El edificio del antiguo Multicines Telde se encuentra en ruinas.

Multicines Telde ratifica su derecho a recibir los 5 millones que aún le debe el Ayuntamiento

La corporación local solicitó pagar a Aliseda pero los exconcesionarios alegan que tienen que recibir su parte de la deuda

Juan Pérez Benítez
JUAN PÉREZ BENÍTEZ Telde

El administrador de Multicines Telde ratifica la posición de su empresa en la que todavía mantiene el derecho a recibir 5 de los 6,1 millones que aún le debe el Ayuntamiento por la obra de las salas de cine que se levantaron en el casco histórico de Telde en 1998.

Esto se debe a que «no existe ninguna sustitución procesal» en este caso, como indican desde la empresa familiar, con la que ha podido hablar este periódico para recoger su versión. Expresan que continúan manteniendo el derecho de cobro y que en ningún momento los jueces le han otorgado esa facultad a Aliseda, la inmobiliaria asociada al antiguo Banco Popular, entidad bancaria con quien Multicines firmó la hipoteca. Explica, además, q ue «Aliseda, como único, tiene una expectativa de derecho ya que se subroga en la posición del Banco Popular, la cual desconocen».

El gobierno local, tras la negativa de la institución judicial a la solicitud para sustituir al destinatario de los 5 millones que restan por abonar, se desentiende y consignará la cantidad total en el Juzgado de Telde para que este decida a quien darlo.

Una situación que ha variado después de haberse roto el pacto que acordaron la administración pública y la adjudicataria en 2018 por el que, en un principio, se debía efectuar el pago en un plazo de cinco años, entre 2020 y 2024. Si desde el consistorio alegan que fueron ellos quienes anularon el acuerdo unilateralmente después de, supuestamente, descubrir que la empresa había suscrito la hipoteca con el edificio como aval, de propiedad pública, a espaldas de la institución local, el administrador de la entidad familiar ha querido rectificar esta información para dejar conciencia de que «fuimos nosotros quienes rompimos el pacto porque el Ayuntamiento no cumplió con los plazos que estaban recogidos en la sentencia judicial», en la que se registra como fecha límite el 31 de diciembre de cada año.

Por esa razón, la semana pasada el gobierno local celebró un pleno con carácter extraordinario para responder al tribunal, quien le impuso un plazo de cinco días antes de llevar a cabo acciones coactivas.

Además, para desmentir la acusación que se le hace desde el consistorio por deslealtad en la tramitación, argumentan que «en una concesión administrativa es imposible que hayamos podido avalar un inmueble sin consentimiento del propietario, el banco no nos hubiese dejado firmar la hipoteca». Asimismo, explica que la institución «siempre se ha personado en cada sentencia judicial, también el día en el que el Banco Popular realizó la ejecución hipotecaria haciendo efectivo su derecho de embargo del inmueble».

Para demostrar que no hablan por hablar, se apoyan en el Pliego de Condiciones Técnicas de la Concesión Administrativa del expediente del proyecto, donde se recogen todas las autorizaciones por parte del ente oficial. «El Ayuntamiento permitió la hipoteca con su firma, por lo que eran conocedores, entre otras cosas, de que el edificio se ponía como aval», ratifican.

Un expediente que han tenido que aportar ellos mismos a la gerencia hasta en dos ocasiones porque el ente público «no sabía donde lo guardaba».

Este es un tema que ya cansa a los dueños de las antiguas salas de cine que ahora se han convertido en un vandalizado recinto comercial en la calle El Roque. Por eso, si el gobierno municipal considera finalmente pagar la totalidad de la deuda en un solo pago, sería un «alivio» para la familia Melo, que podría solucionar satisfactoriamente de una vez por todas la hipoteca que tienen a su nombre desde hace más de 20 años.