Telde solo tramitó una decena de expedientes de 600 infracciones

Los agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) detectaron, en el marco de una investigación sobre la proliferación de construcciones ilegales en Telde, que entre 2021 y 2022 la concejalía de Urbanismo solo tramitó una decena de expedientes de las 600 infracciones urbanísticas de las que tuvo conocimiento.

El concejal que estuvo al frente de ese departamento en esa etapa fue Héctor Suárez, de ahí que haya sido señalado por el Seprona como presunto responsable de los delitos que pudieron derivarse de la inacción en la que, según entiende esta unidad especializada, incurrió el Ayuntamiento de Telde.

Además, por los datos recabados por este periódico, de esa decena de expedientes no se llevó a término ninguno, y ello a pesar de que un informe técnico instaba en todos los casos a emprender los trámites administrativos pertinentes para el restablecimiento de la realidad física alterada.

En bastantes de estos casos, las denuncias, tanto de particulares como fruto de la iniciativa policial, daban parte de la existencia de construcciones sin licencia en suelos rústicos y, por tanto, no legalizables. Los agentes del Seprona, en el trabajo de campo de la llamada Operación Domos, que se centró en Telde y que detectó unas 170 edificaciones irregulares, se dieron cuenta de que muchos de esos inmuebles ilegales contaban con contadores y con dotación de servicio público de agua de abasto, pese a que, en teoría, y según la legislación, no podrían tenerlo.

El seguimiento de esa pista les llevó al proyecto de emergencia que impulsó Suárez en 2022, en su doble condición, además, de edil de Urbanismo y de Aguas, para llevar agua a esas viviendas. Muchas de ellas están ubicadas en núcleos diseminados que se iban a quedar sin suministro. A esas casas les llegaba de una empresa familiar que gestionaba varios pozos, pero que decidió dejar de prestarles ese servicio, de ahí la decisión de Suárez.

Aquel proyecto se le adjudicó a Construplan por 691.000 euros, pero la factura final ascendió a 912.636 euros. Se desplegaron 3.000 metros de tuberías que beneficiaron a El Mayorazgo, Jerez, Montaña Las Huesas, Piedra Molino, Salinetas y El Paredón, aunque algunos de esos núcleos no figuraban en el contrato, por lo que se ejecutaron, según fuentes del caso, fruto de encargos verbales.

A raíz de esta investigación, el Seprona ha hecho llegar a los juzgados unas diligencias en las que achaca a Suárez la presunta comisión de cuatro delitos: contra la ordenación del territorio, malversación de caudales públicos, negociaciones prohibidas a las autoridades o los funcionarios públicos y prevaricación urbanística. También figuran como investigados la jefa municipal de Urbanismo y el gerente y el jefe de Acometidas de Aguas de Telde, la empresa que gestiona el abasto en la ciudad.

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