Imagen de archivo de una trabajadora del departamento de calidad de JSP. / C7

JSP aspira a tener beneficios en 2023 tras ajustar la plantilla y colocarla en la media del sector

La industria prevé cerrar en dos años con 1,8 millones de euros de beneficio pero antes tiene que acordar un ERE y amarrar al inversor

Silvia Fernández
SILVIA FERNÁNDEZ Las Palmas de Gran Canaria

El plan de viabilidad presentado ante el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Las Palmas de Gran Canaria por la empresa JSP, hoy en concurso de acreedores y en plena negociación de un ERE para reducir la masa salarial y lograr cerrar un pacto con posibles inversores, contempla la vuelta a los beneficios en el año 2023.

Según recoge el citado plan, el próximo año será aún un ejercicio de pérdidas mientras se realizan todos los ajustes y se prepara la industria para su futuro. Se prevé un saldo negativo de 3,7 millones de euros (cuatro veces menos de los casi 15 millones de agujero generados en 2020) pero, a partir de ahí, las cifras volverán al verde y el ejercicio 2023 se cerrará con un beneficio de 1,8 millones de euros, que llegarán hasta los 2,8 millones en 2024.

Esa es la proyección que realiza la sociedad pero para ello, como apuntan fuentes cercanas, es indispensable cerrar el ERE que se negocia actualmente con los sindicatos y que supondrá reducir el personal en casi un 70%. «Sin ese ERE no habrá inversores y así todo no está garantizado», indican estas fuentes, que señalan que el recorte del personal previsto supone acomodar la plantilla y el gasto que representa para JSP a la media del sector.

Según los datos que maneja la empresa y que se trasladarán al juzgado para justificar la idoneidad del ERE, el personal representa un 29% del total de los costes -según datos del 2020-, con un desembolso de casi 15 millones de euros. Entre 2017 y 2019 el gasto fue ligeramente inferior y osciló entre un 22% y un 24%. En cualquier caso, ese porcentaje está muy alejado de los ratios de otras empresas del sector, como Danone, en la que el personal supone un 11,6% de los gastos; Capsa, que es un 7,3%; Industrias Lácteas Asturianas, con un 7,1% y Kaiku, con un 8,1%. La media del sector es del 9% y la intención de JSP con el ERE es llevar el gasto del 29% al 12%. «La diferencia entre JSP y la media del sector es de un 20%, que es lo que se trata de ajustar con el ERE. El objetivo es volver a ser competitivos», indican estas fuentes. Según explican, pese a las reticencias que han mostrado los representantes sindicales hacia el ERE, «la solución para JSP pasa inevitablemente por él».

La industria canaria cerró 2020 con un patrimonio neto negativo de 23 millones de euros y una deuda de cerca de 50 millones de euros, en la mayoría con la banca. «La sociedad está ahora mismo en causa de disolución, con un negativo de 23 millones de euros. La mochila es pesada y ningún inversor va a entrar ahí si al menos no allanas el camino de la masa salarial. Sin eso es completamente imposible», advierten.

Estas fuentes insisten, por tanto, en la necesidad de llegar a un acuerdo con los trabajadores sobre el ERE. Apuntan que si no hay pacto el próximo día 28 de diciembre, cuando se cierre el período de consultas fijado por el Juzgado, la empresa planteará el ERE y a partir de ahí «el futuro de JSP es toda una incógnita» y con él el de los 142 trabajadores que se prevé que sigan si hay acuerdo.

Como explican, sin acuerdo la empresa plantearía al juez la necesidad de dictar un auto a favor del ERE y aquí pueden ocurrir dos cosas: que el juez lo haga, lo que podría dar lugar a un recurso de nulidad de actuaciones en contra del expediente por parte de los trabajadores y con ello a una judicialización y alargamiento del proceso. O bien, que el juez lo deje sin efecto. «En uno u otro caso, el resultado final es la liquidación y cierre de JSP porque nadie va a invertir ahí», indican estas fuentes. Para los trabajadores, «todos los caminos», según apuntan estas fuentes, conducen al Fogasa y una indemnización «con un tope». «Que no esperen cobrar de lo que quede de JSP porque JSP no tiene nada de lo que rascar», dicen.

Según explican fuentes vinculadas a JSP, la propuesta de ERE presentada por la empresa pasa por un pago de 4,7 millones de euros, lo que supone 800.000 euros más de lo que percibirían los trabajadores si acabaran en el Fogasa. «Si no hay acuerdo cobrarán 3,8 millones. Perderán un 17%», afirman. «No entendemos la postura de los representantes de los trabajadores», apuntan.

De 530 referencias pasará a 50, las rentables

100 puntos de venta; 50 referencias, 142 empleados, tres centros de trabajo y tres fábricas. Esa será la nueva JSP si se pacta el ERE, se negocia con los acreedores (la banca fundamentalmente) y se llega a acuerdo con los inversores interesados en entrar en el grupo.

Las cifras del futuro nada tienen que ver con la JSP que había hasta ahora, con 3.300 puntos de venta; 530 referencias, 418 empleados, 16 centros de trabajo y 9 fábricas, además de 9 puntos logísticos y dos almacenes que desaparecen por completo.

Según recoge el análisis de situación realizado y recogido en el plan de viabilidad presentado al juzgado que lleva el concurso de acreedores, la JSP que existía hasta ahora estaba sobredimensionada, con una estructura cara y compleja, con problemas serios de competitividad, tenía mal posicionamiento de marca y escasa rentabilidad en muchas de sus referencias, además de problemas de tesorería y gestión para poder mantener el surtido actual.

A futuro, se propone que esta industria canaria mantenga únicamente tres fábricas, que son la de Guímar, dedicada a la producción de leche, batidos y zumos; la de Baldíos, que es la de Celgán, que producirá yogures y albergará las oficinas y la de El Tablero, que continuará produciendo pan. Además será la sede social de la empresa y albergará la estructura administrativa y comercial que está actualmente en Miller.

Desaparecen la planta de Getafe, por «falta de rentabilidad» y el desahucio por impago iniciado por el propietario del inmueble, y la de Miller, hoy sin actividad y que ejerce como soporte logístico pero con actividad «ruinosa». Los Majuelos, dedicada al café, también echa el cierre debido a que el producto es poco competitivo por los altos costes. Finalmente, se clausuran las delegaciones de Lanzarote, Fuerteventura, La Palma y La Gomera al externalizarse la logística. Se eliminan también servicios propios como la seguridad.