Cementera de Aguineguín. / c7

La patronal turística advierte a Franquis de las consecuencias legales de mantener la cementera en Arguineguín

Mañaricua remite un escrito al consejero

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria

La patronal turística de Las Palmas, representada en la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo, ha remitido al consejero de Obras Públicas del Gobierno canario una carta en la que le alerta de que una prórroga de la concesión de la cementera Ceisa en Arguineguín iría contra el ordenamiento y la legalidad.

Así se recoge en una carta firmada por José María Mañaricua, presidente de la FEHT, en la que se detallan los reparos jurídicos para la prórroga de esa concesión.

Como es sabido , Ceisa pretende seguir con la cementera en Arguineguín hasta 2046, aferrándose a que sigue viva en paralelo la concesión de la cantera de San José.

Sin embargo, como recuerda la FEHT no cabe esa vinculación desde el punto de vista jurídico, a lo que se une el hecho de que el planeamiento vigente no permite una actividad como la de la cementera en el puerto una vez caduque la concesión.

Franquis es presidente de Puertos Canarios, titular de la instalación portuaria de Arguineguín. Además, recibió el encargo del presidente Torres de encabezar la comisión interdepartamental del Gobierno que debía estudiar el caso de la cementera y proponer una solución al Ejecutivo.

El texto de la carta de Mañaricua dice así:

«El pasado 8 de marzo de 2022, y en la representación que ostento, presenté un escrito, profusamente motivado, en el que solicitaba que esta Administración a la que me dirijo reconociera y tuviera en cuenta, antes de adoptar cualquier decisión sobre el futuro del Puerto de Santa Águeda, los siguientes hechos y consideraciones jurídicas:

1) Que el plazo de duración de la concesión portuaria otorgada a «CEMENTOS ESPECIALES DE LAS ISLAS, S.A.» (CEISA) para la construcción y explotación de este puerto de Santa Águeda expiró el 9 de marzo de 2020, por lo que no cabe jurídicamente prorrogar su vigencia (en los términos solicitados por la concesionaria).

2) Que aun entendiendo que el título concesional de CEISA siguiera vigente (hasta el 28 de octubre de 2022) la prórroga de este título concesional sería jurídicamente inviable (por las razones que en dicho escrito -y en el dictamen jurídico que al mismo se acompañó, del Catedrático de derecho Administrativo D. Francisco Villar Rojas- se exponían y damos en este punto por reproducidas).

3) Que el mantenimiento del actual uso industrial del puerto de Santa Águeda resulta incompatible con el planeamiento territorial vigente y que cualquier decisión que permitiera, siquiera parcialmente, el mantenimiento de este uso industrial (incluso compatibilizándolo con el turístico) sería contraria al ordenamiento jurídico.

4) Y que el planeamiento territorial vigente, de carácter normativo vinculante y de obligado cumplimiento por parte de la Administración autonómica canaria, exige la transformación del puerto de Santa Águeda en un equipamiento deportivo y de ocio al servicio de la futura zona de expansión turística de Santa Águeda, descartando cualquier otro uso y muy particularmente el mantenimiento del actual uso industrial.

Este escrito no ha obtenido de momento respuesta; y tampoco consta que por parte de esta Administración autonómica se haya adoptado decisión alguna sobre el futuro del puerto de Santa Águeda ni sobre la solicitud de «prórroga» de la concesión demanial portuaria que al parecer ha sido formulada por CEISA.

Entretanto, con fecha 5 de abril de 2022, el Gobierno de Canarias ha contestado por escrito a una pregunta formulada por el Diputado del Grupo Popular don Manuel Domínguez González sobre la «situación jurídica de la concesión administrativa en suelo portuario para la actividad de la cementera del puerto de Santa Águeda, en Arguineguín, Gran Canaria» en la que se afirma:

«En la actualidad, la entidad mercantil Cementos Especiales de las Islas, S.A. (CEISA) disfruta de una concesión sobre ese puerto otorgada por Orden Ministerial de 11 de octubre de 1972, cuya duración, de 50 años, empezó su cómputo con fecha de 28 de octubre de 1972. Esta concesión ha sido objeto de diversas modificaciones y ampliaciones (21 de junio de 1974, 22 de noviembre de 1985 y 9 de marzo de 1990, formalizada esta última el 15 de octubre de 2001) que no afectaron a la duración de la concesión inicial, la cual vence el 28 de octubre de 2022. Además, CEISA ha solicitado con fecha de 23 de marzo de 2021, ante la entidad pública empresarial «Puertos Canarios», una nueva concesión sobre el Puerto de Santa Águeda hasta el 22 de julio de 2046, en base a la normativa de costas y puertos, por su vinculación con la concesión de explotación minera que ostenta sobre una cantera de su propiedad situada a dos kilómetros del puerto. Esta concesión minera fue otorgada por Resolución del Director General de Minas e Industrias de la Construcción de 28 de agosto de 1978, como consecuencia de la tramitación de un expediente de consolidación del derecho de explotación de una cantera otorgada con fecha de 18 de septiembre de 1957. Posteriormente, por Resolución n.º 1233/2016, de 25 de julio de 2016, de la Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias, se otorgó prórroga de la concesión minera por un periodo de 30 años (hasta julio de 2046).»

