Peaje en carretera. / europa press

El Gobierno propone el pago por uso en todas las carreteras para 2024

El Ejecutivo desgrana en el Plan de Recuperación su hoja de ruta para incrementar la recaudación, aunque la reforma fiscal completa no entrará en vigor hasta 2023

Clara Alba
CLARA ALBA

El Gobierno ha empezado a desgranar sus planes para incrementar la recaudación en los próximos años dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia para acceder a los fondos europeos. Aunque los detalles del componente fiscal son escuetos, sí que dejan entrever las intenciones del Ejecutivo en esta materia. Y entre ellos, la fiscalidad verde ocupa un espacio preferente, con propuestas (no acuerdos definitivos) a las que ya se ha puesto fecha, como el 'pago por uso' en la red de carreteras del Estado, «ampliable al resto de vías».

Así consta en distintos componentes de los 30 que conforman el programa remitido a Bruselas. Dentro de la ficha 28, que desgrana los planes para la Adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI, el Ejecutivo detalla que, dentro de las reformas en materia de movilidad sostenible, se considera «crear un pago por uso de la red viaria de carreteras», la revisión de las figuras tributarias «que gravan la matriculación y la utilización de vehículos», además de otras medidas en estudio.

El Ejecutivo recuerda en el primer componente del plan, dedicado a la movilidad, que la medida del pago por uso formaría parte de la Ley de Movilidad y Financiación del Transporte, que podría estar lista para el próximo año 2024. «Esta reforma introduce en España los principios 'el que contamina paga' y 'el que usa paga'», insisten. En todo caso, aseguran que ante el impacto de la medida, está se llevará a cabo bajo el «acuerdo social y político», también en consonancia con la opinión de los transportistas.

El Gobierno aprovecha el documento, además, para confirmar que compensará a Abertis por la reversión de la AP-7 con 1.291 millones de euros, eliminando del cálculo la indemnización por el descenso del tráfico derivado de la crisis a la que el Ejecutivo se comprometió en 2006.

Fiscalidad verde

Las medidas impositivas en materia de movilidad completarían los nuevos impuestos ya conocidos que entrarán en vigor este año, como el que gravará el depósito de residuos en vertedero y a la incineración, así como el de los envases de plástico no reutilizables. El Gobierno también confirma que modificará el Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero y que revisará las bonificaciones de los hidrocarburos utilizados como carburante «para la equiparación progresiva de los tipos impositivos en atención a su poder contaminante». Es decir, y aunque no detalla la cuantía, abre la puerta a subir el impuesto al diésel.

El calendario apunta a la aprobación en este segundo trimestre de 2021 los impuestos al plástico y residuos, para posteriormente, en el tercer trimestre, entrar en vigor. No será hasta comienzos de 2022 cuando se revisen los impuestos sobre matriculación y circulación. En el segundo trimestre de 2022 se aprobará la reforma del Impuesto sobre Gases Fluorados y a finales de ese año se revisará la imposición sobre los hidrocarburos.

En el plan remitido a Bruselas, el Gobierno especifica que estos nuevos impuestos verdes pueden limitar el peso de otros tributos, como por ejemplo aquellos que recaen sobre el trabajo.

Subida de impuestos

Estos cambios se aplicarían así antes de que el Gobierno ponga en marcha su esperada reforma fiscal, que no entraría en vigor hasta 2023, según queda expuesto en la información remitida a Bruselas.

Aunque no hay detalles de la reforma, lo expuesto en el Plan de Recuperación da una idea de las intenciones del Gobierno en materia fiscal, a la espera de las conclusiones del grupo de expertos que analiza la reforma y que se conocerán en el primer trimestre de 2022. A partir de ahí, el Ejecutivo evaluará ese 'libro blanco' hasta la entrada en vigor de la reforma un año después.

El objetivo del Gobierno es crear un sistema tributario «más equitativo, progresivo y justo, al mismo tiempo que se profundice en el diseño de una fiscalidad verde se incorpore la perspectiva de género y se potencien políticas públicas de interés general, como la protección de la salud». En este sentido, consideran que «hay margen para aumentar la recaudación, «ya sea mediante la creación de nuevos impuestos, en particular, imposición digital y medioambiental o mediante la ampliación de las bases imponibles, reduciendo o eliminando ciertos beneficios fiscales».

Además del impuesto al diésel, el Gobierno también hace mención a posibles subidas en Sociedades, con un tipo mínimo del 15%, e insiste en su plan para armonizar el impuesto sobre Patrimonio. En este último punto, el documento insiste en que «la información de la que se dispone sobre el patrimonio de las personas físicas es insuficiente, y la extensión y veracidad de la misma empeora sensiblemente cuando los patrimonios se ostentan indirectamente a través de personas jurídicas, mientras que por otro lado, se evidencia la necesidad de aplicar de forma más coordinada la fiscalidad sobre la riqueza entre los distintos territorios para garantizar un nivel de imposición mínimo y coordinado, evitando la competencia fiscal perjudicial entre las CCAA«.

En este sentido, recuerdan que cualquier reforma que afecte a los impuestos cedidos y, por lo tanto al Sistema de Financiación Autonómica, tendría que salvarse con una compensación a las comunidades.

El Gobierno hace especial hincapié en los beneficios fiscales que cifra en unos 60.000 millones de euros y abre la puerta a una revisión. De hecho, se compromete con Bruselas a estudiar hasta 15 incentivos de aquí a 2024, sin especificar cuáles, y cada año hacer un informe de cinco de ellos para tomar las correspondientes decisiones sobre ellos.

Durante la presentación de los detalles del plan, la vicepresidenta económica Nadia Calviño sí rechazó que el Gobierno se esté planteando eliminar los beneficios por la declaración conjunta por el IRPF, pese a que esta posibilidad sí aparece en el documento remitido a Bruselas, aunque sea fuera de las propuestas fiscales del Ejecutivo. En concreto, la información aparece dentro de los objetivos de igualdad de género.

Tras la polémica de los últimos días, la ministra de Economía ha calificado de «errata», al tratarse de una recomendación de la AIReF y no a una propuesta en firme. «Estamos hablando de una errata dentro del cuerpo del plan; todos nos sorprendimos de la interpretación que se hizo, pero el detalle recogido en la ficha del componente 29 del Plan de Recuperación es claro y meridiano» en términos de fiscalidad, según defiende Calviño.

El Gobierno cuenta con que Bruselas apruebe en junio el Plan de Recuperación, momento en el que recibiría la prefinanciación de 9.000 millones de euros, a los que se sumarán los 16.000 millones restantes hasta los 27.000 presupuestados en el segundo semestre del año