El Gobierno, forzado a rebajar el impuesto ante la resistencia de banca y energéticas

La única verdad casi absoluta es que, de una forma u otra, ambos sectores tendrán que seguir sufragando este impuesto derivado de la escalada de tipos de interés y la subida de los precios energéticos, respectivamente. Otra verdad que casi se puede dar por sentada: el gravamen no será el mismo a partir del 1 de enero de 2024, tal y como apuntan diversas fuentes de la negociación política y gubernamental que participan en este proceso.

Porque ni los tipos seguirán subiendo mucho más allá del 4,5% actual; ni el precio del barril de Brent se situará en los 120 dólares; ni la economía carburará como lo estaba haciendo hasta ahora, por encima del 2%. Y todos estos factores irán rebajando previsiblemente el impacto del impuesto en las cuentas de resultados de ambos sectores cuando definitivamente se ponga en marcha.

Aunque los avisos de los directivos financieros y energéticos han sido constantes en estos últimos días de presentación de resultados, la advertencia de mayor calado ha llegado estos días por parte de Repsol. La compañía ha dejado en 'stand by' dos proyectos industriales en su planta de Petronor de Vizcaya después de que el consejero delegado de la corporación, Josu Jon Imaz, criticara la prórroga del impuesto y anticipara que Repsol podría paralizar inversiones.

También el CEO de Endesa, José Bogas, ha criticado que el gravamen es «discriminatorio e injustificado». Por su parte, los ejecutivos de la banca cotizada (Santander, BBVA, CaixaBank, Bankinter, Unicaja) han advertido sobre el problema que conllevará una prórroga ante un ciclo bajo económico.

Su presión llega a la coalición por diferentes vías. Una de las más importantes es la parlamentaria. Necesitará los votos de partidos como el PNV o Junts también para sacar adelante el proyecto del impuesto extraordinario. Ambas formaciones son conscientes del impacto empresarial que tiene esta medida en cada uno de sus territorios, y lo que se pueden jugar, lo que obliga a hacer ajustes y encaje de bolillos, admiten fuentes parlamentarias.

Entre el abanico de alternativas se encuentra una rebaja del tipo aplicado en el gravamen:la banca paga hasta ahora un 4,8% y las energéticas un 1,2% sobre sus ingresos anuales. Para Juan Daniel Londoño, director en el área de Fiscalidad de los Servicios Financieros en KPMG Abogados, «si el Gobierno pretende prorrogar esta prestación patrimonial, tendría sentido una reducción del tipo, no un incremento».

Para hacer este encaje de bolillos, Hacienda valora cuál va a ser el volumen de negocio bancario y energético en 2024. Por ahora, no dan síntomas de flaqueza, una realidad sobre la que presionarán los grupos de la izquierda parlamentaria para no rebajar el gravamen. De hecho, los ejecutivos han anticipado que, en el caso de las financieras, los beneficios seguirán elevados el próximo año. «El conflicto bélico en Oriente Próximo y la continuidad de la guerra en Ucrania no ayudan a que las circusntancias que justificaron su imposición temporal desaparezcan», sostiene Enric R. Bartlett, profesor del deparamento de Derecho en Esade. «Si las circunstancias desaparecen, también lo hace la justificación de la exacción en los términos actuales», admite.

En este sentido, Antonio Pedraza, presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas, sostiene que «si la excepción económica se mantiene en 2024, se puede quedar el impuesto, pero con carácter temporal, no permanente» en función de las circunstancias. Pedraza recuerda que la banca «ya está gravada con muchos impuestos, incluido Sociedades por encima del 30%».

Otra posibilidad de ajuste que manejarán los técnicos pasa por mantener el impuesto pero aprobar créditos fiscales para esas empresas. Esto es, una especie de saldo a favor de la compañía, que puede usar durante varios años a corto o medio plazo, cuando rinda cuentas con Hacienda. Esa mochila 'positiva' para el contribuyente se puede generar vía incentivos. Por ejemplo, que «las empresas energéticas impulsen sus inversiones en la transición verde», destacaMassimo Maoret, profesor ordinario del departamento de Dirección Estratégica de IESE. «A través de la fiscalidad, se les puede incentivar para invertir parte de las ganancias que tienen ahora en determinadas tecnologías» verdes.

La gran cuestión por la que la banca ha puesto en la diana el tributo se denomina rentabilidad. Todos los ejecutivos del sector han insistido en los últimos días en que los ratios del sector –aun dispares por sus diferentes modelos de negocio– todavía no son los acordes para sus estructuras. Se desplomaron hace una década con la gran recesión y aún no se han recuperado a pesar de que han crecido considerablemente en los últimos meses.

Juan Manuel Londoño, de KPMG, explica que «en términos generales ha impactado de forma material los beneficios de las entidades financieras y, por tanto, el rendimiento de todos los ciudadanos que han invertido sus ahorros en acciones de bancos». Las energéticas, más allá de advertir sobre el futuro de sus inversiones industriales, han insistido en que los precios de las materias primas no estarán en los niveles del año pasado para siempre. Y que el tributo ha mermado sus beneficios.

Mientras el gravamen sigue su curso por los tribunales –esta semana el Constitucional avalará el de grandes fortunas–, los sectores impactados esperan una deliberación final del Ejecutivo que alivie en parte el impacto ante un contexto distinto al del verano de 2022, cuando Sánchez anunció su puesta en marcha.