Ignacio Galán, momentos antes de prestar declaración en la Audiencia Nacional. / REUTERS

Galán acusa al juez del 'caso Villarejo' de crear «enredos» y desconocer la causa

El presidente de Iberdrola, que sigue imputado, considera vulnerado su derecho a la tutela judicial y afirma que García Castellón ha generado un «grave quebranto» de la seguridad jurídica

Mateo Balín
MATEO BALÍN Madrid

El cruce de mensajes y reproches entre el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, y el juez instructor del 'caso Villarejo', Manuel García Castellón, continúa. El empresario investigado en una pieza separada de esta macrocausa ha remitido un nuevo escrito al juzgado de la Audiencia Nacional en el que acusa al magistrado de crear un «monumental enredo» después de «mutar alegremente» una decisión que era «favorable» para sus intereses, el archivo de la causa, por otra menos gratificante: el mantenimiento de su imputación.

En un escrito fechado el pasado lunes, la defensa de Galán carga contra García Castellón después de que este remitiera por error un primer auto en el que sobreseyó las actuaciones para el investigado y luego rectificase con otra resolución en la que mantenía esta condición. Para ello, alegó que el presidente de Iberdrola tuvo que conocer los servicios de seguridad pagados a la empresa de José Manuel Villarejo, pese a que no hay prueba documental o sonora que lo confirme.

El juez, en cambio, tuvo un criterio diferente con tres exdirectivos de la energética encausados: Fernando Becker, Rafael Orbegozo y Francisco Martínez Córcoles, cuyos procedimientos fueron archivados. El error del juez fue que confundió los argumentos expresados para este último con los de Galán.

Con todo, la defensa del empresario ha visto otra vía de agua para reclamar a la Sala de lo Penal (instancia superior al juzgado) que obligue a García Castellón a corregir ese primer auto. A su juicio, el instructor no modificó «errores materiales manifiestos o aritméticos», sino que cambió una «anterior decisión judicial» ocasionando una «vulneración del derecho a la tutela judicial» y un «grave quebranto» del principio de seguridad jurídica.

La defensa del alto directivo ha mostrado su sorpresa por lo que consideran «un proceso de mutación radical del criterio judicial al margen de todos los principios y normas de procedimiento». «Ese proceso mutante concluye, además, con un auto que se erige en un clamoroso ejemplo de voluntarismo, pues ninguna de las afirmaciones, que en él se hacen, contrarias a los intereses de mi mandante, cuentan con respaldo en las actuaciones ni son consecuencia de una explicación lógico-deductiva desde la perspectiva de la siempre ineludible motivación jurídica», asegura.

Son «simples sospechas»

Así, la representación de Sánchez Galán insiste en que el juez no solo se aparta de los argumentos jurídicos contenidos en la petición de sobreseimiento. «Es que, directamente, no consigna ningún argumento, excluyendo el sobreseimiento pedido sobre la base de tres aserciones de naturaleza conjetural, en un intento de trasladar a verdad procesal lo que representan simples sospechas, huérfanas de indicios», apunta.

Además, carga contra el magistrado y asegura, «con todo respeto, que una de las exigencias elementales que cabe demandar de un instructor es que tenga conocimiento, con un mínimo detalle, del estado de las causas a su cargo». «Lamentablemente, no parece ser el caso», añaden.

Sánchez Galán es el principal imputado en la pieza número 17 de 'Tándem', en la que se investigan los encargos que la eléctrica habría hecho al comisario entre 2004 y 2017 por valor de 1,13 millones de euros. Según el relato judicial, el primer proyecto habría sido 'Arrow', que habría tenido como objetivo eliminar la oposición municipal y de los ecologistas a la construcción de una central en Arcos de la Frontera (Cádiz).

Entre 2004 y 2005 se habría desarrollado 'Black Board' o 'B-B' para supuestamente conseguir información comprometedora sobre Manuel Pizarro, presidente en aquellos momentos de Endesa, el gran rival de Iberdrola en el sector eléctrico. Ya en 2009, a Villarejo se le habrían encomendado 'Gipsy' y 'Posy'.

El primero habría consistido en investigar a un directivo de la eléctrica, José María Álvarez, y a un proveedor, Francisco Julián Gutiérrez, al sospechar que pudiera mediar el pago de comisiones ilegales. Con el segundo proyecto, las pesquisas se habrían extendido a la vinculación de Álvarez con Florentino Pérez, presidente de ACS, para evitar el asalto de la constructora a la eléctrica.

Por último, en 2011, Villarejo se habría dedicado a 'Wind' para investigar a la empresa suiza Eólica Dobrogea, a su accionista mayoritario, Christopher Kaap, y a su apoderado, Corneliu Dica. Iberdrola Renovables se había aliado con la compañía eólica para desarrollar una serie de proyectos en Rumanía, pero con el tiempo surgieron conflictos que se acabaron resolviendo de forma favorable a la mercantil española en un procedimiento arbitral.