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El consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez, ha encontrado una fórmula para salvar el rechazo suscitado entre miembros del propio Gobierno -Román Rodríguez (NC) y Casimiro Curbelo (ASG)- al proyecto de decreto que regula el teletrabajo del personal público de Canarias.
Para sortear los 'peros' ante una fórmula laboral que no es del agrado de la ciudadanía, al entender que se devalúa el servicio prestado, ni de las empresas por el mismo motivo, Pérez ha añadido al decreto una disposición transitoria por la que se retrasa un año la plena implementación del teletrabajo en Canarias.
El decreto será llevado a su aprobación al Consejo de Gobierno que se celebrará mañana viernes, según fuentes próximas.
En el artículo 8 del último borrador del decreto, el Gobierno de Canarias mantiene que el personal público podrá teletrabajar hasta tres días a la semana como máximo; sin embargo, al final del documento se añade una disposición transitoria (la primera) que fija unos plazos de ejecución. De esta forma, durante los primeros seis meses de vigencia del decreto los trabajadores públicos solo podrán teletrabajar durante un día a la semana. A los seis meses siguientes serán dos días y concluido el primer año de vigencia se podrán acoger hasta tres días.
Las organizaciones sindicales han aceptado este retraso en la implementación del teletrabajo, ya que es la forma de salvar los escollos dentro del propio Gobierno y lograr que se apruebe. Sin embargo, no les gusta la concesión que han tenido que hacer.
«Le hemos dicho al Gobierno que es la única forma que hay que de que salga adelante lo aceptamos pero no compartimos esta vuelta que se le da que llevamos muchos meses de retraso», indican estas fuentes.
Como indican fuentes próximas, el decreto del teletrabajo está ya aprobado y operativo en numerosas comunidades autónomas y en Canarias se está retrasando «más de la cuenta».
Hay que tener en cuenta que esta reglamentación se aprueba para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto-ley 19/2020, de 29 de septiembre y que obliga a las Administraciones Públicas a adaptar su normativa del teletrabajo en un plazo de seis meses, con lo que Canarias debería haber aprobado su normativa a mediados de 2021, hace casi dos años.
Desde el Gobierno de Canarias se apunta que el decreto cumple con la obligación de regular el teletrabajo de los trabajadores públicos «sobre la base de la proporcionalidad», de forma que se respeta el derecho de los trabajadores a está fórmula laboral al tiempo que que se garantiza el principio de eficiencia en la prestación de los servicios públicos.
La norma, según se indica en el borrador del decreto, se adecúa a los principios de necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. Además, según consta en varios artículos del borrador del decreto, para poder acogerse a los días de teletrabajo es necesario cumplir con una serie de requisitos, entre ellos, desempeñar un puesto de trabajo susceptible de ser realizado en la modalidad no presencial. Además, hay que solicitarlo de forma previa por escrito y se aceptará si las necesidades del servicio lo permiten.
Tras su paso mañana por el Consejo de Gobierno y su aprobación -siempre que no surjan nuevos frenos-, el decreto se elevará al Consejo Consultivo para su valoración, según estas fuentes.
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