El acuerdo aprobado en 2022 por el Gobierno de Canarias para que las administraciones públicas de las islas revisaran los precios de los contratos de obras en marcha y los de los pliegos de nuevas licitaciones al fin de ajustarlos a los precios reales de los materiales, disparados por la inflación, sigue en papel mojado.
El pasado año 2023 se quedaron desiertas en las islas un total de 183 obras públicas por un importe de 93,4 millones de euros ante la imposibilidad de los constructores de acometerlas sin perder dinero. Estas cifras suponen el 10% del total de las obras del ejercicio, un porcentaje que triplica el 3% de abandono que se registra a nivel nacional. Además, muchos empresarios con contratos en ejecución están abandonando las obras para detener una sangría que amenaza su propia pervivencia.
Desde 2021, cuando empezaron a encarecerse los materiales de la construcción y los costes se dispararon, y hasta el 2023 se han quedado sin licitar en Canarias cerca de 500 obras por valor de casi 230 millones de euros. En 2021 fueron 77 obras las que se quedaron en el aire por 24 millones; en 2022 fueron 216 por importe de 112,4 millones (cifra récord) y en 2023 han sido, como se señaló anteriormente, 183 obras por 93,4 millones.
Todas las administraciones están mirando para otro lado ante la obligación de revisar los precios y ajustar las licitaciones a la realidad del mercado pero son los ayuntamientos los que se llevan la palma: casi la mitad de las obras que se han quedado sin hacer en los últimos tres años en Canarias fueron licitadas por los municipios y por un importe de casi 103 millones. A continuación se sitúan los cabildos, con 71 obras con un valor de 38,4 millones y el Gobierno de Canarias, con 34,2 millones pendientes de 69 obras. En el caso de Estado las licitaciones que se han quedado 'colgadas' ascienden a 61 por un importe de 34,7 millones.
«La tendencia de los últimos años persiste», señala la presidenta de la Asociación de Empresarios de la Construcción y Promotores (AECP), María de la Salud Gil, que califica de «muy grave» que las administraciones públicas sigan licitando obras por debajo de los precios del mercado «a sabiendas» de que no van a salir adelante. «Lo hacen a ver si cae un ingenuo o un irresponsable, que los hay, que hacen la primera certificación, facturan un 20% y dejan la obra a medias», critica Salud Gil. Así que al problema de las obras desiertas hay que sumar las que quedan 'a medias'.
La presidenta de los contructores denuncia la existencia de «subasteros virtuales» que vienen a las islas a «coger algo de facturación» y después abandonan las obras, como ha sucedido en algunos contratos de la Metroguagua. En este sentido, apunta que cuando se da esta situación la administración debe iniciar todo el proceso para volver a sacarlas al mercado. «Es un problema que nos afecta a todos porque son obras sanitarias, educativas, de conservación, hidraúlicas que no están al servicio del ciudadano y que tampoco están en el mercado ni generando empleo. Los técnicos de las administraciones saben los precios de los materiales, entonces, ¿por qué licitan por debajo del valor?», se pregunta Salud Gil.
Los precios de los materiales han bajado ligeramente en el último año pero siguen muy por encima del año precovid. Así, el cobre está hoy un 63% más caro, y el aluminio, un 57%. «Tenemos empresarios que han remitido varias cartas a la administracion que les afecta solicitando la revisión de los precios pero ni les contestan», critica Salud Gil.
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