El Gobierno diseña un impuesto energético minimizado a cambio de impulsar inversiones sostenibles

Lo que ambas expresiones revelan –junto a otras muchas, como «definir» o «ajustar», lanzadas en los últimos días– es un gravamen con un impacto mucho menor que el actual para las compañías del sector a partir del 1 de enero de 2024.

El Ministerio de Hacienda, donde se está elaborando el nuevo impuesto, trabaja con varios frentes a la vez. Por una parte, el meramente político: PSOE y Sumar acordaron en su pacto de gobierno de coalición una extensión del tributo extraordinario a partir del próximo año. Es un compromiso de Sánchez con Yolanda Díaz.

La vicepresidenta segunda ha insistido en la necesidad de seguir aplicándolo. Pero, al mismo tiempo, partidos como el PNV entran en la ecuación advirtiendo del impacto que puede tener su aplicación tal y como está en el País Vasco, donde se concentran buena parte de la actividad y sedes sociales de las firmas afectadas. Repsol, en el primer caso, e Iberdrola, en el segundo.

Una de las fórmulas en las que se está trabajando pasaría por vincular el impuesto a proyectos industriales que apoyen la transición energética. Es decir, que cuantos más compromisos adquieran las compañías gravadas en este camino 'verde', más beneficios (incluidos créditos fiscales, por ejemplo)se aplicarían en la estructura del gravamen, que podría quedar reducido a su mínima expresión.

Esta opción ya la había anticipado el propio presidente del Gobierno al apuntar que «hay proyectos industriales que necesitan también de esa cobertura de una política energética que de alguna manera estimule, incentive estas grandes inversiones en energía renovable para estos proyectos industriales». «Por tanto, estamos en esa fase de trabajo de rediseño para ver cómo podemos también incentivar estos proyectos industriales», indicó Sánchez el jueves.

Fuentes gubernamentales indican a este diario que en la configuración del impuesto se tendrán en cuenta todas esas decisiones de inversión para ir reduciendo el impacto fiscal del mismo. En este punto, indican esas mismas fuentes, llega otra variable que se tendrá en cuenta: las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea no tendrían en cuenta como déficit público las inversiones que se materialicen en transición energética, con lo que el Estado vería aliviada esa presión tributaria con un impuesto y unos ingresos mucho más mermados que con la actual estructura.

El impuesto extraordinario a las energéticas (y también a la banca) ha generado un fuerte dolor de cabeza al Gobierno desde que lo puso en marcha en verano del año pasado. Lo hizo por la situación excepcional del sector, con unos precios energéticos disparados que ahora se han ido matizando.

Entre las respuestas más contundentes contra el tributo se han situado las de Repsol. Su presidente, Antonio Brufau, advertía a principios de mes que podrían llevarse inversiones a Portugal o Francia, si España mantenía el actual esquema fiscal, más gravoso que en otros países europeos. Lo hacía un mes después de que el consejero delegado de la firma, Josu Jon Imaz, avisara de que Repsol paralizaría inversiones industriales en España si el impuesto proseguía su camino de renovación, como querían PSOE y Sumar.