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Koldo García, en una imagen de archivo. Efe
El constructor que se reunió con Koldo y el guardia civil ganó la licitación de la Agencia Tributaria Canaria

El constructor que se reunió con Koldo y el guardia civil ganó la licitación de la Agencia Tributaria Canaria

La investigación judicial abre la puerta ahora a la revisión de contratos de las empresas presuntamente vinculadas a la trama, más allá del suministro de material sanitario.

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 5 de marzo 2024, 22:33

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Levantina, Ingeniería y Construcción SL, empresa que tiene al frente a José Ruz, fue la adjudicataria en 2022 de la reforma de la sede de la Agencia Tributaria Canaria, en el edificio que albergó en su día los multicines Royal, en la capital grancanaria. Levantina de Ingeniería se llevó la licitación por 6,5 millones de euros.

José Ruz Martínez es uno de los empresarios con los que se reunió Koldo García, el que fuera asesor del entonces ministro José Luis Ábalos, en el restaurante madrileño La Chalana, en un encuentro del que los agentes que investigan la presunta trama corrupta informaron al juez de la Audiencia Nacional que dirige las pesquisas. Esa reunión tuvo lugar el 8 de febrero de 2023.

En ese encuentro también estaba el guardia civil José Luis Rodríguez García, señalado por el juez Ismael Moreno como «pieza clave» en la presunta trama. El citado agente habría puesto en contacto al presunto cabecilla de la red, el empresario Juan Carlos Cueto, con Víctor Gonzalo de Aldama, que haría las veces de comisionista. Según la investigación, De Aldama habría utilizado para cobrar las comisiones varias empresas, entre ellas Lopera Activa, de José Ruz Martínez. Este tiene varias sociedades a su nombre, con contratos con organismos públicos como Adif, dependiente del Ministerio de Transportes. También lo hizo con el Ministerio de Defensa

José Ruz Martínez no aparece como investigado en la causa.

Además de asesor de Ábalos, Koldo García fue consejero de Renfe y vocal del Consejo Rector del Organismo Público Puertos del Estado.

La investigación judicial abre la puerta ahora a la revisión de contratos de las empresas presuntamente vinculadas a la trama, más allá del suministro de material sanitario.

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