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El Gobierno ahora sí abre la puerta a rebajar sus previsiones de crecimiento de la economía tal y como han hecho ya otros organismos nacionales como el Banco de España e incluso internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI). Ha sido la propia vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, quien admitió durante una entrevista en RNE que hay varios factores que llevarían «más bien a una revisión a la baja».
Hasta ahora Calviño siempre se había mantenido firme en la previsión que hizo el Ejecutivo el pasado octubre de que la economía española crecería un 7% en 2021, pese a que otros organismos fueron corrigiendo sus estimaciones en vista del mal arranque del año y sostuvieron que el PIB alcanzaría como máximo un 6%. La vicepresidenta se sustenta ahora en los malos datos de empleo en este primer trimestre para pronosticar un empeoramiento del crecimiento de España. Así, avanzó que las cifras de paro de marzo, que se conocerán mañana, «no han sido positivas», aunque recalcó que este mes «fue de menos a más» en lo que respecta a las afiliaciones a la Seguridad Social y a la reincorporación de trabajadores en ERTE.
En este sentido, habló de que marzo pone fin a un trimestre «muy duro» por el impacto de la tercera ola de la covid-19, que se ha dejado sentir mucho más en la economía que la segunda ola, debido también a mayores restricciones a la movilidad. Además, a esto se le suman los efectos del temporal Filomena, que no ayudó al consumo, y los retrasos en la vacunación y en la llegada de los fondos europeos. Sin embargo, Calviño explicó que «en el otro lado de la balanza» hay otros indicadores positivos, como la recuperación mundial y programas de estímulos como el de Estados Unidos, que impactarán favorablemente sobre España, especialmente en la segunda parte del año. «Donde hay unanimidad es en considerar que España será una de las economías que más crezcan en 2021 y que el crecimiento será intenso sobre todo en la segunda parte del año», destacó Calviño, que evitó pronunciarse sobre el primer trimestre del año, aunque su homólogo de Seguridad Social, José Luis Escrivá, fue el primer miembro del Gobierno en reconocer que la economía volverá a caer en este periodo, tal y como ha vaticinado ya el Banco de España.
La prioridad absoluta para la titular de Economía es apoyar la recuperación económica y del empleo, y para ello suscribió los planes de Escrivá de fomentar más la reincorporación de los trabajadores en ERTE en la nueva prórroga que habrá tras la de mayo. «Hay que ajustar los parámetros para favorecer la reactivación de los trabajadores a sus puestos, es urgente trabajarlo con los agentes sociales», puntualizó la vicepresidenta, que sacó pecho de «lo bueno que fue ser prudentes» y no subir el SMI, pese a que eso supuso un conflicto con sus socios de Unidas Podemos.
Además de con el salario mínimo, Calviño volvió a exhibir sus discrepancias con la nueva vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, en lo que referente a la reforma laboral y, más concretamente, en su calendario. Así, pese a que la ministra de Trabajo ha comenzado a negociar con los agentes sociales los aspectos que tienen que ver con la negociación colectiva, para devolver la prevalencia a los convenios sectoriales al menos en lo que respecta a salarios, no cree que este sea el momento de abordar este tema y dejó claras cuáles son sus prioridades: aprobar la ley de los riders que ya esta consensuada, poner en marcha un plan de choque contra el desempleo juvenil, modernizar y digitalizar el SEPE y modernizar las políticas activas de empleo. «Para mí esto es lo más urgente en este momento y cuando la recuperación esté más encarrilada tenemos que abordar ese conjunto de reformas de más calado trabajando mano a mano con los agentes sociales», afirmó Calviño, que apostó por «hacer las cosas en el momento adecuado para que contribuyan a la recuperación económica».
Por otra parte, abrió la puerta a extender el paquete de ayudas por valor de 11.000 millones a nuevos sectores económicos y se mostró dispuesta a que durante el trámite parlamentario se puedan ajustar los parámetros o dar un mayor margen de actuación a las comunidades autónomas.
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