Los constructores replican a Clavijo: «Para evitar las obras desiertas solo hay que licitar a precio real»
Salud Gil contesta al presidente del Gobierno de Canarias que la solución a este problema está en sus manos y que pasa por sacar los pliegos con precios de mercado y no por debajo. Hasta agosto de este año quedan desiertas 192 obras. 2025 será un ejercicio récord
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, puso ayer el dedo en la llaga de un problema que lleva años siendo denunciado por los empresarios de la construcción y que no es otro que el bajo precio de las licitaciones de obra pública. Una situación que deriva en que las licitaciones se adjudiquen 'a precio de saldo', a la oferta más baja, provocando que en muchas ocasiones la empresa adjudicataria la abandone a medio camino al no poder hacer frente a los costes o bien, quede desierta de entrada.
Clavijo indicó en el pleno del Parlamento de Canarias y en respuesta a una pregunta del portavoz de Agrupación Socialista Gomera, Casimiro Curbelo, que era necesario reformar la ley de contratos del sector público para evitar que la prioridad fuera el precio, y poner fin a las «distorsiones» que genera «O lo reformamos entre todos o nunca vamos a conseguir que se adjudiquen las infraestructuras al mismo ritmo que demanda la población», señaló ayer el presidente de Canarias.
Hasta agosto de este año y según los datos que maneja la Asociación de Empresarios de la Construcción y Promotores de Las Palmas (AECP), se han quedado desiertas un total de 192 obras, muy por encima de las 152 del año anterior en su conjunto. Entre los años 2021y 2025 son casi 822 las obras que se han quedado desiertas en las islas: 370 de los ayuntamientos, que acaparan el 45%; 128 de los cabildos (el 16%); 114 del Gobierno de Canarias (14%) y 105 del Estado (13%). Por provincias, en las Palmas han quedado desiertas 420 obras frente a las 402 de Santa Cruz de Tenerife.
En vista de los datos la presidenta de la AECP, María de la Salud Gil, reconoció ayer que la ley de contratos «ha complicado» las licitaciones pero calificó las palabras de Clavijo de «excusa», ya que, si algo no funciona corresponde a los gestores públicos resolverlo. Y este problema no es nuevo. Se remonta al año 2022 tras la fuerte subida de los materiales tras la guerra de Ucrania.
«La ley es compleja pero si las cosas están mal las tienen que cambiar las administraciones. Esto no es cuestión de cambiar las leyes si no de cambiar de actitud y de gestionar los recursos humanos dentro de la administración de forma adecuada, de controlar la productividad y los tiempos de sacar los expedientes en tiempo y forma. El sistema está podrido y va a peor para perjuicio de los ciudadanos», asegura.
En este sentido, indica que el problema de las obras desiertas no es tanto la ley de contratos como que las administraciones están sacando las obras a precios por debajo del coste real. «Estamos teniendo casos en los que ni siquiera se recoge lo que está en el convenio colectivo en cuanto a los salarios de los trabajadores», afirma Salud Gil, que dice que el problema se resuelve de forma tan sencilla «como licitar a precio de mercado».
Además, otro problema añadido es que aquellas empresas que tienen músculo y deciden seguir adelante con la licitación se encuentran con un enorme retraso en los pagos de las certificaciones. «Tengo asociados a los que ayuntamientos pequeños les deben 9-10 millones de euros. Están asfixiando a las empresas», señala Salud Gil. Para más 'inri', esas obras desiertas son después dadas a empresas públicas como Tragsa para que las terminen y en estos casos, sí se actualizan los costes y se pagan a precio de mercado. Entre otras desiertas y contratación directa, entre 2018 y 2025 se han encomendado a Tragsa un total de 918 obras, por valor de casi 1.000 millones de euros. Dinero que se quita a empresas privadas para dárselo en competencia desleal a públicas. «Es una absoluta vergüenza», afirma la presidenta de la AECP, que asegura que las administraciones públicas se encuentran en el peor momento de la historia.
Salud Gil denuncia que en muchas ocasiones cuando se piden explicaciones de los retrasos en los pagos, las administraciones argumentan falta de personal y el absentismo. «Ese es un problema que tienen que resolver ellos, no lo pueden pasar a otros. Su obligación es resolver», apunta Salud Gil, que critica que esta situación, unido a a la burocracia y el exceso de plazos, «está paralizando el progreso de Canarias». «Así no se ejecutan los presupuestos, no se gestionan los fondos europeos, los ciudadanos no tienen cubiertos sus servicios, las obras no se desarrollan y las empresas no cobran. Es brutal y va a peor», advierte.