Paralelamente, se han difundido recientemente en los medios noticias que apuntan a una aparente voluntad de esta Administración autonómica de:

declarar que la concesión portuaria de CEISA quedó tácitamente prorrogada, por accesoriedad, al tiempo de serle otorgada a esta misma entidad, con fecha 25 de julio de 2016, la prórroga de la concesión de explotación minera denominada «San José»;

o bien otorgar ahora a CEISA una nueva concesión portuaria o prorrogar expresamente la concesión portuaria que le fue en su día otorgada.

En este contexto, y ante el aparente riesgo cierto de que esta Consejería pueda dictar una resolución que declare que la concesión portuaria otorgada en su día a CEISA quedó tácitamente prorrogada al prorrogarse -el 25 de julio de 2016- la concesión minera de la que es titular esta misma entidad (por la supuesta -y expresamente invocada- «vinculación» que existiría entre ambas concesiones), o ante el riesgo de que a CEISA le pueda ser ahora otorgada una nueva concesión o una prórroga expresa de la aludida concesión portuaria, me veo obligado a poner de manifiesto que una resolución en este sentido sería arbitraria, contraria a la razón, la justicia y las leyes, desviándose de la praxis administrativa de una manera flagrante, notoria y patente, por las razones que en el cuerpo de este escrito y de forma ordenada se exponen.

Desde esta FEHT le instamos consecuentemente a resolver el expediente abierto con estricta sujeción al ordenamiento jurídico, rechazando las inasumibles pretensiones ejercitadas por CEISA.

En este sentido, y como complemento de lo ya manifestado por esta FEHT en su anterior escrito de 8 de marzo de 2022, vengo a realizar las siguientes

Manifestaciones y observaciones

PRIMERA.- El plazo de duración de la concesión portuaria de CEISA expiró el 9 de marzo de 2020. No es cierto que la duración de la concesión inicial no se hubiera visto afectada por las sucesivas modificaciones del título concesional, como sorprendentemente sostiene el Gobierno de Canarias en la respuesta parlamentaria transcrita en el encabezamiento de este mismo escrito; ni es cierto consecuentemente que la concesión venza el próximo 28 de octubre de 2022

Como detalladamente advertimos y explicamos en nuestro anterior escrito de 8 de marzo de 2022, la concesión portuaria otorgada en su día a CEISA ha de entenderse extinguida, al haber expirado -con fecha 9 de marzo de 2020- su plazo de duración.

En la respuesta parlamentaria que hemos transcrito en el encabezamiento de este escrito, el Gobierno de Canarias afirma sin embargo que la concesión de CEISA, otorgada por Orden Ministerial de 11 de octubre de 1972 tiene una duración de 50 años, empezando este plazo a computarse el 28 de octubre de 1972 y expirando el 28 de octubre de 2022, aclarando que aún cuando esta concesión «ha sido objeto de diversas modificaciones y ampliaciones (21 de junio de 1974, 22 de noviembre de 1985 y 9 de marzo de 1990, formalizada esta última el 15 de octubre de 2001)», las mismas «no afectaron a la duración de la concesión inicial».

E sta afirmación no se sostiene y resulta abiertamente contradicha por los propios títulos concesionales.

En efecto, la resolución por la que se acordó la modificación del título concesional el 22 de noviembre de 1985 (expresamente citada por el Gobierno de Canarias en su respuesta parlamentaria) expresamente señala:

«Esta dirección general, por Delegación del Excmo. Sr. Ministro, ha resuelto:

Someter a la aceptación de CEMENTOS ESPECIALES, S.A. las condiciones y prescripción con arreglo a las cuales se podría autorizar la construcción de la nueva ampliación del dique-muelle de Arguineguín y de la nueva línea de atraque de 40 m de longitud, como ampliación de las obras autorizadas por O.M. de 10 de octubre de 1972, en la bahía de Santa Águeda, término municipal de San Bartolomé de Tirajana, la cual quedará anulada y refundida en la presente, quedando el conjunto de las instalaciones destinadas a la carga y descarga de cemento y materias primas para la fabricación de cemento, sometido a estas condiciones y prescripción con anulación de todos los derechos dimanantes de la citada O.M. anulada y refundida».

La Orden Ministerial de 3 de abril de 1985, por la que se acuerda someter a la aceptación de CEISA las condiciones y prescripción con arreglo a las cuales se podría autorizar la construcción de la nueva ampliación del dique-muelle de Arguineguín y de la línea de atraque de 40 m de longitud (como ampliación de las obras autorizadas por Orden Ministerial de 10 de octubre de 1972), expresamente señala:

«Las obras para las que se solicita autorización son una ampliación de las existentes, es decir se trata de aumento de dimensiones sin variación de destino o de actividades a desarrollar y por tanto estrictamente complementarias de la instalación principal, sin posibilidad de funcionamiento independiente de aquella, por lo que no estaría justificada una independencia meramente jurídica.

Resulta por tanto procedente que no se otorgue una nueva autorización, que daría lugar a la incongruente situación de que de una instalación funcionalmente única, una parte estaría sujeta a unas condiciones de plazo y canon, por ejemplo, y otra parte a otras distintas, con los consiguientes inconvenientes para su titular y sin ventaja alguna para su explotación. En cambio, es procedente que se refunda con la ya existente de modo que todo el conjunto quede amparado por una autorización única, sometido por ello a condiciones uniformes y sin que de ello se derive, naturalmente, perjuicio alguno para el solicitante».

