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Numerosas obras son encargadas por Tragsa. En la imagen una en el Confital hace unos años. C7
El Tribunal de Cuentas verifica un abuso de la administración en las contrataciones a Tragsa

El Tribunal de Cuentas verifica un abuso de la administración en las contrataciones a Tragsa

Los constructores de Las Palmas se muestran satisfechos con la resolución de este órgano de fiscalización. Salud Gil lleva años denunciando la «competencia desleal» de esta empresa pública

Silvia Fernández

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 7 de marzo 2024

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El Tribunal de Cuentas ha concluido que existe un abuso por parte de la administración pública a la hora de contratar a la empresa Tragsa para distintos trabajos «que exceden de su objeto social».

Creada en 1977 con la finalidad de contribuir al desarrollo agrario, forestal y de conservación de la naturaleza Tragsa realiza actualmente encargos para más de un centenar de entidades públicas de toda España y para áreas diversas y mucho más amplias de lo que le corresponde, como el medio ambiente, la edificación y la arquitectura, el agua y las infraestructuras.

OBRAS

  • Canarias En el período entre 2018 y 2023 se han encargado a Tragsa trabajos por valor de 515,6 millones de euros.

  • Evolución En los últimos años los importes no han dejado de crecer. En 2018 fueron 33,4 millones y en 2023, 114,6.

  • Quejas Los constructores llevan años denunciando la competencia desleal que supone esta empresa pública.

  • Aviso Ahora el Tribunal de Cuentas les da la razón y apunta que Tragsa se excede de su objeto social.

Según recoge el Tribunal de Cuentas, el 95% de las actividades de Tragsa provienen de encargos de las administraciones y entidades del sector público en todos los ámbitos: estatal, autonómico y local. Solo entre los años 2021 y 2022, los encargos ascendieron a más de 3.000 millones de euros. Los montantes de los contratos no han dejado de crecer con el paso de los años. El aumento de la contratación, además, como apunta el Tribunal de Cuentas, ha obligado a contratar a terceros para su ejecución.

Solo en Canarias, entre los años 2018 y 2023, Tragsa ha recibido encargos de la administración por importe de 515,6 millones de euros. Se le han encomendado un total de 620 obras. El importe ha ido al alza a medida que pasaban los años. Frente a los 33,4 millones de 2018 el pasado año 2023 fueron 114,6 millones de euros. El importe supone casi el 10% del total de las obras públicas que licitados en el ejercicio.

Por provincias, fue la administración pública de Santa Cruz de Tenerife la que más obra encargó a Tragsa, con un importe de 71,1 millones de euros en 2023 (en 2018 fueron 28,6 millones); en el caso de Las Palmas, la cuantía ascendió a 43,5 millones (en 2018 fueron 4,8 millones.

El sector privado de la construcción, integrado por las empresas del sector, llevan años denunciando la «competencia desleal» que ejerce Tragsa sobre ellas y las excesivas encomiendas que les realiza la administración pública en su detrimento. De hecho, hay sentencias de los tribunales de Justicia que, al igual que hace ahora el Tribunal de Cuentas, advierten de que muchos encargos exceden su objeto social.

La presidenta de la Asociación de Empresarios de la Construcción y Promotores (AECP), María de la Salud Gil, ha reclamado en numerosas ocasiones que parte de esos encargos salgan al mercado en lugar de ser acometidos por una empresa pública.

Por todo ello, Salud Gil ha recibido con satisfacción la resolución del Tribunal de Cuentas que viene a darles la razón tras años de lucha. «Confirma el problema que llevamos años denunciando y ratifica el abuso de los encargos directos y el descontrol de las adjudicaciones a Tragsa», indica Salud Gil. En su opinión, el abultado número de las obras e importes de los encargos a Tragsa supone una «clara merma» de la concurrencia competitiva. «Ejerce competencia desleal, es un ataque frontal a la iniciativa privada y es un encarecimiento de los contratos», manifiesta Salud Gil. Como explica sobre este último, muchas de las obras que quedan desiertas son adjudicadas a Tragsa en lugar de volver a sacarla a concurso ajustando los precios a los costes reales. «Las obras de Tragsa suelen ser más caras porque nadie controla ni cuándo terminan ni cuánto han costado. Ahí hay un descontrol», apunta.

Salud Gil denuncia que además de la baja licitación pública -en 2023 subió solo un 1%-, hay más de 100 millones de obras que quedan desiertas, otros 500 que se contratan a Tragsa y encima no se revisan los precios de los contratos para ajustarlos a los precios. A esto hay que sumar la morosidad y las demoras en los pagos. «Hay una perversión con el mercado de la licitación pública», indica.

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