El Seprona investiga al exalcalde de Telde Héctor Suárez por cuatro presuntos delitos

El Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) ha abierto diligencias contra el exalcalde de Telde, Héctor Suárez, por la presunta comisión de cuatro delitos, según la información a la que ha tenido acceso este periódico.

La investigación de la Benemérita se centra en la etapa del mandato anterior, entre 2021 y 2023, en la que ejerció de edil de Urbanismo y Aguas y, en concreto, en su proyecto de llevar agua de abasto público a casas fuera de ordenación, algunas de ellas fruto de reparcelaciones ilegales en suelo rústico, situadas en diversos diseminados del municipio.

El Seprona ya hizo comparecer como investigado al que fue alcalde de la ciudad entre 2019 y 2021 para que declarase en dependencias policiales el pasado miércoles. Entre los presuntos delitos que se le atribuyen figuran, al menos, cuatro: contra la ordenación del territorio, malversación de caudales públicos, negociaciones prohibidas a las autoridades o los funcionarios públicos y prevaricación urbanística.

Según fuentes del caso, también están implicados en esta misma causa y han sido citados a declarar ante la Guardia Civil en calidad de investigados la actual jefa de Urbanismo del Ayuntamiento; el gerente de Aguas de Telde, la empresa mixta que gestiona el servicio público de abasto y saneamiento; y el jefe de Acometidas de esta misma entidad.

Las diligencias, que en breve serán tramitadas ante los juzgados de Telde, ponen el foco en dos supuestas irregularidades: una, la inacción de la corporación local annte las aproximadamente 600 infracciones urbanísticas o contra la ordenación del territorio de las que tuvo conocimiento fehaciente entre 2021 y 2022; y otra, el proyecto de promover y financiar con dinero público la dotación del servicio de agua de abasto, con canalizaciones y contadores, a muchas viviendas que se hallaban y se hallan aún fuera de ordenación o en situación irregular en varios diseminados poblacionales de Telde, como es el caso de El Mayorazgo, Jerez, Montaña Las Huesas, Piedra Molino, Salinetas y El Paredón.

No en vano, el Seprona ya solicitó este proyecto al Ayuntamiento, una medida con la que, según informó Suárez entonces, buscaba dar una respuesta a todas aquellas construcciones que se quedaron sin suministro de agua después de la decisión de la empresa Fraindagua SL de dejar de abastecerles. Aquella entidad, de capital familiar y con varios pozos en propiedad, les hacía llegar agua de riego, no de abasto.

La medida impulsada por Suárez tuvo un coste para las arcas públicas de casi un millón de euros, 912.636 euros, fue adjudicada a Construplan y consistió, entre otras acciones, en el despliegue de 3.000 metros de tubería. Según ha podido saber este periódico, el Ayuntamiento aún no ha abonado el coste de esa obra.

En esencia, la Guardia Civil achaca a Suárez y a los otros investigados que, lejos de ejercer su papel de hacer cumplir la ley a los que habían incurrido en infracciones urbanísticas graves al construir sus casas, contribuyeron a consolidarlas garantizándoles un servicio público.

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