La vicepresidenta económica, Nadia Calviño. / R. C.

El Gobierno fija en 7.000 millones las ayudas directas a empresas

Irán destinadas al turismo, la hostelería y el comercio y serán gestionadas finalmente por las comunidades autónomas

José María Camarero
JOSÉ MARÍA CAMARERO Madrid

El plan de ayudas directas para los negocios impactados tras un año de crisis estará dotado con 7.000 millones de euros de los 11.000 millones con los que contará todo el programa. Apenas unas horas antes de que el Consejo de Ministros extraordinario debata este viernes mismo esta propuesta, acaba de ser desvelada la cuantía de las subvenciones que podrán recibir las empresas después de varias semanas repletas de negociaciones y un baile de cifras que volvió a provocar fuertes tensiones en el Ejecutivo y un retraso en su aprobación.

El importe estaba fijado de antemano desde hace varios días, apuntan fuentes gubernamentales, y se sitúa en la franja alta de entre las cantidades previstas. Con esta propuesta, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, resuelve una cuestión centenares de miles de empresarios estaban esperando, agobiados por la segunda y tercera ola del coronavirus, y con buena parte de sus negocios cerrados o con limitación de actividad en muchas comunidades, sin visos de poder operar con cierta normalidad casi hasta el verano.

Como ya se sabía, el programa contará con tres grandes pilares de apoyos públicos. Además de las ayudas directas habrá un fondo de reestructuración de los créditos avalados por el ICO durante el año pasado, que gestionará la banca, por otros 3.000 millones. Y los últimos 1.000 millones irán destinados al plan de rescate para pymes a través de la empresa estatal Cofides.

Economía también tiene clara ya la gestión de las ayudas. Finalmente serán las c omunidades autónomas las que ejerzan esa labor. Una parte de los ministros habían abogado por que fueran los entes territoriales, pero otra parte del gabinete quería que lo hiciera el Estado, de forma centralizada, a través de organismos como Hacienda.

Las ayudas servirán a los empresarios para cubrir los gastos fijos de sus negocios (los alquileres, por ejemplo, o los suministros como la electricidad, el agua y el gas) o para poder reducir sus deudas con sus proveedores habituales.

Otra aclaración que hasta ahora se desconocía, aunque sí se intuía por las declaraciones de Calviño o el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando anunció el plan a finales de febrero. Las ayudas irán enfocadas a «sectores especialmente afectados» por la crisis. Esto es, a grandes rasgos y a la espera de que este viernes el Ejecutivo autorice el decreto con toda la letra pequeña correspondiente, servirán sobre todo al turismo, la hostelería y el pequeño comercio.

No irán a parar al conjunto de las empresas, una de las peticiones que el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, había exigido a Calviño en la preparación del decreto. Tampoco se alcanzan los 8.000 millones por los que habría presionado a la vicepresidenta económica, en una sucesión de declaraciones que provocó el retraso de su aprobación desde el pasado martes hasta este viernes en el consejo extraordinario.

Además, según apuntan fuentes gubernamentales, habrá una partida específica a Baleares y Canarias, las dos comunidades más afectadas por las medidas restrictivas para aplanar la curva. El PIB balear cayó el 27% en 2020; la economía canaria, alrededor de un 20%, según los datos del Banco de España.

Requisitos y controles

Aunque el plan está definido, quedan algunos interrogantes que previsiblemente Calviño desvelará este viernes cuando comparezca ante los medios tras el consejo. Por ejemplo, los requisitos que se establecerán para acceder a estos programas de ayudas. Entre otros, fuentes gubernamentales apuntan que los empresarios deberán demostrar una caída de facturación del 30% frente al periodo previo a la pandemia.

El retraso en la aprobación, motivado por «cuestiones técnicas», según apuntaba el martes la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, se centraba en encontrar fórmulas para evitar las fugas de dinero. Esto es, que las ayudas lleguen a las empresas que realmente las necesitan y que los usen solo para cubrir determinados gastos. Para ejercer ese control será clave la participación de la Agencia Tributaria, que actuará como organismo fiscalizador de las ayudas, gracias al cruce de datos de los negocios de los contribuyentes que Hacienda tiene periódicamente en sus manos.