El Supremo pide perdón por su gestión del fallo de las hipotecas

25/10/2018

Lesma niega llamadas de los bancos para que se frene la sentencia que impone la devolución a los clientes del Impuesto sobre Actos Jurídicos. Se niega a pedir la dimisión de Díez-Picazo.

Europa Press / MAdrid

El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lemes, negó ayer que recibiera la llamada de ningún banco alertando del «riesgo sistémico» por la aplicación de la sentencia que adjudica a los bancos el pago del impuesto de actos jurídicos documentados -conocido como impuesto de hipotecas- y pidió disculpas a los ciudadanos por lo que ha reconocido como una «deficiente» gestión de este asunto.

Tras inaugurar la jornada de puertas abiertas en el Tribunal Supremo, Lesmes señaló que tras conocerse la resolución que cambia la jurisprudencia existente hasta el momento sobre este tributo mantuvo varias conversaciones con el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Luis Díez-Picazo, a quien sugirió hacer una nota informativa para aclarar el alcance de la sentencia y el magistrado no lo consideró oportuno. No obstante, descarta pedir su dimisión.

«Yo no recibí ninguna llamada de ninguna entidad bancaria alertándome de riesgos sistémicos», contestó Lesmes a preguntas de los periodistas. Lo que sí explicó es que mantuvo varias conversaciones con el presidente de lo la Sala de lo Contencioso desde que la sentencia fue notificada el pasado jueves.

«Me llamó varias veces a lo largo del día y me dijo que había tenido conocimiento por la prensa de la sentencia», explicó Lesmes en alusión a la polémica resolución adoptada por una de las secciones de la Sala presidida por Díez-Picazo. Al día siguiente, y a la vista de lo que publicaban los medios de comunicación sobre si eran las comunidades autónomas las que debían hacerse cargo del importe, o eran los bancos a quienes debían dirigirse los clientes, Lesmes le pidió que redactara una nota aclaratoria.

«La sentencia no se refiere a si los efectos van a ser a partir de la propia sentencia, si va a tener una retroacción de cuatro años, que es el plazo legal establecido para reclamar a las administraciones por parte de los deudores, o si iba a ser ilimitado dicho plazo», dijo el presidente del Supremo. Explicó que también que él tenía preocupación por el impacto judicial de la novedosa resolución «teniendo en cuenta que cuando se dictó por el Pleno de la Segunda la abusividad de las cláusulas suelo, se generaron 250.000 demandas y no un colapso pero sí una situación difícil en la jurisdicción civil».

Existían «incertidumbres» y por ello Lesmes pidió a Díez-Picazo que sacara una nota para despejarlas y se generara «una cierta calma».