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Seguridad Integral Canaria estudia traspasar contratos

Seguridad Integral Canaria estudia traspasar contratos

La empresa Seguridad Integral Canaria, encargada vigilar servicios y edificios públicos y privados en varios lugares de España, estudia traspasar algunos de sus contratos a otras entidades para centrarse en sus líneas de negocio de más valor, según han asegurado hoy a Efe fuentes de la compañía.

EFE / Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 1 de enero 1970

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La noticia ha trascendido después de que el sindicato USO anunciara mediante un comunicado que la empresa iba a cesar su actividad en todo el territorio español, una información que han desmentido sus fuentes, que han insistido en «negar la mayor» respecto a lo sostenido por la organización laboral.

Sus afirmaciones, difundidas a raíz de una reunión mantenida por representantes de los trabajadores con el director general de Seguridad Integral Canaria, Héctor de Armas, en la que adujo «la mala situación económica» para justificar retrasos que se han producido en el pago de los salarios de julio a varios empleados, se deben, según la empresa, a «una tergiversación» de lo hablado.

Puesto que «para nada va a cerrar ni va a cesar su actividad», han reiterado sus fuentes.

Y han asegurado que lo que sí es cierto es que «se está analizando la situación de algunas líneas de negocio, entre las diversas actividades que desarrolla la empresa, para ver cuáles son realmente sostenibles y cuáles no», con el fin de evaluar si es conveniente renunciar a algunas de ellas y potenciar otras.

«Pero eso no significa que la empresa vaya a cerrar», han apostillado.

Además, han puesto en cuestión la cifra de 7,2 millones de euros de deudas que USO ha señalado que arrastra la compañía, y que sería, según el sindicato, la razón de que se optara por el cese de la actividad de una empresa que, de media, da trabajo a unos 3.700 empleados en distintos lugares del territorio nacional.

Si bien han matizado que es verdad que Seguridad Integral Canaria tiene que hacer frente a atrasos en los cobros de los servicios que tiene contratados con las distintas administraciones públicas, desde el Gobierno central a diferentes corporaciones locales, aunque añadiendo que eso forma parte de su dinámica de negocio habitual y, por tanto, no obstaculiza su funcionamiento.

Hasta el punto de que, según han mantenido, la compañía estaba al día en sus pagos a la hacienda pública al cierre del mes de junio pasado, el último del que han dicho tener datos disponibles.

Desde ese planteamiento, la representación de Seguridad Integral Canaria ha querido desmentir una y otra vez las afirmaciones de USO, que incluso precisaba en su escrito que las medidas que concluirían con el cese de su actividad se acometerían entre el 1 de septiembre y el 30 de octubre próximos, destacando que, «a fecha de hoy, aún no se ha decidido nada» sobre si suprimirá alguna rama de su actividad.

Ya que «está previsto que en los próximos días se tomen decisiones respecto de aquellas líneas de negocio que se considere que aportan valor añadido y que continuarán y aquellas otras en que se tomarán otras decisiones, pero sin que hasta el momento se haya decidido nada», ha argumentado.

Especificando así mismo que, de optar finalmente por abandonar alguna línea de negocio, se trataría «de alguna muy concreta, no de la actividad en general de la empresa».

Porque Seguridad Integral Canaria «tiene muchos servicios, seguridad y vigilancia presencial, videovigilancia, transporte de fondos y otros», han recordado sus fuentes.

En todo caso, los representantes de USO han expresado sus propósito de «estar vigilantes para que este proceso, en caso de llevarse a cabo, se realice de forma transparente y conforme a la legalidad vigente, sin que esto suponga una pérdida de condiciones laborales o económicas para el conjunto de sus trabajadores».

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