Torres con una central al fondo. / ep

La complejidad de intervenir en un mercado vigilado desde el exterior

Muchas han sido las medidas aprobadas para tratar de reducir los precios con sonoros rechazos judiciales y de los inversores mundiales

José María Camarero
JOSÉ MARÍA CAMARERO Madrid

No es fácil modificar las reglas del juego del mercado energético. Lo sabe el actual Gobierno de coalición, pero también los anteriores. En la última década, diferentes ministros energéticos han tratado de aplicar ciertas medidas de toda índole (desde las puramente técnicas hasta las tributarias) para contener la factura, aunque en muchos casos el Estado ha tenido que pagar la reversión de esas actuaciones, anuladas por los tribunales, puestas en duda por la Unión Europea o vigiladas de cerca por los granes fondos de inversión que operan en todo el mundo.

La última medida ha sido el anteproyecto por el que se actúa sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico. Supone un recorte de unos 1.000 millones de euros a las compañías propietarias de hidroeléctricas y nucleares (básicamente, Endesa e Iberdrola) por los ingresos quereciben en materia de CO2 y que, según el Ejecutivo, no les corresponden al tratarse de plantas puestas en marcha mucho antes de que este mecanismo de contaminación se activara en 2005.

Las compañías afectadas pueden dar ahora su parecer en el periodo de consulta pública. Y están dispuestas a ir a más si es necesario. Mientras, los inversores internacionales miran con recelo este nuevo bache legal, que les recuerda, según apuntan fuentes del mercado, a las primeras medidas aprobadas hace una década, pero que finalmente fueron tumbadas. O que acabaron en complejos procesos de arbitraje que aún quedan por resolver.

Para Alberto Martín, socio responsable de Energía de KPMG, esta medida «no ha tenido en cuenta que hay centrales que cerraron precios de venta a largo plazo en un entorno de precios bajos del CO2 y, por tanto, no solo no se benefician de ello, sino que ahora tendrán que pagar este canon».

Además, Alberto Martín considera que es «bastante incierto que la UE dé su visto bueno a la medida del Gobierno, ya que es una intervención directa sobre un mercado que es de ámbito europeo».

En realidad, todos los mercados eléctricos en Europa están interconectados. Y apunta: «Aún más dudoso es que no sea contraria a los acuerdos firmados con Portugal para la constitución del Mercado Ibérico de la Electricidad, ya que al aplicarse solo en uno de los dos países va a distorsionar el mercado». Este experto aboga por «facilitar la competencia y atraer inversiones en nuevas tecnologías».