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Francisco José Fajardo y Francisco Suárez Álamo
Las Palmas de Gran Canaria
Domingo, 9 de julio 2023, 12:00
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María Ángeles Lorenzo-Cáceres, la jueza que investiga el llamado caso Mediador, aprecia indicios de obstrucción a la labor de la Justicia por parte del Gobierno canario, en concreto en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca. Así se recoge en una providencia fechada el pasado 6 de julio y a la que ha tenido acceso este periódico.
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En el mismo, la magistrada se refiere al hecho de que desde la Consejería le ha sido remitido un DVD que debía contener copia de expedientes que había solicitado de empresas investigadas y que le llegó vacío. Pero añade la jueza que no entiende cómo ese envío y la documentación requerida puede estar pasando por las manos de Estefanía Reyes González, jefa de servicio en la Consejería y una de las personas investigadas.
Es la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía quien alerta a la jueza de esa «incidencia». En consecuencia, la jueza acuerda libra «con urgencia» un oficio dirigido a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca «a fin de que se adopten las medidas internas oportunas en relación a los expedientes que este Juzgado está recabando, toda vez que los expedientes a recabar en modo alguno pueden ser preparados para su remisión por una de las partes investigadas dado que no garantiza, como ha ocurrido, la remisión íntegra de las actuaciones a investigar, pues tal y como ha ocurrido la documentación dependiente de su servicio ha sido remitida con un DVD vacío, pudiendo incluso apreciarse por tales conductas nuevas figuras delictivas a adoptar como la obstrucción a la Justicia».
Por todo ello, la jueza «solicita nuevamente» a la Consejería que se proceda nuevamente al envío de la documentación solicitada pero siempre que lo haga «personal no investigado en esta causa a fin de garantizar la remisión íntegra de las actuaciones que afectan a la investigada».
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En este mes, la jueza tomará declaración en calidad de investigada a la jefa de servicio Estefanía Reyes González y al viceconsejero del Sector Primario Álvaro de la Bárcena Argany. Ambos fueron citados tras apreciar indicios de prevaricación y revelación de secretos en la tramitación del expediente que concluyó declarando prescrita una sanción que se iba a imponer a la ganadería del empresario tinerfeño Alberto Montesdeoca. Este es otro de los investigados en la causa, tras detectar la Policía que realizó, presuntamente, pagos a la trama creada por Juan Bernardo Fuentes y su sobrino Taishet, con la mediación de Marco Antonio Navarro Tacoronte.
En la investigación se ha acreditado que hubo intercambio de correos entre Álvaro de la Bárcena, Estefanía Reyes González, Taishet Fuentes al respecto, con varios mensajes con copia a la entonces consejera, Alicia Vanoostende.
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