Y este título del año 1985, que anula y refunde la Orden Ministerial de 10 de octubre de 1972 (con anulación de todos los derechos dimanantes de la misma) expresamente prevé un plazo de duración de la concesión de 35 años (que expiraba consecuentemente en el año 2020, no en el 2022). Se afirma en efecto en este título del año 1985:

1º.- La presente concesión, que no implica cesión del dominio público, ni de las facultades dominicales del Estado, se otorga con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Puertos y su Reglamento.

2º.- Esta concesión se otorga por un plazo de treinta y cinco (35) años, salvo los derechos particulares y sin perjuicio de tercero. El cómputo de este plazo se iniciará el día siguiente de la fecha de notificación al concesionario de la presente Orden».

Posteriormente se produce una nueva modificación del título concesional el 9 de marzo de 1990, a la que también alude expresamente el Gobierno de Canarias en su respuesta parlamentaria, como hemos visto. Como explicamos en nuestro escrito de 8 de marzo de 2020 (al que en este punto nos remitimos) el pliego de condiciones expresamente aceptado por CEISA el 9 de marzo de 1990 aclaraba que dichas condiciones se aplicaban no sólo a las obras en ese momento autorizadas, sino a las que habían sido autorizadas en su momento por las órdenes ministeriales de 10 de octubre de 1972 y 22 de noviembre de 1985. La concesión pasa así a regirse en su integridad por las cláusulas y condiciones que el 9 de marzo de 1990 se sometieron a la aceptación de CEISA (muy particularmente en cuanto al plazo y a la tarifa aplicable). Y el plazo de la concesión queda fijado en 30 años a contar desde el día siguiente al de la fecha de notificación al concesionario del acuerdo (cláusula 2ª pliego de condiciones), esto es, desde el 9 de marzo de 1990, por lo que el plazo expiró el 9 de marzo de 2020.

La concesión, modificada en estos términos y con este alcance el 9 de marzo de 1990, quedó formalizada en un documento administrativo que fue otorgado el 15 de octubre de 2001 por Orden departamental del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Aguas del Gobierno de Canarias, refundiendo e integrando en un solo título concesional todos los que, con anterioridad, habían sido otorgados a CEISA.

El Gobierno de Canarias (y muy particularmente esta Consejería, como Departamento competente en la materia) conoce perfectamente estas modificaciones y títulos concesionales, pues expresamente se refiere a ellos en su respuesta parlamentaria.

Y siendo ello así, ¿cómo cabe razonablemente afirmar -como se hace en dicha respuesta parlamentaria- que las diversas modificaciones y ampliaciones de la concesión no afectaron a la duración de la concesión inicial? El plazo de duración de la concesión inicial si quedó expresa y específicamente modificado (quedando fijado en 35 años mediante la Orden ministerial de 3 de abril de 1985 y posteriormente en 30 años con la modificación del 9 de marzo de 1990), por lo que es incierta y puramente arbitraria y voluntarista la afirmación según la cual seguiría vigente el plazo inicial de 50 años a contar desde el 28 de octubre de 1972. El plazo de la concesión, tras la última modificación, quedó fijado en 30 años a contar desde el 9 de marzo de 1990, por lo que dicho plazo expiró el 9 de marzo de 2020, de modo que el título concesional ha de entenderse a día de hoy extinguido y desaparecido del mundo jurídico, sin posibilidad alguna de prórroga.

Hecha esta importante y preliminar advertencia (basada en hechos y datos de los que es perfectamente conocedor el Gobierno de Canarias), pasamos a explicar por qué las distintas propuestas que al parecer le han sido planteadas al Gobierno de Canarias y éste estaría barajando para permitir la permanencia de CEISA en las instalaciones portuarias son abierta y palmariamente contrarias a Derecho (por lo que cualquier decisión administrativa accediendo a las mismas sería manifiestamente ilegal y puramente arbitraria).

Segunda.- No cabe entender que la concesión portuaria haya quedado tácitamente prorrogada como consecuencia de la prórroga de la concesión de explotación minera. Las concesiones sobre bienes integrantes del dominio público no pueden en ningún caso entenderse tácitamente prorrogadas, pues ello atentaría contra el principio de imprescriptibilidad de dichos bienes consagrado en el artículo 132 CE.

La concesión portuaria otorgada en su día a CEISA no pudo entenderse tácitamente prorrogada el 25 de julio de 2016 por el mero hecho de haber sido en ese momento acordada, a favor de esta misma entidad, la prórroga de la concesión de explotación minera «San José» de la que es titular. Ante todo, porque no cabe en nuestro ordenamiento jurídico una prórroga tácita de los títulos de ocupación de los bienes demaniales; la prórroga ha de ser siempre expresa y acordarse, a petición del concesionario, mediante una resolución administrativa que deberá necesariamente ponderar la legalidad, oportunidad y conveniencia de dicha prórroga teniendo en cuenta el interés general y los distintos intereses en conflicto.

