Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol / Efe

Luis Rubiales, investigado por coacción, amenazas y prevaricación

Un juzgado de Majadahonda admite a trámite la querella de los clubes femeninos, que acusan al presidente de la Federación de una «campaña de acoso y hostigamiento» para hacerse con la explotación de los derechos audiovisuales.

José Manuel Andrés
JOSÉ MANUEL ANDRÉS Madrid

El presidente de la Federación Española de Fútbol (FEF), Luis Rubiales, fue declarado como investigado por presuntos delitos de coacción, amenazas y prevaricación administrativa. Así lo determinó este jueves la jueza Inmaculada González, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 8 de Majadahonda, tras admitir a trámite la querella interpuesta por la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF) contra Rubiales y Andreu Camps, secretario general de la FEF, por entender que ambos han llevado a cabo una «campaña de acoso y hostigamiento» para tratar de hacerse con la explotación de los derechos audiovisuales de la Liga Iberdrola, la máxima categoría del fútbol femenino español. «Los hechos hacen presumir la posible existencia de delito de coacciones, amenazas y prevaricación administrativa», fundamenta la jueza en su auto.

La ACFF fundamenta su querella acusando a Rubiales de pretender que los clubes «incumplieran las obligaciones contractuales asumidas, no dudando en utilizar para ello distintas y veladas amenazas, materializadas, además, en algunos casos, a través de la incoación e instrucción de distintos expedientes sancionadores de naturaleza injusta e improcedente, utilizados como medio de extorsión y, en otros, a través de la injustificada denegación de la concesión de subvenciones o participación en ayudas para el desarrollo de la actividad deportiva».

Según los clubes del fútbol femenino, además de con la intención de hacerse con los derechos televisivos de la competición femenina adjudicados mediante concurso público en su día a la productora Mediapro, socio habitual de LaLiga, este modus operandi ya habría sido empleado por la Federación con el objetivo de «hacerse con otros activos audiovisuales como los correspondientes al fútbol sala o a las competiciones de fútbol en la Segunda División B y Tercera División».

El máximo mandatario de la FEF fue citado a declarar en calidad de investigado el próximo 29 de abril a las 12:00 horas. Además de Rubiales, también deberán hacerlo Camps; Iñaki Mikeo Etxarri, responsable del fútbol femenino del organismo federativo; y Pedro González, director del área legal de la FEF, todos ellos el próximo 18 de marzo. Asimismo, la jueza puso el caso en conocimiento de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y citó el 14 de mayo, como testigos, a Rubén Alcaine, presidente de la ACFF; Pedro Malabia, director de fútbol femenino de LaLiga; y Pablo Mantilla, director general de la Fundación Valencia CF.

La FEF señala a LaLiga

Por su parte, la FEF respondió a la imputación señalando directamente a LaLiga como responsable de la querella interpuesta por la ACFF y aseguró desconocer el contenido de la querella, de la que tuvo conocimiento, según subrayó en un comunicado, a través de los medios. «No está de más recordar que la ACFF tiene su sede en la LNFP (Liga Nacional de Fútbol Profesional, LaLiga); que su responsable es empleado de LaLiga y que en los últimos años ha inundado los juzgados de procedimientos contra la Real Federación en la misma línea que la LNFP, que ha interpuesto decenas de causas contra la institución que dirige el fútbol en España», señaló el comunicado federativo en relación a la influencia del organismo presidido por Javier Tebas en este nuevo frente judicial abierto.

«La Asociación ha demandado a la RFEF por este mismo asunto ante los Juzgados de lo Mercantil. Como consecuencia de esa demanda existen ya dos autos del juez de lo Mercantil número 1 de Madrid, de 30 de julio y 3 de octubre de 2019, que han desestimado la petición de la asociación y han avalado la actuación de la RFEF y que, es posible, se los hayan ocultado al Juzgado número 8 de Majadahonda, quien conoce de la querella», añadió la FEF.