El Gobierno trata contra reloj junto a un grupo de empresarios isleños de salvar a JSP de la quiebra

Las negociaciones avanzan contra reloj puesto que el próximo 4 de julio termina el plazo para que JSP comunique al Juzgado de lo Mercantil número 2 de Las Palmas de Gran Canaria si ha encontrado a un inversor que reflote la empresa o bien tiene que ir al concurso de acreedores. Hace apenas quince días ésta parecía la única ópción, sin embargo, el Gobierno de Canarias ha decidido implicarse de lleno para salvar la que es la primera industria láctea de Canarias.

La implicación del Gobierno de Canarias y más en concreto, del vicepresidente Román Rodríguez, para tratar de buscar una solución a JSP trasciende lo que es únicamente esta empresa. Fuentes cercanas aseguran que la aparición de las informaciones en los últimos meses sobre la delicada situación de JSP ha rebajado la calificación de la industria canaria en general, lo que a afecta a nivel de crédito y deuda. La quiebra de esta empresa, que es la primera industria láctea de Canarias y una de las grandes, podría tener cierto «efecto dominó» sobre otras industrias y arrastrarlas, algo que se quiere evitar a toda costa.

Fuentes cercanas apuntan que la colaboración público-privada es clave para hallar una salida a JSP a la delicada situación financiera y económica de la empresa, con un deuda de 64 millones de euros. Si bien, todo apunta a que la negociación no pasan por la entrada del Gobierno en la empresa si no únicamente en su «mediación» y apoyo.

Fuentes próximas aseguran que las negociaciones avanzan y que podría alcanzarse un acuerdo satisfactorio para la banca acreedora (y con la que se está negociando una elevada quita del entorno del 70%), la familia Sánchez que quiere seguir estando presente en la sociedad y los inversores que estudian la operación. Sin embargo, el tiempo juega en contra puesto que, como se ha señalado anteriormente, apenas quedan veinte días para que expire el plazo dado por el juzgado e intervenga el administrador concursal.

El 'plan' en el que trabaja el vicepresidente Román Rodríguez (NC) y estos empresarios no tiene nada que ver con el presentado a principios de esta semana por los trabajadores de JSP al viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, a peticiónde de éste. En un encuentro mantenido el pasado 3 de junio en Presidencia del Gobierno en Tenerife y en el que estuvieron presentes: el viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana; la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, y el vicecosejero de Presidencia, Antonio Olivera, todos representantes del Gobierno por el PSOE, se le pidió los trabajadores que presentaran un plan «real y serio» para estudiarlo y ver la posibilidad de implementarlo. Las plantillas cumplieron su parte y, tras asesorarse, presentaron el plan el pasado lunes. Todo apunta a que el suyo ni siquiera se pondrá en marcha teniendo en cuenta lo avanzado de las negociacionesdel vicepresidente con los empresarios, que a fecha de hoy es la única salida real para JSP ante el concurso.

El presidente del comité de empresa de JSP, Ángel Yánes, aseguran qu e su plan es «serio» porque hasta ahora han sido los trabajadores los únicos que han demostrado que quieren salvar la empresa. Según explica Yánes, su plan pasa por dos condiciones innegociables, de un lado, el mantenimiento de los 500 puestos de trabajo actuales es incluso apuntan la posibilidad de aumentarlos, dado que hay en torno a 50 personas que prestan servicio a través de empresas de trabajo temporal. De otro, rechazan la posibilidad de fraccionar la empresa que es lo qu epodría suceder si va al concurso de acreedores.

Fuentes cercanas aseguran que si JSP entra en concurso, los activos se podrían colocar por separado en las subastas, en función de los interesados que concurrieran al proceso.

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