Como advierten nuestros Tribunales (podemos citar, por todas, la Sentencia de la Audiencia Nacional de 8 de octubre de 2010 -sec. 1ª, S 08-10-2010, rec. 639/2008, ROJ: SAN 4422:2010, ECLI: ES:AN:2010:4422- y la Sentencia del T.S.J. de Andalucía de 11 de julio de 2014 - Málaga, Contencioso, sec. 3ª, S 11-07-2014, nº 1465/2014, rec. 342/2012, ROJ: STSJ AND 8120:2014, ECLI: ES:TSJAND:2014:8120- ) LA PRÓRROGA TÁCITA DE LAS CONCESIONES DEMANIALES CHOCA Y SE OPONE ABIERTAMENTE AL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE IMPRESCRIPTIBILIDAD DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE (artículo 132 CE y artículos 7 y 8 de la ley de Costas).

En la misma línea, la STSJ de la Comunidad Valenciana de 30 de junio de 2020 (sec. 5ª, S 30-06-2020, nº 578/2020, rec. 538/2018ROJ: STSJ CV 4621:2020, ECLI: ES:TSJCV:2020:4621 advierte -a propósito de los títulos administrativos -autorizaciones o concesiones- que implican la ocupación del dominio público-:

«…siguiendo la misma orientación que la doctrina sentada por las sentencias del TJUE de 14-7-2016, asunto C-458/2014 y C-67/2015 (EDJ 2016/117991) y el art. 12 de la Directiva 2006/123 (EDL 2006/318974), la sentencia del T.S. de 5-7-2016, recurso 954/2014 (EDJ 2016/105700) y la de la Audiencia Nacional de 19-4-2016, recurso 336/2014 (EDJ 2016/79847), no admiten las prórrogas en este tipo de autorizaciones. En estas resoluciones se destaca que las concesiones no se refieren a una prestación de servicios determinados sino a una autorización para ejercer una actividad económica en zona de dominio público, estando sujetas esas concesiones demaniales a los procedimientos de selección con las debidas garantías de imparcialidad, transparencia y publicidad de acuerdo con el art. 12.1 de la Directiva de Servicios, lo que impide admitir una prórroga automática de las autorizaciones prohibida por el mencionado precepto de la Directiva 2006/123 (EDL 2006/318974)».

También la legislación portuari a descarta la posibilidad de una prórroga tácita de las concesiones para la ocupación del dominio público portuario. Señala en efecto el artículo 82.2.a del TRLPEMM -al que se remite el artículo 46.3 de la Ley 14/2003- que el plazo de la concesión será improrrogable salvo «cuando en el título de otorgamiento se haya previsto expresamente la posibilidad de una o varias prórrogas, en cuyo caso, a petición del titular y a juicio de la Autoridad Portuaria, podrá ser prorrogado, sin que el plazo inicial unido al de las prórrogas pueda superar el plazo máximo de 50 años».

Así pues, un acuerdo o decisión administrativa que declarara o de alguna forma sostuviera que se ha producido una prórroga tácita de la concesión portuaria otorgada en su día a CEISA sería manifiestamente ilegal y contrario al principio constitucional básico de imprescriptibilidad de los bienes de dominio público marítimo-terrestre (art. 132 CE).

No está de más advertir, para concluir con este primer apartado, que ha sido la propia interesada (CEISA), la que al solicitar expresa y formalmente la «prórroga» de su título concesional o el otorgamiento de un nuevo título concesional ha venido a descartar rotunda y categóricamente que se haya podido producir una prórroga tácita de su concesión vinculada a la prórroga de la concesión de extracción minera.

Tercera- No cabe tampoco otorgar una prórroga expresa de la concesión demanial otorgada en su día a CEISA, por las razones ya expuestas en nuestro anterior escrito de 8 de marzo de 2022.

En efecto, como entonces explicamos, la concesión demanial portuaria otorgada en su día CEISA no puede ser expresamente prorrogada:

1) Porque el plazo máximo de duración de esta concesión (30 años desde el 9 de marzo de 1990) ya ha expirado y no cabe prorrogar un título concesional que ya no existe ya desaparecido del mundo jurídico.

2) Porque la posibilidad de prórroga no aparece expresamente prevista en el título concesional, siendo esta previsión una exigencia legal inesquivable a los efectos de poder otorgar la prórroga (según lo previsto en el artículo 82.2.a) del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, en el artículo 107.2.a) de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general; en el artículo 76.c) de la ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas; y en el artículo 48 bis de la Ley 14/2003, de 8 de abril, de Puertos de Canarias).

3) Porque la concesión de CEISA se ha prolongado ya durante más de 64 años, más allá de todos límites temporales máximos legalmente aplicables (resultando aplicable a este respecto el límite de 50 años previsto en el ya transcrito artículo 82.2 del TRLPEMM).

4) Porque tampoco concurren los presupuestos para aplicar las vías excepcionales de prórroga contempladas en el artículo 82.2.c del TRLPEMM y en en el Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio.

