Lorenzo cree que la amnistía afectaría a la igualdad y la seguridad jurídica de España

El máximo responsable de los jueces de las islas hizo esta reflexión durante la ceremonia de apertura del Año Judicial, un acto en el que estuvieron presentes autoridades judiciales, políticas, militares, policiales y de diferentes colegios profesionales.

En la parte final de su discurso, Lorenzo Bragado no tuvo reparos a la hora de expresar que «borrar unos determinados hechos y no otros» puede afectar a los principios antes referidos de «igualdad y seguridad jurídica», añadiendo que esto además supondría «deslegitimar no solo la actuación de los tribunales sino de todo el Estado. Y hay que decirlo», enfatizó.

Al magistrado le resultó «obvio» dejar claro que «en España los jueces y los fiscales no persiguen a nadie por sus ideas. Se persiguen hechos tipificados como delito en el Código Penal, y se juzgan, por supuesto, con todas las garantías. Parece obvio, pero no puede dejar de decirse», volvió a reiterar, todo ello con «el auxilio de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en funciones de policía judicial», enfatizó.

«Procede traer a colación la cita de Bertolt Brecht, no por más conocida menos oportuna: '¿Qué tiempos serán los que vivimos, que hay que defender lo obvio?'», dijo. «Pues obvio es que no todo lo prohibido expresamente está permitido. La Constitución de Weimar, por ejemplo, no prohibía las leyes habilitantes. Y hay que recordarlo», reflexionó Lorenzo Bragado, quien hizo suyas las manifestaciones a este respecto realizadas días atrás por el actual presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte. «Creo que los ilusionistas del Derecho van a aparecer de nuevo con sus arbitrios mágicos para convencernos de la bondad constitucional de la amnistía que, a mi juicio, los más prudentes cuestionan», repitió el presidente de TSJC.

Estas manifestaciones recibieron el aplauso de los asistentes, aunque hubo algunas autoridades políticas como la alcaldesa de la capital grancanaria, Carolina Darias, que no respondió con palmas a su discurso.

Además, Juan Luis Lorenzo Bragado aprovechó, un año más, su discurso para volver a quejarse de la «insostenible» situación de interinidad perpetua en la que están establecidos los miembros del CGPJ por la falta de consenso político necesaria para acordar su renovación.

«Urge la renovación del Consejo, porque es una exigencia de la Unión Europea, porque afecta al Estado de Derecho y porque está perjudicando gravemente el funcionamiento del Poder Judicial», expuso. Y «urge, también, una vez renovado el Consejo, la modificación de la LOPJ para acomodar el sistema de elección de los vocales judiciales a los referidos estándares europeos», espetó, instando a sus compañeros de carrera a «alzar la voz y exigir que se respeten y se cumplan las resoluciones judiciales, porque, en definitiva, ello constituye una de las exigencias del Estado de Derecho».

Por último y, reconociendo que podría «parecer ingenuo», quiso hacer unas peticiones «a pesar de todo». Dijo «confiar» en que «los intereses partidarios no se pongan nunca por encima de los intereses del Estado» y en que los demás poderes del Estado «sean respetuosos con el poder más débil, el Poder Judicial».

En él descansan «la garantía de la libertad y de los derechos de todos los ciudadanos», recalcó Lorenzo Bragado.

El presidente del TSJC indicó que la alta pendencia del 11% registrada en las islas se «agudizó» este año 2023 por «el efecto de las huelgas que han protagonizado letrados y funcionarios», observó.

Además, se quejó amargamente que de los cinco órganos judiciales creados en 2022, tres no han entrado aún en funcionamiento. «Constatamos con preocupación que la administración no va a cumplir con la fecha comprometida para la entrada en funcionamiento de esas tres unidades que era el 30 de septiembre».

Estos órganos son el Juzgado de Instrucción n.º 4 y el de Primera Instancia n.º 6 de San Bartolomé de Tirajana y el Juzgado mixto n.º 5 de Granadilla de Abona. «Y son juzgados que hacen mucha falta», añadió.

Durante su discurso, JuanLuis Lorenzo Bragado comentó que los 211 órganos judiciales de Canarias registraron un 6% más de asuntos que en 2021. Se trata de un aumento que afectó a todos los órdenes jurisdiccionales, salvo el contencioso administrativo, siendo especialmente relevante en la jurisdicción civil, en que subió un 14%.

La tasa de litigiosidad fue de 181 asuntos por cada 1.000 habitantes, la más alta de España por sexto año consecutivo, muy por encima de la media que está en 141 asuntos.

Por su parte, la tasa de resolución aumentó el 1,6%, «lo que demuestra el esfuerzo y dedicación de los actores de la justicia, que son los jueces y magistrados, sin olvidar la imprescindible contribución de los Letrados de Administración de Justicia, fiscales, funcionarios, forenses, peritos e intérpretes».