Canarias se apoyará en el rango normativo del REF para tumbar el criterio de Madrid con las renovables
Los empresarios integrados en la Asociación Eólica de Canarias (Aeolican) y el Comisionado se alinean para «dar la batalla» frente al Estado
El Gobierno de Canarias, a través del Comisionado del REF, José Ramón Barrera, prepara un argumentario junto al consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata, y los técnicos de la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, que elevará al Gobierno de España para tratar de «salvar» la decisión del IDAE de incompatibilizar los incentivos del REF con las ayudas de los fondo europeos FEDER al desarrollo de las renovables en las islas.
La premisa es bien sencilla: una orden ministerial, como la TEC/1380/2018 y que es a la que se agarra el IDAE para justificar su decisión puesto que en su artículo 10 recoge la incompabilidad de distintas ayudas «para la misma finalidad» tiene un rango normativo inferior a una ley, como son las 19/1994 y la 20/1991, que regulan el REF. Por tanto, la orden en cuestión «ha de queda sin vigencia», según indican fuentes próximas. «¿Hasta qué punto esta orden, aprobada por un Ministerio de turno, puede contradecir mecanismos que existen en una norma de rango superior?», se preguntan estas fuentes.
A esta circunstancia se suman otras como la «confusión» en la redacción del texto incluido en ese artículo 10 y la falta de respuesta del IDAE cuando desde Canarias se le preguntó de forma concreta si los incentivos del REF entraban dentro de esa incompabilidad. Cuestión que nunca fue contestada. «Es confuso y además el criterio cambia. Con unas ayudas se siguen unos y con otras, otros distintos», indican estas fuentes.
El concepto de la misma finalidad es también «controvertido», según se considera, ya que «no es lo mismo unos incentivos destinados a corregir los sobrecostes de Canarias que unas ayudas dirigidas a avanzar en la transición energética».
El Comisionado del REF, José Ramón Barrera, se reunió ayer con los empresarios de la Asociación Eólica de Canarias (Aeolican) -algunos de ellos afectados por el criterio del IDAE- y les trasladó su intención de seguir trabajando para alcanzar una solución. Los empresarios se alinearon con él y le expresaron su total apoyo al Comisionado para «dar la batalla» frente al Estado en este asunto, como indicaron fuentes próximas. Barrera confía en que «pronto» pueda haber novedades y que triunfe finalmente el criterio de Canarias y de su Gobierno.
Fuentes próximas aseguran que Madrid está dispuesta a aceptar el argumentario de Canarias pero reclama que se le remita lo antes posible para después pasarlo por la valoración de la Abogacía del Estado. «El IDAE está esperando al documento que le envíe el Gobierno de Canarias y en el que se está trabajando en estos momentos. Tras esto habrá una reunión entre las partes», indican estas fuentes.
«No es razonable que una orden contradiga todo un REF. Por eso entendemos que no haya problemas y Madrid acepte los argumentos», indican estas fuentes, que advierten de que, en el caso de el Gobierno de España rechace finalmente los argumentos de Canarias, «se analizarán otras vías» para tratar de encontrar solución a este problema.
Otra torpeza del Estado pone en riesgo 76 millones para el almacenamiento de renovables
El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, resolvió ayer una nueva convocatoria de ayudas destinadas a la instalación de energías renovables en Canarias y sobre todo al almacenamiento energético, clave a futuro. En total, se trata de 76,2 millones de euros para un total de 46 proyectos, con una capacidad de almacenamiento de 185,7 Mwh que permitirá avanzar en la penetración de las renovables en el sistema eléctrico de las islas de forma eficiente.
Sin embargo, lo que debería haber sido motivo de alegría se ha transformado en temor, ya que un cambio normativo realizado con posterioridad a la convocatoria de estas ayudas y una vez ya se habían presentado los proyectos por parte de los inversores pone en riesgo la posibilidad de cumplir con los plazos.
Como apuntó ayer el presidente de Aeolican, Raúl Macías, la convocatoria de las ayudas planteaba que los proyectos debían estar ejecutados en enero de 2026 para poder recibir la ayuda y todos los promotores se pusieron manos a la obra con ese margen. Posteriormente el Gobierno d eespaña aprobó el Real Decreto 445/2023 que establece la obligatoriedad de que estos proyectos cuenten con una Declaración de Impacto Ambiental, lo que sin lugar a dudas, va a suponer un retraso de los plazos y va a impedir que se llegue a tiempo a los dos años. «Esta nueva exigencia, no contemplada en las bases y convocatoria originales, implica procedimientos y plazos adicionales que pueden afectar significativamente la ejecución de los proyectos», indica Macías.
«Los fondos no van a acompasados con la normativa. Los plazos deberían ir acorde pero no ocurre», manifiesta.
Desde Aeolican indican que el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Transición Ecológica y Energía, se ha comprometido a agilizar la tramitación de los proyectos para evitar posibles incumplimientos de los plazos mediante un trabajo conjunto pero el temor a no llegar a tiempo existe.