5) Y porque no cabe tampoco la prórroga por accesoriedad, según lo previsto en el artículo 91 del TRLPEMM. Como ya explicamos en nuestro anterior escrito, no existe la pretendida accesoriedad entre el título concesional portuario y el otorgado para la explotación de los correspondientes recursos mineros (según ha confirmado, por cierto, el catedrático de derecho administrativo Villar Rojas en el informe ya facilitado a esta Administración). No existe identidad entre el objeto de la concesión portuaria y la actividad de extracción minera, no reflejándose además nada al respecto -como hubiera sido exigible- en los respectivos títulos concesionales. No existe en definitiva vinculación entre ambos títulos concesionales, ni se deja en ellos constancia de una pretendida relación de accesoriedad o interdependencia entre la ocupación del dominio público portuario y la concesión minera. A lo que se añade que la concesión minera y su prórroga se tramitaron ante la Autoridad minera de manera autónoma e independiente de la existencia de la concesión portuaria, sin vincular esta concesión al título de ocupación del demanio portuario. De modo que aunque la actividad minera y la portuaria puedan de alguna forma estar relacionadas, ninguno de los títulos concesionales depende recíprocamente del otro, requisito imprescindible para que pueda hablarse de accesoriedad. La concesión portuaria no ha sido la base necesaria para la extracción del mineral puzelano, ni los respectivos títulos concesionales (portuario y minero) se han vinculado recíprocamente, tramitándose y desenvolviéndose de manera autónoma, lo que rompe cualquier idea de accesoriedad del título demanial para realizar la actividad de extracción minera.

La relación entre el puerto y la cantera responde, única y exclusivamente, a la mera conveniencia del empresario -empleando la expresión del Tribunal Supremo-; y esta simple conveniencia resulta jurídicamente intrascendente a los efectos de poder apreciar una vinculación jurídica entre ambos títulos concesionales. No cabe en definitiva hablar, en el caso que nos ocupa, de accesoriedad concesional, al no hallarse subordinada la concesión demanial portuaria a la de extracción minera.

Y precisamente porque no existe accesoriedad ni vinculación entre ambos títulos concesionales, en el condicionado de la concesión portuaria de 9 de marzo de 1990 (aprobado -y aceptado- cuando ya estaba vigente la Ley de Costas de 1988), además de no preverse la posibilidad de prórroga del título concesional, ni su pretendida vinculación o relación de accesoriedad con la concesión minera y la consiguiente actividad de extracción de recursos mineros, se hace constar explícitamente que a la finalización del plazo concesional, las instalaciones revertirán automáticamente a la Administración.

Cuarta.- Tampoco por la vía de la accesoriedad o vinculación con la concesión de extracción minera cabría otorgar a CEISA un nuevo título concesional. El otorgamiento directo a CEISA de un nuevo título concesional, en los términos pretendidos, vulneraría además abiertamente los principios de publicidad y concurrencia competitiva que necesariamente han de respetarse en el otorgamiento de toda concesión demanial.

Nos remitimos ante todo a cuanto acabamos de explicar en cuanto a la inexistencia de vinculación entre el derecho concesional portuario otorgado a CEISA y la concesión de explotación o extracción minera de la que es titular esta misma entidad, habiendo sido otorgados ambos títulos concesionales de forma autónoma y separada, sin relación ni vinculación alguna, y sin que desde luego la concesión demanial portuaria tuviera por objeto o estuviera subordinada a la actividad de extracción minera. La concesión portuaria -que como hemos visto ya se ha extinguido- no tenía por objeto esta actividad de extracción o explotación minera, sino la carga y descarga de cemento y de materias primas para la fabricación de cemento; y en ningún momento a lo largo de todos estos años se condicionó la subsistencia del derecho concesional portuario al desarrollo por parte del concesionario de una actividad de extracción o explotación minera en la cantera «San José».

La concesión portuaria no fue solicitada para el desarrollo de dicha actividad minera ni CEISA pidió que esta concesión le fuera otorgada con carácter instrumental o adjetivo, como un elemento necesario e imprescindible para posibilitar la realización de dicha actividad extracción minera (por la sencilla razón de que esta actividad es independiente y puede perfectamente llevarse a cabo y desarrollarse sin relación alguna con el uso y explotación de las instalaciones portuarias).

Y precisamente por ello no cabría ahora otorgar una nueva concesión en los términos aparentemente pretendidos por CEISA, invocando la existencia de una supuesta vinculación de la concesión portuaria con la actividad de extracción minera amparada por la concesión de minas. Y es que como hemos dicho, no existe tal vinculación ni relación causal o instrumental alguna entre ambos títulos concesionales.

No cabría consecuentemente aplicar el artículo 66.3 de la Ley de Costas, porque el objeto de la concesión de CEISA, ya extinguida, nunca fue la actividad de extracción minera amparada por la correspondiente concesión de explotación de recursos mineros. Y consecuentemente, CEISA no tiene derecho al otorgamiento de una nueva concesión de ocupación del dominio público marítimo terrestre por un plazo igual al que pueda restar de vigencia a dicha concesión minera.

El otorgamiento de este nuevo título concesional portuario a favor de CEISA no sólo carecería -por lo expuesto- de toda base o soporte legal, sino que contravendría además abiertamente los principios de publicidad y concurrencia que la Administración debe necesariamente observar al otorgar cualquier título que permita la ocupación y utilización privativa de los bienes demaniales.

El artículo 74 de la Ley de Costas, incluido en el Capítulo VI (que contiene las disposiciones comunes a autorizaciones y concesiones), dispone a este respecto:

«En el otorgamiento de las solicitudes se observará el orden de preferencia que se establezca en las normas generales y específicas correspondientes. En su defecto serán preferidas las de mayor utilidad pública. Sólo en caso de identidad entre varias solicitudes se tendrá en cuenta la prioridad en la presentación.

En el otorgamiento de solicitudes relativas a actividades de servicios se respetarán los principios de publicidad, objetividad, imparcialidad, transparencia y concurrencia competitiva».

