Un viceconsejero del Gobierno, entre los seis nuevos investigados del caso Mediador

Los dos últimos son investigados por la presunta revelación de secreto y prevaricación y «aquellos que resultasen de su participación en el presente expediente y que pudieran ser incardinables en el ámbito de los delitos de corrupción».

Álvaro de la Bárcena Argany fue nombrado en 2019 viceconsejero del Sector Primario del Gobierno de Canarias. Natural de La Palma, es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de La Laguna, y su trayectorial profesional incluye trabajos en hoteles de su isla natal.

Fue propietario de la empresa Anduzo SL, dedicada a la promoción inmobiliaria, la construcción y la administración de fincas.

En cuanto a Estefanía Margarita González Núñez, es jefa de Servicio en la Consejería del sector primario del Gobierno de Canarias.

Asimismo, la jueza llama en calidad de testigos a María Elena Rial Rodríguez y Bienvenida Reyes Ojeda el 29 de junio.

Ese mismo día, la magistrada cita para una declaración ampliatoria en calidad de investigados a Taishet Gutiérrez Fuentes y a su tío, Juan Bernardo Fuentes Curbelo. Ordena asimismo realizar «cuerpo de escritura a fin de poder efectuar pericial caligráfica».

También ordena la jueza que se recabe informe técnico de la Intervención General del Estado en relación al expediente incoado al ganadero Alberto Montesdeoca, uno de los investigados desde el inicio del procedimiento.

Pide asimismo que se recabe el expediente original en relación al investigado Julián Santa Bárbara Pérez Alonso.

En el caso Mediador, la jueza investiga una presunta trama de corrupción que habría tenido como cúspide al que fuera diputado socialista Juan Bernardo Fuentes y su sobrino Taishet, así como al general, ya jubilado, de la Guardia Civil Francisco Espinosa.

El tío y el sobrino Fuentes ocuparon la Dirección General de Ganadería del Gobierno de Canarias y supuestamente aprovecharon su cargo para conseguir pagos y otras prebendas de empresarios ganaderos interesados en que se les facilitaran subvenciones o se redujesen o anulasen expedientes sancionadores.