El 40% de las pymes no llegará a tiempo al control horario

08/05/2019

A partir del 12 de mayo todos los asalariados deberán fichar a la entrada y salida del trabajo. Las empresas trabajan en la implantación del registro pero no todas lo tendrán operativo el día marcado

El escaso margen de dos meses dado a las empresas y autónomos con asalariados para que implanten un sistema de registro del control horario impedirá que la totalidad de las sociedades isleñas lleguen a tiempo al próximo 12 de mayo, momento en el que será obligatorio controlar la hora de entrada y salida de los trabajadores.

La mayoría de las grandes empresas canarias, como Dinosol, Hospitales Perpetuo Socorro o Lopesan así como la mayoría de las entidades financieras, tienen ya sistemas de control horario pero las pymes y autónomos con personal, que suponen más del 80% del tejido productivo de las islas, no. Se estima que un 40% de las sociedades llegará al domingo sin el sistema operativo.

La controvertida medida, con la que se persigue acabar con el fraude en las jornadas parciales (trabajadores contratados por menos horas de las que realizan) y el abuso en las horas extraordinarias (una de cada dos no se paga), sigue generando muchas dudas entre las empresas dada la falta de concreción del legislador sobre todo en aquellos casos de trabajadores cuya jornada laboral se realiza fuera de la empresa. Sin embargo, su incumplimiento no eximirá de las sanciones previstas en la ley y que oscilan entre los 626 y los 6.250 euros, dependiendo de la infracción y la reincidencia. Si bien, en la fase inicial de implantación, hasta después del verano, no se prevé que la inspección empiece a levantar actas.

La Inspección dará margen

El director del departamento de Jurídica y coordinador de Prevención y Medio Ambiente de Adecco España, Javier Blasco, indicó ayer que la voluntad del Gobierno no es sancionar «sino comprobar que las empresas están trabajando en su implantación». «Si la mesa de negociación de una empresa para definir cómo poner en marcha el registro es el 20 de mayo no le va a pasar nada», indicó ayer Blasco, quien participó en unas jornadas organizadas en la Cámara de Comercio por Link Soluciones (empresa que ha desarrollado una herramienta informática que permite hacer el registro) junto a Aguilar Abogados, Quirón Prevención, Adecco y los colegios de Graduados Sociales de Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife, y en colaboración con Fremap y Gehocan.

El experto en Derecho Laboral y abogado de Aguilar Abogados, José Losada, coincide con Ibáñez en que la Inspección actuará con cierta flexibilidad en el arranque de la norma. «Va a haber control pero no inmediatamente. Ni en mayo, junio o julio sino a partir de septiembre», señaló Losada.

En su opinión, la labor de inspección se centrará en aquello que afecta a la salud y seguridad de los trabajadores por falta de desconexión. «El control horario no va a arreglar el problema de la jornada parcial y las horas extra pero puede contribuir a la desconexión digital», manifestó.

Una medida «anacrónica» y fuera de toda lógica

Los expertos laborales consultados consideran la obligatoriedad del registro horario una medida «anacrónica» y que va en contra del sentido común. En un momento en el que han irrumpido en el mercado laboral nuevas formas de trabajo basadas en la flexibilidad y la responsabilidad compartida, en base a la productividad, carece de sentido una medida que favorece el presentismo.

El secretario general de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), José Cristóbal García, considera la medida «un paso atrás». Defiende que se inspeccione a aquellas empresas que no cumplen la ley y tienen a trabajadores en situaciones fraudulentas pero critica que, por el incumplimiento de unos pocos, se oblige a la totaliad de las sociedades a aplicar esta medida, que conlleva un sobre coste técnico. Según indica, las empresas deben realizar un desembolso económico en las herramientas que permitan realizar el registro.

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de Canarias, Juan Carlos Arricivita, consideró esta exigencia legal como una nueva «traba burocrática». «Hay que ir al que está en la economía sumergida y supone competencia desleal pero no meter a todos en el mismo saco», indica.