Y el artículo 75 de este mismo texto legal señala:

«1. La Administración podrá convocar concursos para el otorgamiento de concesiones y autorizaciones en el dominio público marítimo-terrestre. En dichos procedimientos se respetarán los principios de publicidad, objetividad, imparcialidad, transparencia y concurrencia competitiva.

2. Si la convocatoria del concurso se produjese durante la tramitación de una solicitud de concesión o autorización, el interesado tendrá derecho, en caso de no resultar adjudicatario del título, al cobro de los gastos del proyecto, en la forma que se determine reglamentariamente.

3. El concurso podrá declararse desierto si ninguna de las ofertas presentadas reúne las condiciones adecuadas».

También la legislación portuaria impone a la Administración la obligación de respetar los principios de publicidad, objetividad y concurrencia competitiva a la hora de otorgar concesiones demaniales (mediante la convocatoria de un concurso o de un trámite de competencia de proyectos -arts. 85 y 86 del TRLPEMM, aprobado por R.D. Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre), limitando los supuestos de adjudicación directa a los tres supuestos tasados que enumera el artículo 83 del TRLPEMM y que obviamente no concurren en el supuesto que nos ocupa. La Ley de Puertos de Canarias (Ley 14/2003), sigue esta misma línea, señalando en su art. 43.3, al regular las concesiones portuarias:

«El procedimiento para su otorgamiento deberá ajustarse a los siguientes principios y trámites:

A) El procedimiento se iniciará de oficio o a instancia de persona interesada, mediante la convocatoria de concurso público, conforme a la legislación general sobre concesiones de obras y servicios públicos.

B) En todo caso, existirá publicidad e información pública por plazo mínimo de quince días antes de su resolución.

C) En el supuesto de que se inicie a solicitud de persona interesada y existan varios peticionarios, la adjudicación se efectuará mediante el procedimiento de proyectos en competencia, debiéndose aprobar previamente por «Puertos Canarios» los criterios y baremo que habrán de regir la adjudicación. A estos efectos se entiende por proyectos en competencia aquéllos que, presentados por cualquier persona física o jurídica, versen sobre un mismo objeto, con las mismas o distintas soluciones, y concurran entre sí en igualdad de condiciones para su adjudicación». (…)

No puede consecuentemente otorgarse una nueva concesión a CEISA de forma directa, sin respetar estos principios ni convocar el pertinente procedimiento de concurrencia competitiva en el que puedan participar todos los potenciales interesados en el uso y explotación de las instalaciones portuarias.

En síntesis: no es posible otorgar a CEISA una nueva concesión para el uso y aprovechamiento de las instalaciones portuarias, en los términos pretendidos (1) porque no es aplicable el art. 66 de la Ley de Costas, (2) porque no existe vinculación ni relación de accesoriedad entre la actividad de extracción minera y la pretendida concesión portuaria, y (3) por las razonas que, a mayor abundamiento se expondrán a continuación en relación con la validez y eficacia del título concesional para la explotación minera prorrogado el 25 de julio de 2016.

QUINTA.- No cabe el otorgamiento de un nuevo título concesional (ni a favor CEISA ni a favor de ningún otro interesado) que prolongue en el tiempo el actual uso industrial o comercial del puerto de Santa Águeda, pues ello contravendría abiertamente las previsiones contenidas en el planeamiento vigente, que prevén la obligada transformación del actual puerto industrial o comercial, una vez extinguida la concesión de CEISA, en un equipamiento deportivo y de ocio al servicio de los nuevos usos del suelo contemplados por el PIOGC en la pieza de suelo «PTP 10 Santa Águeda».

Nos remitimos en este sentido a lo ya manifestado en nuestro anterior escrito de 8 de marzo de 2022, en el que ya explicamos que el planeamiento vigente, que es una norma jurídica de obligado cumplimiento (aprobada además por la propia Administración Autonómica Canaria a la que ahora nos dirigimos) contempla la necesaria reconversión de este espacio, de uso industrial a turístico-deportivo y la consiguiente y necesaria transformación del actual puerto comercial/industrial en un equipamiento deportivo y de ocio al servicio de esta zona de expansión turística de Santa Águeda.

En efecto, al regular el «PTP 10 Santa Águeda», el PIOGC se refiere a su futuro desarrollo turístico, señalando específicamente, bajo la rúbrica «recuperación de la fábrica de cemento» lo siguiente:

«En el marco de las actuaciones para la recualificación de la industria turística en la costa de San Bartolomé de Tirajana se propone la recuperación de este puerto comercial para su transformación a largo plazo como equipamiento deportivo y de ocio de la futura zona de expansión turística de Santa Águeda».

Coherentemente, el vigente Plan Territorial Especial de Ordenación Turística Insular de Gran Canaria (PTEOTI-GC) refuerza el destino turístico de esta zona, identificándola en su art. 10.1.a) como «Pieza Territorial Turística Nueva» (PTTN-3. SB: SANTA ÁGUEDA), con capacidad estimada de 5000 plazas alojativas, destacando su potencial para el desarrollo turístico como «soporte de una oferta turística de alta calidad». Y contempla además el apartado 4 de este mismo artículo 10 del PTEOTI-GC la necesaria especialización de las «Piezas Territoriales Turísticas Nuevas (PTTN)» (NAD) -como es el caso de Santa Águeda (PTTN 3 SB Santa Agueda)- al disponer que «…serán de uso exclusivamente turístico».

