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Luis Rubiales se libró este miércoles de ser detenido por encontrarse fuera de España, concretamente, en República Dominicana, país que la Guardia Civil sospecha que podría estar utilizando como paraíso fiscal. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraron la sede de la Federación Española de Fútbol (FEF), el estadio de La Cartuja en Sevilla y la casa de Rubiales en el centro de Granada, en el marco de una investigación por supuestos contratos irregulares firmados por el organismo en los cinco últimos años. Entre ellos, el de la Supercopa de España con la empresa Kosmos, de Gerard Piqué, con la que Luis Rubiales suscribió en 2019 el polémico traslado del torneo a Arabia Saudí, con una comisión de 24 millones de euros para la compañía fundada por el exfutbolista del Barça.
Rubiales está imputado en el caso abierto hace dos años por presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales, pero el expresidente de la FEF, sobre quien pesa una orden de detención por parte de la justicia, no fue localizado en su domicilio de la capital granadina. La Guardia Civil ya sabía que el expresidente de la FEF estaba en República Dominicana, adonde suele desplazarse habitualmente y viajó por última vez hace casi un mes.
Sí que fueron detenidos este miércoles por la Guardia Civil Tomás González Cueto, asesor jurídico externo de la FEF y mano derecha de Rubiales durante su mandato; Pedro González Segura, director de servicios jurídicos; y José Javier Giménez, director de Recursos Humanos y también amigo del expresidente.
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El resto de detenidos son empresarios y abogados relacionados con supuestos contratos irregulares de la FEF, acosada de nuevo por un escándalo que estalló con motivo de la Supercopa de España y que vuelve a tener en el epicentro a Rubiales, aún pendiente de condena tras ser acusado de agresión sexual y coacciones por su beso no consentido a Jenni Hermoso. En este caso, que instruye un juzgado de Majadahonda (Madrid), en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, y que cuenta con el apoyo de la Europol (Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial), Rubiales se enfrenta a unos delitos denunciados en mayo de 2022 por quien ya fuera azote de Ángel Villar, Miguel Galán, presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol (Cenafe).
🔴 COMUNICADO OFICIAL
— RFEF (@rfef) March 20, 2024
La RFEF ofrece toda la colaboración a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad e insta a que se llegue hasta las últimas consecuencias
🔗 https://t.co/zY0WUEDw3s pic.twitter.com/AEhjd5gQEb
Por orden judicial, la Guardia Civil llevó este miércoles a cabo requerimientos en distintas entidades públicas y privadas en varias provincias españolas (Madrid, Granada, Sevilla y Málaga) y la operación se saldó con siete arrestados, el más sonado, González Cueto, antiguo hombre de confianza de Rubiales que continuaba trabajando para la FEF. Los agentes irrumpieron en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas mientras la selección española entrenaba para el partido amistoso del viernes contra Colombia en Londres.
La UCO revisó contratos de la FEF de la época de Rubiales, que accedió a la presidencia en mayo de 2018 y ha sido acusado por Miguel Galán, al igual que Gerard Piqué, de corrupción y administración desleal por el contrato de la Supercopa. La ex directora del Consejo Superior de Deportes (CSD) y exdirectiva de la FEF, Ana Muñoz, aseguró en su declaración que el organismo federativo podría haber firmado el contrato de la Supercopa directamente con Arabia Saudí, y no a través de la mediación de Piqué, ya que tenía «la fuerza para hacerlo sin necesidad de utilizar a intermediarios».
También denunció el presidente de Cenafe a Rubiales por la presunta contratación de una agencia de detectives para espiar al presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo, y por cobrar, supuestamente de forma irregular, 3.100 euros mensuales por el alquiler de un piso en el centro de Madrid. Las pesquisas judiciales se dirigen también al acuerdo de la FEF de Rubiales con la Junta de Andalucía para el uso de La Cartuja, como sede de las finales de la Copa del Rey y de partidos de la selección.
La Guardia Civil se incautó este miércoles de diversa documentación en los departamentos jurídicos, administrativos y de personal de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y también procedió al volcado de correos electrónicos intercambiados por detenidos e investigados en esta causa sobre presuntas irregularidades en el contrato de la Supercopa entre Rubiales y Piqué, que fue redactado por el despacho de Tomás González Cueto. También figura como investigado Ramón Caravaca, socio del despacho del asesor jurídico externo de la FEF.
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