Caso Reparos: Pérez amplía la denuncia contra Clavijo

El concejal lagunero Santiago Pérez ha presentado una nueva denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. Se sustenta en otros 36 decretos que dictó Fernando Clavijo -ahora senador autonómico y, por tanto, aforado-, en los años 2011 y 2012, «levantando los reparos»; es decir desoyendo las expresas advertencias de ilegalidad planteadas por la Intervención en informes suscritos no solo por el interventor, sino también por el jefe del Servicio de Fiscalización, y por la jefa de la Sección de Control y Fiscalización del Ayuntamiento.

Con la denuncia se han aportados los 36 decretos y los 36 informes de Intervención, según detalla el edil denunciante.

Mediante estos decretos «se autorizó a dedo a determinadas empresas a continuar gestionando los principales servicios municipales después de vencidos los contratos, o se les concedieron prórrogas ilegales -con efectos retroactivos- de contratos ya extinguidos, o se saltaban los controles de legalidad sobre la falta de justificación de los gastos comprometidos por medio de dichos decretos», según el denunciante.

«Esta Intervención ha informado en reiteradas ocasiones que la adopción de acuerdos de continuidad de la prestación del servicio no puede ser utilizada para eludir la tramitación del correspondiente expediente de contratación tal y como exige la Ley de contratos del Sector Público. Preceptos cuya razón de ser descansan en el respeto a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad, transparencia, no discriminación e igualdad de trato, pilares básicos de la contratación administrativa, cuya conculcación a través de esta práctica conduce a la prestación del servicio sin ajustarse a la legalidad, al no resultar admisible la prórroga de un contrato ya vencido y al no haber concluido el procedimiento licitatorio que garantice el cumplimiento de dichos principios en la selección del adjudicatario», señala reiteradamente la Intervención en sus informes. Y añade que «con la adopción de estos acuerdos autorizando la continuidad de la prestación del servicio podemos entender que se persigue es la prórroga de dicho contrato, una prórroga contraria al ordenamiento jurídico, al no ajustarse a la legislación de contratos…». En consecuencia, «estas autorizaciones deberían derivar en una declaración de nulidad del acto» y en todo caso «debería haberse tramitado el correspondiente expediente de contratación».

La denuncia subraya cómo la Intervención General pone énfasis en la expresión «esta Intervención ha informado en reiteradas ocasiones…», lo que evidencia, según Pérez, la continuada utilización de estas prácticas y el constante apercibimiento del órgano fiscalizador sobre la grave ilegalidad de las mismas, determinante de su nulidad de pleno Derecho.

Otra de las prácticas ilegales consiste en el «fraccionamiento del objeto del contrato», recurriendo sucesivamente a realizar contratos menores para prestar servicios o entregar suministros que la Administración necesita con carácter diario, mensual o anual, eludiendo así el procedimiento de licitación legalmente preceptivo.