El alquiler vacacional pide modificar la unidad de explotación en Canarias por el bien del turista

La residencialización es un fenómeno que lleva años produciéndose; sin embargo, en los últimos meses ha adquirido relevancia por el mayor volumen de apartamentos turísticos que están saliéndose de la unidad de explotación de los complejos pese a prohibirlo la ley, bien para utilizarse como vivienda residencial o para alquilar a turistas pero de forma individual. Solo en los últimos dos años ha desaparecido el 30% de la oferta de apartamentos turísticos en Canarias.

Además, se ha empezado a poner sanciones por incumplimiento de l anorma turística, lo que ha caldeado los ánimos en el sector. «A nadie se le escapa que el principio de unidad de explotación tiene su origen en una ley de 1995 (de Ordenación del Turismo), que si bien respondía a una más que loable intención de unificar la actividad turística en el archipiélago en aras de la calidad y la seguridad del sector, hoy en día no se ajusta a la realidad, las necesidades y los intereses de los turistas que han cambiado muchísimo en este tiempo», asegura Borrego, quien advierte de que, o el sector se adapta a los nuevos tiempos o irá perdiendo valor poco a poco y de forma inexorable.

Para la presidenta de Ascav, desde el respeto a la norma es necesario «modificar y repensar» este principio de unidad de explotación para adaptarlo a la nueva realidad de Canarias y del turismo. En su opinión, el sector turístico debe avanzar hacia un cambio normativo que dé respuesta a todos los sectores afectados por esta problemática.

«Esta situación no puede recrudecerse ni enquistarse, sino que debe ser la palanca transformadora para que, entre todos, encontremos una solución satisfactoria e integradora», indica.

Para Borrego, nadie debe quedar fuera. «La solución no es demonizar a nadie porque todos somos Canarias», indica la presidenta de la Ascav, que aboga por un sector turístico para todos los canarios. «Debemos trabajar para que el turismo sea patrimonio de todos los canarios porque un sector turístico fuerte y poderoso que no tiene fiel reflejo en el bienestar de los ciudadanos de esta tierra no sirve para absolutamente nada, más que para enriquecer a unos pocos», apunta.

En el conflicto de la residencialización además de los propietarios que tienen viviendas en alquiler vacacional están los propietarios que viven en ellas y las disfrutan de forma particular y los empresarios turísticos, que exigen el cumplimiento de la ley para evitar «la jungla» en la que aseguran que se han convertido muchos complejos turísticos.

Los empresarios apuntan a que la calidad turística se deteriora en los complejos en los que se dan los dos usos. En línea con su planteamiento un estudio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) apunta a que el sector pierde cada año 591 millones de euros por la residencialización de los complejos turísticos solo en el municipio de San Bartlomé de Tirajana. Desde la Asociación de Empresarios de Apartamentos Turísticos (AEAT), la residencialización ha pasado factura al empleo impidiendo la creación de 45.000 puestos de trabajo desde el año 2015.