El Instituto Canario de Seguridad Laboral proyecta visitas a 600 empresas

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Elena Máñez, presentó este viernes el Plan de actuación para 2022 del Instituto Canario de Seguridad Laboral (Icasel), con un total de 79 acciones y visitas a más de 600 empresas a lo largo de otro año condicionado por el impacto de la pandemia por Covid-19 en las condiciones de trabajo.

«La crisis sanitaria refuerza aún más el firme compromiso de avanzar en la completa implantación de la cultura preventiva en el ámbito laboral para conseguir un entorno seguro, en colaboración con las restantes administraciones, patronales y sindicatos para beneficio tanto de empresas y personal como de la sociedad en su conjunto», destacó Elena Máñez junto al director general de Trabajo, Alejandro Ramos.

Precisamente, la consejera de Economía resaltó la participación de las confederaciones empresariales y las organizaciones sindicales con mayor representatividad de Canarias, tanto en la aprobación del Plan en el Pleno del Consejo Rector del Icasel como en la ejecución de sus actuaciones a lo largo del año, en las que también intervienen la Inspección de Trabajo y Seguridad y las mutuas colaboradoras con el sistema público. En este sentido, incidió en especial en la labor de acompañamiento, asesoramiento y formación que realiza el Icasel, «con el fin de que cada vez más personas interioricen la importancia de la seguridad y salud en el trabajo».

Las 79 actuaciones recogidas en el Plan de actuación para 2022 del Icasel inciden sobre alguno de sus tres objetivos generales: mejora continua de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo; reducción continua de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales; y avance en la implantación de una cultura preventiva.

Entre ellas destacan, como consecuencia de la actual pandemia, iniciativas como el programa de seguimiento y asesoramiento de condiciones de trabajo y prevención de covid-19 en las empresas o el impulso a la evaluación y la adopción de medidas preventivas frente a los riesgos psicosociales en las compañías, para insistir en el cuidado de la salud mental de las personas trabajadoras ya fijadas por las directrices de la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo para los próximos seis años y ahora evidenciadas por las consecuencias de la crisis sanitaria.

Estas medidas, según explicó Alejandro Ramos, se llevarán a las empresas a través de 500 visitas, en las que el Icasel contará con el apoyo de las organizaciones sindicales y empresariales, «para alcanzar al mayor número posible de trabajadoras y trabajadores y facilitar, sobre todo a las Pymes y Micropymes, la implantación de las necesarias medidas en dos aspectos tan relevantes como los contagios por COVID o la detección de posibles riesgos para la salud mental».

También contempla el documento anual una convocatoria de subvenciones autonómica en concurrencia competitiva a proyectos de prevención de riesgos laborales para minimizar el impacto de la COVID-19, con un importe total de 600.000 euros y un máximo por entidad de 40.000 euros para la financiación en patronales sectoriales, organizaciones sindicales y asociaciones de personas trabajadoras autónomas de gabinetes técnicos para el asesoramiento de todos los colectivos.

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