Caidero en el barranco de Azuaje. / Orlando torres sánchez

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Un plan para salvar los barrancos que llevan agua

Naturaleza. Un estudio ambiental promueve acciones para conservar el hábitat de esos cauces, entre las que figura una especie de pacto por el agua

Gaumet Florido
GAUMET FLORIDO Las Palmas de Gran Canaria

La Cumbre se seca, y con ella, los pocos barrancos por los que aún discurre agua. Apenas quedan manantiales, y los que hay, están, en su mayoría, sobreexplotados. Un estudio promovido por la Federación Ben Magec-Ecologistas en Acción y financiado a través de las Ayudas Leader que gestiona AIDER Gran Canaria con fondos del Feader, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, Gobierno de Canarias y Cabildo de Gran Canaria, ha investigado la clave para mantener con vida los delicados ecosistemas que sobreviven en los barrancos de Azuaje, Los Cernícalos y la cuenca de Tejeda-La Aldea, que dependen de que por sus cauces siga circulando el agua. Y entre las conclusiones a las que ha llegado figuran, por un lado, la necesidad de que la ciudadanía tome conciencia de lo amenazados que están y, por el otro, la conveniencia de impulsar un manifiesto por el agua que comprometa a todas las partes a garantizar la conservación y mantenimiento de esos hábitats de barrancos e implicarse en la planificación hidrológica.

Ese manifiesto, para el que ya existe una propuesta, vendría a ser una especie de pacto por el agua en Canarias que deberían firmar las administraciones, el sector agrario, las comunidades de regantes y heredades de agua, asociaciones, universidades y centros de investigación. Busca promover un compromiso común para que entre todos se desarrolle una estrategia que combine las demandas sociales que depara el agua con el cumplimiento de las directivas europeas que exigen «el buen estado ambiental de las masas de agua y de los ecosistemas asociados a ella».

Con ese objetivo, que los promotores del manifiesto creen imprescindible que empiece a aplicarse en 2022, plantean el impulso de políticas que garanticen la conservación y mantenimiento de esos hábitats, el establecimiento de estrategias de custodia del territorio y el manejo de esas masas de agua desde la perspectiva del ciclo integral del agua.

Con esa hoja de ruta en la brújula, s olicitan la adopción de medidas más concretas, como la declaración de áreas sobreexplotadas de aquellas zonas de la isla que tengan masas de agua en mal estado, tanto cuantitativo (es decir, en las que se haya producido una merma) como cualitativo (por culpa de la salinización y la contaminación). En ese sentido, plantean la necesidad de establecer una regulación de la cuenca que limite la explotación excesiva de los pozos con el objetivo de recuperar los nacientes.

En el estudio indican que, según referencias bibliográficas, en 1933 existían en Gran Canaria 285 manantiales, con un caudal medio de 3,7 litros por segundo, y una producción anual de 33 hectómetros cúbicos, muchos de ellos con caudales superiores a 10 litros por segundo. Sin embargo, ya en 1972 se pudo constatar que apenas llegaban a 100, con una producción total de 3 hectómetros cúbicos al año, y de los que solo 20 tenían un caudal superior a 1 litro por segundo.

Si a esa sobreexplotación del acuífero, sostenida durante décadas a través de pozos y sondeos de los que no se conoce «de forma fidedigna» su número y producción, se le unen las derivaciones que se hacen de los caudales que discurren por los barrancos, los entubamientos y la caída de la pluviometría en el último cuarto de siglo en más de un 60%, comparados los datos con los del primer cuarto del siglo XX, se conforma el cóctel perfecto que explica la situación crítica en la que se halla el ecosistema de barranco en Gran Canaria, y en particular, el vinculado a cursos libres de agua.

Otra de las medidas por las que se apuesta es por promover un uso responsable del agua, lo que implica evitar el trasvase de aguas de zonas altas hacia la costa. Y es que para abastecer las tierras cerca del litoral, el desarrollo tecnológico actual permite otras opciones, como el agua desalada o las aguas regeneradas (tratamiento terciario de las aguas depuradas). Los técnicos que han desarrollado este estudio apuestan por la necesidad de llegar a acuerdos con las heredades de agua y con las comunidades de regantes para compensarles económicamente por el hecho de permitir que el agua fluya libremente por el cauce y por que eviten, en lo posible, el entubamiento de canales y cauces o el desvío de caudales. Eso pasaría también por darles respuesta a sus demandas hídricas con aguas de producción industrial y por la mejora de la gestión de los recursos hídricos, mediante la implantación de sistemas de aforamiento y reducción de pérdidas, la actuación sobre las tarifas o la introducción de mejoras en las técnicas disponibles de riego.

También incide este proyecto en la conveniencia de la puesta en marcha de acciones educativas «para que la sociedad entienda y asuma el coste social y ambiental del agua y su papel central para la vida sobre el planeta». Están convencidos los autores de este estudio de que el respeto a la naturaleza «es la herramienta más efectiva para luchar contra el cambio climático».

Una de las galerías que alimentan el barranco de Los Cernícalos. / orlando torres sánchez

Ello, además, contribuiría, en este caso concreto, a un uso más sostenible de los barrancos de la isla por parte de la ciudadanía, y en particular, de aquellos cauces por los que discurre el agua, convertidos en lugares de esparcimiento de la población. «El problema es que, en ocasiones, más que un uso se hace abuso», apuntan estos autores, y ese comportamiento acaba afectando de forma significativa a esos ecosistemas. La gente se sale de los caminos, hace excesivo ruido... Es por eso que entre las medidas que plantean figure la de estudiar la capacidad de carga, es decir, de visitantes, que pueden soportar estos barrancos sin que se ponga en peligro el medio ambiente y mejorar la vigilancia efectiva y una gestión activa de las Zonas de Especial Conservación de la Red Natura 2000.

Y finalmente creen necesario varias acciones dirigidas a la protección en sí del ecosistema. Una de ellas es la implementación de estudios que determinen las necesidades ambientales de agua que tienen cada uno de esos ecosistemas de barranco y que, mientras se desarrollen, el Plan Hidrológico de Gran Canaria tome medidas cautelares que impidan que en ese tiempo se produzca un desfase que complique luego la adopción de acciones o que, directamente, se haya dañado ya el ecosistema de forma irreversible. Por eso, de manera urgente, instan a que cuanto antes se realicen los aforos de agua, se defina el estudio del área de influencia, y se adopten esas medidas cautelares que impidan la derivación de caudales o su extracción.

Y otra acción que proponen es el control de las especies exóticas invasoras, como la caña y la zarza. Sin ir más lejos, la caña consume entre tres y diez veces más agua que las especies autóctonas, crece entre 3 y 4 centímetros al día, disminuye la capacidad de evacuación del agua e impide el desarrollo del bosque de ribera, que es el que crece en estos ecosistemas, además de ser un gran y peligroso conductor de incendios.