La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este miércoles en el Congreso. / EFE

España opta por un impuesto sobre ventas y evita destinarlo solo al recibo

Hacienda quiere evitar que energéticas y banca usen ingeniería contable para esquivar un tributo sobre los beneficios, como propone Bruselas

José María Camarero
JOSÉ MARÍA CAMARERO Madrid

La idea es la misma, pero en los detalles se esconden las diferencias entre la propuesta de la Unión Europea sobre la aplicación de un impuesto a las energéticas, y la norma que España pondrá en marcha a partir del 1 de enero, si el Congreso avala el proyecto ley del Gobierno. El origen de esos nuevos ingresos que obtendrá el Estado y, al mismo tiempo, el destino de ese dinero marca la distancia entre la propuesta comunitaria y la realidad española.

La Comisión Europea prevé recaudar 140.000 millones de euros de unos beneficios que las energéticas (eléctricas, petroleras y gasistas) no esperaban ni por asomo, a juicio de Bruselas. Pero el Ministerio de Hacienda ha optado por aplicar el impuesto sobre las ventas de esas empresas (además de la banca), y no sobre las ganancias que puedan registrar cada año entre 2022 y 2023. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo teme que las grandes corporaciones afectadas por este tributo jueguen con la ingeniería contable. Esto es, que ajusten su resultado final con provisiones, por ejemplo: cuantías de dinero destinadas a reservas para anticipar alguna contingencia negativa en el futuro. De esa forma, reducirían su beneficio neto y la recaudación del impuesto extraordinario se vería mermada. Al gravar los ingresos (lo que facturan o lo que venden, sin ajustes), resulta mucho más claro el dinero que ingresará el Estado, sin posibilidad de aplicar esas herramientas contables, en cualquier caso legales.

El problema que se le puede plantear al Ministerio de Hacienda es que la propuesta europea presentada ayer sea la definitiva. El borrador de la Comisión aboga por aplicar el impuesto a las empresas cuyo beneficio supere un incremento del 20% de la base imponible media de los tres años fiscales a contar desde enero de 2019. Si fuera así, compañías como Repsol (con pérdidas hace tres años) verían reducido el impacto del impuesto en sus cuentas actuales. Aunque desde Hacienda aclaran que habrá que esperar a la negociación de la propuesta de la Comisión entre los Estados miembro, ya que cualquier decisión final requiere la unanimidad.

Por ahora, la previsión del Ejecutivo es la de aplicar un tipo del 4,8% sobre los ingresos de las eléctricas (y un 1,2 % en el caso de las entidades), con lo que estima recaudar unos 7.000 millones de euros en dos años. Una cuantía que podría ser incluso mayor después de la última subida de tipos del Banco Central Europeo (BCE). Al elevar los intereses (ya se encuentran en el 1,25% frente al 0% de principios de año), los ingresos de los bancos por lo que cobran por los créditos también será mayor.

La otra diferencia entre el plan comunitario y la propuesta española reside en el destino que se le dará a esa recaudación millonaria. La Unión Europea quiere que esa cuantía se dirija para crear un fondo con carácter finalista. Es decir, que los ingresos procedentes del gravamen extraordinario vayan a financiar políticas de ayuda energética, sobre todo a los colectivos más vulnerables y afectados por la crisis de precios en la luz y el gas. Sin embargo, al hilo de lo que Hacienda ha aclarado hasta este momento, no recorrerá exactamente ese camino. España usará ese dinero para incorporarlo a la caja de los Presupuestos. De hecho, la previsión es que las cuentas públicas, que se están ultimando estos días a la espera de presentarlas antes del 30 de septiembre como dicta la Constitución, incluirán estas partidas como unos ingresos más.

Pero, al menos todavía, el Ejecutivo no ha aclarado que esos 7.000 millones de euros calculados para dos ejercicios fiscales vayan a ir destinados exclusivamente a medidas vinculadas al apoyo energético, como la ampliación del bono social o el cheque térmico;una limitación de la tarifa regulada, como se está trabajando en otros países;o nuevas ayudas directas. Lo que sigue vigente en España son los planes aprobados, con un desembolso de 30.000 millones de euros hasta final de año, con el descuento de 20 céntimos por litro en combustibles;la rebaja del IVA al 5%; ola ampliación del ingreso mínimo vital.

Mediodías y noches, tensas

La propuesta de reducir el consumo energético en «horas punta» también pasa por una excepción frente al resto de países. El sistema registra los periodos de mayor consumo de luz entre las 12.00 y las 14.00 horas;y entre las 21.00 y las 23.00 horas, según Redeia. El primer tramo coincide con una mayor actividad industrial y empresarial. El segundo, con la presencia de las familias en sus casas. En el resto de Europa, esos horarios punta se adelantan una o dos horas, dependiendo del país y de sus usos diarios distintos al español.