctricas y sus errores del pasado».