Un embarazo evita el desalojo del edificio portuario del Charco

La decisión judicial vino a ser el colofón a una conversación tensa, durante cerca de media hora de duración, con presencia de cuatro patrullas de la Policía Portuaria y un par de patrullas de la Policía Local de Arrecife. Fue fundamental la ayuda de un traductor de la lengua árabe. Se da la circunstancia de que M.B.; el usurpador del edificio portuario, es de condición magrebí y alega no tener buen conocimiento de la lengua castellana.

La conversación tuvo lugar en la plena vía pública, mientras paseaban algunos viandantes, con M.B. junto a un carro de supermercado donde había guardado varios bidones de agua; y con su acompañante dentro del edificio, a veces en la azotea; en ocasiones en el umbral de la puerta, mientras hacía entrega de documento para demostrar su estado gestante.

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Tras darse por buena la versión del embarazo, en voz alta se precisó por la delegación judicial, desplazada en un taxi hasta el Charco de San Ginés, se puntualizó que el 16 de junio era el día tope para proceder a la salida de la vivienda ocupada. Y con la advertencia añadida de que en ese viernes, ante la presunción de que no se irá la pareja antes, la representación oficial se acompañará de patrullas de la Policía Nacional y de una ambulancia, para trasladar a la mujer al punto que se pueda determinar.

Ante la situación señalada, por parte de la Policía Portuaria se ha decidido mantener el operativo de custodia del edificio. Desde hace semanas se cuenta con dos patrullas en labores de vigilancia, en cualquier hora. Con ello al menos se ha evitado que entren nuevos ocupantes ilegales. Incluso se ha evitado que M.B. alquile habitaciones, como CANARIAS7 avanzó; abortando la entrada de nuevos inquilinos, que llegaron a reconocer a los agentes que habían apalabrado un abono periódico.

La usurpación del edificio, que la Autoridad Portuaria prevé ceder para usos públicos, tuvo lugar en otoño del pasado año. Duró la ocupación hasta el 10 de enero se pudo concretar el desalojo. No obstante, a comienzos de febrero nuevamente M.B. volvió a entrar por la fuerza en el recinto, llegando incluso a amenazar con causar daños físicos a su compañera en caso de que se intentara paralizar la ocupación.

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Hace semanas que el Juzgado de Instrucción 2 de Arrecife ordenó el desalojo, que se recurrió. La Audiencia Provincial ratificó la decisión, que incluye multa de 540 euros, a razón de una cuota diaria de 6 euros durante 90 días, que podrá compensar por un día de cárcel por cada dos cuotas sin pago.