Un incendio para empezar y otro para acabar
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«Hay que ponerse las pilas, ¡coño!, que hay que recaudar», afirmó en 2021 uno de los implicados. Dos años después, a Torres le toca hoy intentar apagar un fuego que ya es nacionalSecciones
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«Hay que ponerse las pilas, ¡coño!, que hay que recaudar», afirmó en 2021 uno de los implicados. Dos años después, a Torres le toca hoy intentar apagar un fuego que ya es nacionalNecesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad.
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El 18 de marzo de 2021 el intermediario del caso Mediador, el ahora famoso Marco Antonio Navarro, está intentando ampliar la lista de empresarios subidos a la trama de presuntas corruptelas. Algunos se han caído por el camino, cansados de hacer pagos, ya sea a la asociación deportiva de Tetir que controla Juan Bernardo Fuentes, o con transferencias a otros integrantes del clan. Como también los hubo que se cansaron de pagar servicios de prostitución y otros excesos nocturnos.
En ese contexto, Miguel Ángel Robayna, cuya empresa, Hispano Robysa, elaboraba facturas presuntamente falsas para dar cobertura a la trama, trata de insuflar ánimos al mediador: «Tenemos mucho trabajo, ¡joder! Que ya sé lo que hay que hacer. Así que, venga, a ponernos las pilas, ¡coño! que hay que recaudar».
En realidad, Robayna García buscaba dinero fresco porque se había tropezado con un problema con el que no contaba: hizo muchas facturas para favorecer a otros, pero no calculó que tenía que afrontar pagos por el Impuesto General Indirecto Canario.
Según los informes policiales a los que ha tenido acceso este periódico, Robayna García empieza a mutar: pasa de testaferro a aprendiz de intermediario. Centra para ello sus aspiraciones de negocio en la presencia de Raúl Gómez Rojo, alias 'el Fotovoltaica', el empresario peninsular que cierra la lista de incorporaciones a la trama en la vertiente de los inversores.
Gómez Rojo tiene aspiraciones, según acreditan las conversaciones, de hacer caja por la vía de constituir uniones temporales de empresa, repartiendo comisiones a los políticos a través de empresas locales pequeñas. Es lo que él llama el «bocata de calamares» para el gobernante.
El entusiasmo, en todo caso, le dura poco a Robayna. A los tres meses ve que los negocios no fructifican como pensaba y amenaza con tirar de la manta.
Así, en junio de 2021 el diputado socialista Juan Bernardo Fuentes avisa a Marco Antonio Navarro: «Hay otro que te va a denunciar». El primero habría sido, según la Policía Nacional, el empresario del negocio de los drones Suárez Estévez. «Pero tío, tú de qué vas por la vida», le espeta Fuentes a Navarro. «Y me llaman a mí como si yo pudiera resolver tus asuntos».
Los informes policiales subrayan que Robayna García, que fue detenido y quedó en libertad con cargos, tenía un papel relevante en la trama: hizo facturas para encubrir a otros, abrió «al menos una cuenta con el único fin de cobrar pagos ilícitos» de empresarios, y puso a disposición del clan la cuenta de su sociedad para las «dádivas» a los Fuentes y al general Francisco Espinosa.
Esa arenga a ponerse «las pilas, ¡coño!, que hay que recaudar» es una de las muchas grabaciones que obran en poder de la Policía Nacional gracias a que en 2022 Navarro accede a colaborar con la Justicia. Un año después de entregar sus teléfonos móviles, la publicación de ese material recopilado entre 2020 y 2021 ha dinamitado la escena política nacional, entrando de lleno en la precampaña electoral para el 28 de mayo, y también ha hecho saltar por los aires los planes que tenía el Gobierno de Canarias para el debate del estado de la nacionalidad que arranca este martes en Tenerife.
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A su pesar, el presidente Torres tendrá que hablar hoy desde la tribuna del Parlamento del caso. Y lo hará. Empezó el mandato con un incendio de dimensiones gigantescas en Gran Canaria y ahora se ve con un fuego político que ha saltado de las islas al corazón mediático y político de España. Todo ello porque uno de los protagonistas estaba hasta hace diez días sentado en un escaño del Congreso, acudía a cenas en el restaurante Ramsés de Madrid con una quincena de parlamentarios, daba lecciones desde la tribuna sobre cómo combatir el fraude... y por las noches acababa en un hotel o en un club de alterne con prostitutas y un edecán que le llevaba un par de Coca Colas para ayudar a prolongar la vigilia.
Ayer hasta Isabel Díaz Ayuso entró en escena. Lo hizo en un acto en Barcelona, donde pronosticó que «Tito Berni», como se llama en algunos pasajes de las conversaciones grabadas a Juan Bernardo Fuentes, hará caer al Gobierno de Pedro Sánchez. Los socialistas no creen que sea para tanto, pero sí están asustados. Se aferran a que el partido actuó con contundencia desde el primer momento, obligando a Fuentes a renunciar a su escaño y apartando a este y a su sobrino de la militancia. Pero no les ayuda que el ya exparlamentario se pasee alegando que tiene la conciencia tranquila y que su intimidad no es patrimonio de debate público alguno.
Como tampoco ayuda al PSOE canario descubrir que los investigadores pusieron en negro sobre blanco en informes elevados a la jueza que estaban ante «la punta del iceberg» de un caso de corrupción que cuestiona la credibilidad del sistema democrático por la relevancia de sus protagonistas. O que Asuntos Internos de la Guardia Civil escribiera a finales de 2022 que tiene sospechas de otros «actores» en la trama, incluyendo entre ellos al que fuera director del Servicio Canario de Salud.
En medio de ese incendio, Torres hoy tratará de apagar las llamas. Hace cuatro años pasaron varios días hasta conseguirlo y hubo una legión de personas trabajando mañana, tarde y noche. Aquí es al revés:hay una legión echando gasolina y el PSOE sigue sin saber si hay depósitos de combustibles ocultos bajo sus pies. O sin querer mirar...
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