Hernández quería que los participantes de un curso firmaran previamente sus finiquitos en blanco

Hay que recordar que al presidente de los agricultores y ganaderos canarios le abrieron un expediente sancionador desde la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social después de que este órgano y agentes de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional hallasen a diez menores del centro Tagoror -dirigido por su hija-, supuestamente trabajando de forma irregular en una de sus fincas de papas en Tafira. Por estos hechos, la Fiscalía Provincial de Las Palmas lo investiga a él y a tres personas más por un presunto delito de trata de seres humanos con fines de explotación laboral.

En este caso de los finiquitos, la denuncia que fue presentada ante la Inspección de Trabajo narra que Rafael Hernández había encargado a un técnico la dirección de un proyecto consistente en poner en marcha unos cursos llamados TándEM que financiaba el SEPE. En principio, la idea era la de organizar los programas de jardinería, agricultura y ocio y tiempo libre, por lo que la Asociación Oportunidades de Vida -presidida por el denunciado-, iba a percibir 2,4 millones de euros, aunque finalmente se apostó por organizar solo uno que supondría un millón de subvención.

Los alumnos que participarían en estas clases, según el investigado, debían de ser inmigrantes que recibirían las clases teóricas y luego serían contratados de 12 a 15 meses para realizar las prácticas, por lo que la asociación tenía que abonarles a su finalización el correspondiente finiquito.

La denuncia a la que ha tenido acceso este periódico detalla que Hernández encargó al técnico del programa que tenía que «forzar» a los 30 alumnos de Canarias y a los 11 profesionales «que iban a trabajar en el programa» a que firmaran antes de comenzar el programa «sobre el papel en blanco las indemnizaciones futuras que iban a recibir».

El responsable del proyecto se negó ya que lo único que no cubría el programa Tándem era el dinero destinado al pago de las indemnizaciones y pensó que se trataba de una estrategia para liquidar de menos a estas personas.

Según el denunciante, Hernández le expuso que los participantes en el curso «no iban a protestar ni quejarse» porque «cobrarían un sueldo de 900 euros, con formación y titulación y, además, el SEPE le había dicho que al ser una Formación en Alternancia con el Empleo (PFAE) les iban a dar los papeles por arraigo laboral, por lo que serían los que menos iban a protestar».

El técnico del programa le insistió en que lo que pretendía hacer era ilegal y que «lo que iba a conseguir era que alguien lo denunciara», sostiene esta parte, pero Hernández le espetó -supuestamente- que «el compañero que iba a llevar las cinco escuelas taller similares en Valencia tenía muy bien controlada a su gente y nunca había tenido problemas». Añadió que «había gente que estaría dispuesta a trabajar así y otros que no -en referencia al técnico-, pero que tenía que forzar al personal y estudiantes».

Ante una nueva negativa, la denuncia indica que Rafael Hernández lo despidió y el programa de formación nunca se llevó a realizar.

En este caso en concreto, la Inspección de Trabajo pidió al denunciante que aportara pruebas de lo sucedido, pero al contrario que en la supuesta explotación de los menores en una finca, esta persona no grabó al presidente de la COAG forzándolo.