Siendo ello así, la Administración (que por mandato constitucional actúa siempre con sometimiento pleno a la ley y al Derecho -artículo 103.1 CE-) no podría en ningún caso otorgar un nuevo título concesional que incumpliera estas previsiones normativas vinculantes, prolongando el actual uso industrial/comercial del puerto de Santa Águeda y difiriendo -una vez extinguida la concesión portuaria otorgada en su día CEISA para la explotación industrial de estas instalaciones portuarias- su obligada transformación en un equipamiento deportivo y de ocio al servicio de esta nueva zona de expansión turística.

SEXTA.- Debe adicionalmente destacarse que la prórroga de la concesión portuaria por una supuesta o pretendida relación de accesoriedad con la actividad de extracción minera, al amparo de lo previsto en el artículo 91 del TRLPEMM, o el otorgamiento de un nuevo título concesional para facilitar esta actividad extracción minera resultaría en todo caso -y sin perjuicio de lo ya expuesto- inviable por la nulidad de que adolece el acuerdo en cuya virtud se prorrogó la concesión de explotación minera «San José» (acuerdo adoptado el 25 de julio de 2016, mediante Resolución de la Dirección General de Industria y Energía n.º 1233/2016).

Sin perjuicio y a mayor abundamiento de lo expuesto hasta ahora es preciso advertir que en ningún caso cabría prorrogar la concesión portuaria de CEISA por la vía de su supuesta o pretendida relación con la actividad de extracción minera de la cantera «San José», ni tampoco otorgar un nuevo título concesional so pretexto de facilitar de esta forma el desarrollo de esta actividad explotación minera habida cuenta que el título que actualmente ampara el ejercicio de esta actividad es nulo de pleno derecho.

En efecto, la concesión otorgada en su día CEISA para la explotación minera de los recursos de la denominada cantera «San José» fue prorrogada infringiendo abiertamente las previsiones contenidas en la normativa aplicable; y más concretamente, las contenidas en el artículo 81.1 del Reglamento General de la Minería aprobado por Real Decreto 2857/1978 de 25 de agosto de 1978, que señala:

«La concesión de explotación minera se otorgará por un período de treinta años, prorrogable por otros dos plazos iguales, hasta un máximo de noventa años. Para la obtención de cada prórroga, el concesionario deberá presentar, tres años antes, como mínimo, de la terminación de la vigencia de la concesión, la correspondiente solicitud dirigida al Director general de Minas e Industrias de la Construcción…».

Y es el propio R.D. 2857/1978 el que específicamente aclara en su Disposición Adicional Segunda que:

«Todos los plazos que se fijan en este Reglamento serán improrrogables y fatales, salvo que expresamente se haya previsto su prórroga».

El obligado respeto a estas previsiones normativas (que son normas imperativas, no de carácter dispositivo), debió haber justificado la denegación de la prórroga concesional solicitada por CEISA, al haberse formulado la correspondiente solicitud cuando apenas restaba un año para la terminación del plazo de vigencia de la concesión. Y es que como señala el artículo 103.1 de la CE:

Así lo puso de manifiesto, de hecho, un informe de 17 de mayo de 2011 de esta misma Administración autonómica (suscrito por el Jefe de Servicio de Coordinación Administrativa de la Dirección General de Industria), que de forma motivada explicó que al haberse solicitado la prórroga de la concesión minera el 17 de julio de 2007 (cuando la concesión vencía el 28 de agosto de 2008) el concesionario no respetó la obligación establecida en este artículo 81 del Real Decreto 2857/1978 (que exige solicitar la prórroga de la concesión minera con una antelación de tres años como mínimo al vencimiento del plazo) «y ello es motivo para desestimar la solicitud de prórroga …. e iniciar posteriormente el procedimiento de caducidad del derecho minero».

La resolución accediendo finalmente a la prórroga de la concesión minera interesada por CEISA ignora por completo este informe (sin refutar ni desmontar sus argumentos) y concede además la prórroga -el 25 de julio de 2016- cuando ya habían transcurrido prácticamente ocho años desde la expiración del plazo de duración de la concesión -que vencía el 28 de agosto de 2008-.

Todo ello determina la nulidad del acuerdo de prórroga de este título concesional de explotación minera:

Por tener un contenido imposible -art. 47.1.c) de la Ley 39/2015-, al haber sido acordada la prórroga de un título concesional que en ese momento ya había desaparecido del mundo jurídico por expiración de su plazo de vigencia.

Por haber sido dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido -art. 47.1.e) de la Ley 39/2015- (al vulnerar abiertamente esta prórroga el procedimiento y las condiciones que para su otorgamiento se contienen en el artículo 81 del R.D. 2857/1978), y por tratarse además de un acto administrativo contrario al ordenamiento jurídico por el que el concesionario adquiere facultades o derechos careciendo de los requisitos esenciales para su adquisición -art. 47.1.f) de la propia Ley 39/2015-. Y todo ello en abierta contradicción, además, con las previsiones sobre derecho transitorio contenidas en el Código Civil (Disposiciones Transitorias 3ª, 4ª y 13ª).

Quod nullum est, nullum producit effectum. Y precisamente por ello la «prórroga» de la concesión de CEISA, o el otorgamiento a esta entidad de un nuevo título concesional no puede anclarse o vincularse a la concesión de extracción minera cuya prórroga, acordada el 25 de julio de 2016, es radicalmente nula.

