Clavijo anuncia acciones legales por la acción de la Fiscalía

Veinticuatro horas después de conocerse que la Fiscalía General del Estado ordenara que su homóloga en Canarias se desentendiera del caso grúas, el presidente del Gobierno autonómico, Fernando Clavijo, anunció ayer que ya lo había «digerido», tras lo cual ha dado «instrucciones a mis abogados -privados- para que analicen las anomalías y me recomienden qué acciones legales tomar». «No descarto ninguna», añadió, ni contra ningún órgano judicial.

Ni la afonía, ni la tristeza en la que insiste estar sumido por la actuación del Ministerio Público impidió al presidente sacar fuerzas para tildar de «extremadamente grave» la orden que de «manera consciente» dio la Fiscalía General del Estado al fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para que aparcara su posición respecto del caso grúas, al ser inminente la entrada en vigor del nuevo Estatuto de Autonomía y con ella, la eliminación del aforamiento al que tenía derecho Clavijo como jefe del Ejecutivo. «Ese posicionamiento se me hurtó a mí y a la Sala -recalcó- . ¿Y si la Sala decidiera ser competente e, independendientemente de que se traslade ahora al juzgado de instrucción, el informe del teniente fiscal se tiene que incorporar al expediente?. ¿Ya sabía el fiscal lo que iba a decidir la Sala?. A mí me da bastante que pensar», especuló.

El presidente consideró «más que evidente» que el caso constituye una denuncia «política» montada por «Podemos» y Nueva Canarias» -las matrices de los denunciantes directos: Unid@s se puede y Por Tenerife- con el «único fin de desgastarme como presidente y candidato» de Coalición Canaria (CC) a la Presidencia del Gobierno en las próximas elecciones, y «buscar la condición de investigado para articular y justificar una serie de medidas ya anunciadas como la moción de censura o que dimita».

Sin embargo, Fernando Clavijo dejó claro que da al traste con tales expectativas: «No me he planteado dimitir», afirmó con seguridad; «no entiendo que tenga que asumir ninguna responsabilidad política por nada», ahondó dado que además, «ni tan siquiera se recurrió en el Contencioso mi actuación como alcalde» de La Laguna.

En varias ocasiones, Clavijo hizo pública la «preocupación» que le produce la intervención de la Fiscalía General del Estado para «hurtar informes», especialmente el que realizó el teniente fiscal del TSJC. En él su autor se muestra proclive a archivar las denuncias contra el máximo responsable del Gobierno.

Con similar insistencia, el presidente enfatizó que «es la Sala la competente para decidir» si sigue manejando el caso grúas como hasta la entrada en vigor del nuevo Estatuto de Autonomía o no. Recordó los escritos que dirigió al TSJC «días después de aprobado el estatuto -aclaró-, porque precisamente por ser presidente del Gobierno, no quería enturbiar su aprobación».

Ello dio pie a preguntarle si teme que el caso vuelva al juzgado de instrucción de La Laguna. «Me da igual la Justicia en el TSJC como en el de instrucción. En cualquier caso, voy a pedir declarar de forma inmediata», apuntó.

Clavijo se mostró seguro de que «los ciudadanos saben perfectamente que lo único que ha habido en este tema es una caza y captura como presidente y como candidato por parte de algunos partidos y ya veremos con la ayuda o no de algunos agentes», agregó.

Se reafirmó en su convencimiento de que su actuación como alcalde de La Laguna fue «ajustada a Derecho» y recordó que el Juzgado de Primera Instancia «archivó» en su día la denuncia. «No soy yo» replicó, el que ha provocado el traslado del expediente de un órgano judicial a otro «sino los denunciantes que están pidiendo que se practiquen diligencias para dilatar el asunto con el único objetivo de convertirme en investigado y justificar así sus acciones políticas», repitió.

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