La ministra de Transportes, Raquel Sánchez. / efe

El Gobierno promete igualdad territorial en el futuro pago por uso en carreteras

El Ejecutivo aún estudia el modelo que implantará tras la liberación de 477 km de la AP2 y la AP7

Clara Alba
CLARA ALBA Madrid

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, reactiva el debate sobre el cobro por uso en la red de carreteras españolas a partir de 2024. Y lo hace, paradójicamente, coincidiendo con el fin de los peajes en la AP-7, entre La Jonquera y Tarragona, y en la AP-2, entre Zaragoza y el Vendrell, lo que supondrá más de 750 millones de euros de ahorro para los usuarios, según cálculos del Gobierno.

Se trata de más de 477 kilómetros por los que ahora se podrá circular de forma gratuita (262 kilómetros de la AP-7, que había estado en régimen de concesión en los últimos 47 años y otros 215 de la AP-2, en manos privadas durante los últimos 55 años).

Sin embargo, no será para siempre. Desde la pasada primavera, el Gobierno estudia la fórmula para cumplir con su compromiso con Bruselas de establecer un pago por uso que, aunque no será un peaje como tal, implicará que los conductores no podrán recorrer las carreteras de forma gratuita.

Mantenimiento

La titular de Transportes ha insistido estos días en que hay que buscar un sistema para financiar el mantenimiento de autopistas y autovías, en línea con lo que se hace en la mayoría de países europeos. Pero desde su Ministerio se han comprometido a que ese pago por uso no se parezca en nada al actual modelo.

La idea es que la medida sea «homogenea» en términos territoriales. Es decir, que ninguna comunidad autónoma se vea agraviada respecto al resto como ha ocurrido en los últimos años. La premisa será, en todo caso y como ya defendió el anterior ministro en el cargo, José Luis Ábalos, quién contamina paga.

El detalle del proyecto incluido en el Plan de Recuperación se conoce más bien poco. Pero la Comisión Europea da por hecho que el nuevo sistema estará listo en 2022 para poder aplicarse a partir de 2024. Así que la nueva ministra inicia el curso político con la prioridad de aglutinar el mayor consenso posible de una medida tremendamente impopular y que debe ser aprobada en el Congreso. De ahí que el debate se reactive.

Según los datos que manejaba el Ministerio hace unos meses, con Ábalos todavía al frente, el coste de mantener los 26.466 kilómetros de carreteras, de los que unos 12.000 son de alta capacidad y en los que se aplicaría el nuevo sistema de pago por uso, ronda los 11.000 millones de euros, y el déficit generado se acerca ya a los 8.000 millones. «Para hacerse una idea, el coste de mantenimiento de un tramo de 400 kilómetros ronda los 200 millones de euros», indican desde el Ejecutivo.

Defienden, además, que hasta 23 países europeos tienen tarificado el cien por cien de su red de autovías. Alemania, por ejemplo, implantó en 2018 el peaje en todas sus carreteras federales de 38.000 kilómetros de extensión. Solo Chipre, Malta, Finlandia y Estonia mantienen toda su red 'gratuita'.

En el caso español, la red de carreteras está compuesta por 12.035 kilómetros de autovías y autopistas, de las que menos de 2.000 kilómetros son de pago tras las últimas reversiones.