El bono social eléctrico choca con la burocracia

27/03/2018

En los cinco primeros meses de aplicación, sólo han solicitado la renovación de la ayuda 8.000 de las 102.000 familias que deben adaptarse al nuevo decreto

El nuevo bono social eléctrico, que fija descuentos de entre el 25 y el 50% en la factura de la luz para los hogares vulnerables, ha tropezado con la burocracia y el colapso en los servicios sociales de los ayuntamientos. El Gobierno español anunció el jueves, ante las dificultades detectadas para tramitar estas ayudas, que ampliaba en seis meses, de abril a octubre, el plazo para que los demandantes puedan presentar la documentación que acredite que cumplen los requisitos para mantener esta bonificación destinada a paliar la pobreza energética. En Canarias son más de 102.000 las familias que deben adaptarse al decreto aprobado por el Gobierno central en octubre de 2017, según datos facilitados por el Ejecutivo autonómico.

Esta prórroga supone un respiro para miles de familias a quienes la fecha límite del 10 de abril comenzaba a ahogar con la amenaza real de perder el derecho de acceso al bono, lo que les obligaría a volver a la casilla de salida y comenzar de nuevo los trámites. Y es que casi medio año después de la aprobación del decreto, las administraciones afectadas por el cambio normativo siguen sumidas en la incertidumbre sobre su aplicación. El Gobierno de Canarias ha delegado competencias de gestión en los municipios mientras los ayuntamientos lanzan mensajes de auxilio para evitar cargar aún más los ya saturados servicios sociales.

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