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Rayco González, dueño de RR7, en una de sus comparecencias en la Ciudad de la Justicia. Juan Carlos Alonso
Tres años después de seguir el rastro de RR7 United, ni mascarillas ni un céntimo

Tres años después de seguir el rastro de RR7 United, ni mascarillas ni un céntimo

La Agencia Tributaria detectó que la cuenta de la empresa del caso había sido vaciada | Hay tres inmuebles y una finca rústica, pero con cargas previas y superiores

Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 5 de marzo 2024

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El Gobierno de Canarias sigue sin recuperar el dinero abonado a la empresa RR7 United por un millón de mascarillas, material sanitario que nunca fue entregado.

Esa operación derivó en el llamado caso Mascarillas, que se instruye por parte de la Fiscalía Europea desde que en 2022 asumió las competencias, inicialmente en manos del juez de Las Palmas Francisco Javier García García-Sotoca.

El caso se judicializó tras presentar querella la Fiscalía Anticorrupción y entre los investigados se encuentran el entonces director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez; la que fuera directora de Recursos Económicos de ese ente sanitario, Ana María Pérez, y el dueño de RR7 United, Rayco Rubén González.

La Agencia Tributaria Canaria ha acreditado la imposibilidad, a fecha de hoy, de recuperar ese dinero. Y eso que lleva desde 2021 intentándolo. Fue el 25 de noviembre de ese año cuando se notificó a RR7 United la providencia de apremio, con un plazo de ingreso fijado en el 5 de diciembre de ese año.

Al no pagar la empresa, la deuda de RR7 se incluyó en el circuito de embargos. Así, en marzo de 2022 se realizaron los primeros embargos de cuentas corrientes, «con resultado negativo», según la información a la que ha tenido acceso este periódico. Ello implicó la no existencia de saldo en la cuenta de la empresa, pues había sido cancelada en 2021.

La siguiente acción fue un embargo de créditos, igualmente con resultado negativo. Se realizaron en concreto 13 intentos de embargo de créditos.

Igualmente se acudió a los registros de la propiedad, pero no constan inmuebles a nombre de RR7.

La Dirección General de Tráfico informó de que la empresa era titular de dos vehículos, uno con antigüedad de más de diez años, cuya enajenación resultaría «antieconómica» y otro de alta gama, pero que tiene embargos y precintos anotados por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

Responsabilidad solidaria

A la vista de ese panorama, el área de Investigación Patrimonial de la Agencia Tributaria Canaria inició trabajos de averiguación del destino de los 4 millones pagados por el Servicio Canario de Salud, a fin de si pudieran apreciarse los supuestos de derivación de responsabilidad solidaria. Sin embargo, al no ser una deuda tributaria ni ser consecuencia del reintegro de una subvención, no es posible esa derivación a los administradores.

Lo que sí se hizo, a partir del análisis de la cuenta de la empresa, fue abrir procedimientos para determinar la responsabilidad solidaria de las personas físicas o jurídicas que habían colaborado en la ocultación o transmisión de los bienes o derechos obligaos al pago con la finalidad de impedir la actuación de la Administración. Dichos procedimientos se realizaron por importes de 326.000 euros, 315.000 euros, 537.433,43 euros y 146.400 euros, lo que suma 1.325.233,43 euros.

En el marco de esos procedimientos, se procedió al embargo preventivo de los bienes inmuebles, de naturaleza urbana, en concreto tres viviendas y una plaza de garaje, así como de naturaleza rústica. Esos embargos se han convertido ya en definitivos, pudiendo proceder, por tanto, a enajenación mediante subasta.

Las deudas derivadas de los procedimientos de responsabilidad iniciados se encuentran en fase de embargo, por lo que los procedimientos de apremio no han concluido.

Cabello espera la explicación del PSOE

El viceconsejero de Comunicación del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, subrayó que «siguen faltando explicaciones» por parte del anterior Ejecutivo sobre la operación entre el Servicio Canario de Salud y RR7. Asimismo, mostró su «preocupación» por el hecho de que esta operación y el llamado caso Koldo estén ya en manos de la Fiscalía Europea por presuntos delitos de corrupción, «porque se pone en duda el buen nombre de Canarias, y eso vendría a penalizar nuestra capacidad de conseguir más fondos».

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