Sumar lleva al Congreso la participación sindical en los Consejos de Administración

La propuesta, que se debatirá en la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja, tiene por objeto impulsar un funcionamiento «más democrático de las empresas», dice Sumar. El acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Sumar no incluye esta propuesta de presencia sindical en los Consejos de Administración, pero la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lo reclama desde hace tiempo. En la última celebración del Primero de Mayo, Díaz afirmó que «la democracia tiene que llegar a las empresas».

La propuesta recuerda a la ley de cogestión que se aplica en Alemania, que se basa en la participación sindical en empresas con más de 500 empleados, con una presencia sindical más significativa en las que superan los 2.000 empleados. Sumar alude a dos directivas europeas sobre la implicación de los trabajadores en la sociedad anónima europea y en la sociedad cooperativa europea, que se transpusieron en 2006. También recuerda que la propia Constitución en su artículo 129.2 ordena a los poderes públicos promover, de manera eficaz, las diversas formas de participación en la empresa.

La formación de Yolanda Díaz defiende reforzar el marco normativo en relación con los mecanismos de información, consulta y participación de las personas trabajadoras «en la toma de decisiones que afecten a las condiciones de trabajo y empleo y a la organización del trabajo en la empresa».

Sumar plantea también el «diseño e implementación de los instrumentos de control necesarios para asegurar que los derechos de información, consulta y participación de las personas trabajadoras en la empresa resultan eficaces a tales fines». A esto se añade una propuesta para «extender y mejorar la cobertura de las representaciones de las personas trabajadoras en las empresas a nivel estatal y trasnacional».

Pero el elemento clave de la proposición no de ley es el establecimiento de un sistema que permita la participación sindical en los consejos de administración. CEOE y Cepyme han rechazado desde el principio que se implante este sistema y argumentan que el tejido empresarial en España está compuesto en un 95% por pymes y autónomos.