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Así, los delitos de este tipo pasaron de 331 a 280 en ese período de tiempo en las islas | Se dan descensos en toda España, excepto en la Comunidad Valenciana, Extremadura y Murciaefe
Madrid
Lunes, 3 de octubre 2022, 19:01
Las okupaciones de viviendas en Canarias han caído un 15,41% en los siete primeros meses de año respecto al mismo periodo del año anterior, un descenso que ha sido mayor en la provincia de Las Palmas, un 23,59%, frente al registrado en la de Santa Cruz de Tenerife, un 3,6%.
Son datos del Ministerio del Interior, a los que ha tenido acceso EFE, que no diferencian entre allanamientos de morada (cuando se okupa una vivienda habitual, ya sea primera o segunda residencia) o usurpaciones (okupaciones de inmuebles propiedad de bancos o viviendas vacías).
Los delitos de este tipo en las islas pasaron de 331 a 280 entre enero y julio de este año, en relación a los siete primeros meses de 2021.
En el conjunto de España las okupaciones de viviendas han descendido un 5,4% en los siete primeros meses de 2022 respecto al mismo período de 2021, lo que supone el primer descenso en este tipo de delitos en los últimos cinco años.
Los datos del Servicio Estadístico de Criminalidad de la Secretaria de Estado de Seguridad muestran que entre enero y julio se registraron 10.220 delitos de este tipo, por 10.807 de los mismos meses del año anterior.
En el conjunto de 2017 hubo 10.619 casos; en 2018, 12.214; en 2019, 14.621; en 2020, 14.792 y en 2021, 17.274.
Los descensos se dan en todas las comunidades autónomas salvo la Comunidad Valenciana, donde crece un 23%, Extremadura, un 5 %, y Murcia, un 3%.
En el resto ha habido descensos, el más pronunciado en Baleares (31%). En la Comunidad de Madrid ha sido del 15%, en Cataluña del 6% y en Andalucía también del 6%.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha mencionado este lunes estos datos al ser preguntado por la nueva grieta abierta con su socio de Gobierno Unidas Podemos por la enmienda presentada por el PSOE para asegurar los desalojos de los okupas en un plazo de 48 horas.
En este sentido, Marlaska ha pedido «no confundir» allanamiento y usurpación que «es penalmente relevante» con los «desahucios» consecuencia de un impago de renta o de hipoteca.
«Esa enmienda no contradice el principio esencial de protección de los colectivos vulnerables para los que está trabajando este Gobierno».
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