Y así pedimos a V.I. (y al Gobierno de Canarias del que forma parte) que lo aprecie y declare.

SÉPTIMA.- CEISA ha incumplido además sus obligaciones básicas como titular de la concesión de minas; y este incumplimiento es causa de caducidad del correspondiente título concesional.

De la documentación obrante en el expediente de la concesión minera de CEISA se desprende que la entidad concesionaria ha incumplido varias de sus obligaciones básicas. Entre otros incumplimientos, cabe destacar que no presentó en plazo el Plan de Labores de la explotación minera de San José del ejercicio 2021; a lo que se añade que el Plan finalmente presentado adolece, según la propia Administración, de importantes carencias, al omitir determinados aspectos esenciales (en relación con los medios existentes en la explotación y en el establecimiento de beneficio, apartado maquinaria; en el apartado de residuos -al no hacer referencia a las labores que se están realizando a este respecto- y en el apartado de recursos humanos, en relación con el personal autorizado para el manejo de la maquinaria móvil). Todo lo cual ha determinado la no aprobación de este Plan de Labores de la explotación. Y tampoco ha sido aprobado el Plan de Labores del año 2022 toda vez que el 3 de marzo de 2022 se le concedió a CEISA un plazo de 10 días para completar la documentación y este requerimiento no ha sido atendido (lo que se interpreta por parte de la Administración como un desistimiento por parte de la concesionaria). Así consta en los informes/requerimientos de la Jefa de Sección de explotaciones y Recursos Mineros de la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias de 10 de junio de 2021 y de 3 de marzo de 2022 que obran a los folios 39 a 41 y 57ª 59 del Expediente CDE-15, correspondiente a la concesión de minas.

Así pues, y sin perjuicio de otros incumplimientos, CEISA no tiene consecuentemente aprobado el preceptivo Plan de Labores de la explotación, habiendo incumplido reiteradamente su obligación de presentar dentro de los plazos reglamentarios este documento, que tiene carácter esencial, incurriendo de esta forma en causa de caducidad del título concesional.

A los efectos que ahora interesan, y sin perjuicio de la incoación por parte de la Administración autonómica del procedimiento que corresponda para declarar la caducidad de la concesión minera de CEISA, es importante destacar que el Gobierno de Canarias no puede pretender prorrogar la concesión portuaria ni otorgar un nuevo título concesional portuario basándose en una concesión minera que, además de ser nula de pleno Derecho (por los motivos expuestos en la manifestación o advertencia SEXTA de este mismo escrito), impone a la entidad concesionaria obligaciones esenciales que ésta lleva años incumpliendo, incurriendo en causa de caducidad del título concesional.

Por todo lo expuesto a lo largo de este escrito, respetuosamente me dirijo a usted, en su condición de Consejero y máximo responsable en la materia que nos ocupa (además de Presidente del Ente Público «Puertos Canarios» y de la Comisión de Trabajo Interdepartamental creada por el Gobierno de Canarias en relación con el Puerto de Santa Águeda), para PEDIRLE:

1) Que cumpliendo con sus obligaciones legales y constitucionales, rechace a limine cualquier prórroga (tácita o expresa) del título concesional portuario otorgado en su día a CEISA así como el eventual otorgamiento de un nuevo título concesional que no respete los obligados principios de publicidad y concurrencia competitiva y/o que prolongue, en abierta contradicción con el planeamiento vigente, el actual uso industrial/comercial del puerto de Santa Águeda.

2) Que reconozca expresa y formalmente que el plazo de duración de la concesión portuaria otorgada a «CEMENTOS ESPECIALES DE LAS ISLAS, S.A.» (CEISA) para la construcción y explotación del puerto de Santa Águeda expiró el 9 de marzo de 2020.

3) Que reconozca expresa y formalmente que no existe vinculación jurídica alguna ni relación de accesoriedad entre la concesión portuaria otorgada en su día CEISA en el Puerto de Santa Águeda y la concesión de extracción minera de la que era titular esta misma entidad (y que fue prorrogada el 25 de julio de 2016). Y que declare consecuentemente que no cabe prorrogar la concesión portuaria ni otorgar una nueva so pretexto de esta inexistente relación de accesoriedad o vinculación entre ambos títulos concesionales.

4) Que reconozca además expresa y formalmente que el acuerdo de prórroga de esta concesión minera, adoptado el 25 de julio de 2016, es radicalmente nulo.

5) Que reconozca expresa y formalmente que el mantenimiento del actual uso industrial o comercial del puerto de Santa Águeda resulta incompatible con el planeamiento territorial vigente y que cualquier decisión que permitiera, siquiera parcialmente, el mantenimiento de este uso industrial (incluso compatibilizándolo con el turístico) sería contraria al ordenamiento jurídico.

6) Que reconozca expresa y formalmente que el planeamiento territorial vigente, de carácter normativo vinculante y de obligado cumplimiento, exige la transformación del puerto de Santa Águeda en un equipamiento deportivo y de ocio al servicio de la futura zona de expansión turística de Santa Águeda, descartando cualquier otro uso y muy particularmente el mantenimiento del actual uso industrial.

7) Y que actúe en consecuencia, desalojando a CEISA de las instalaciones portuarias, recuperando la posesión de este espacio demanial, depurando la situación física y jurídica del puerto y promoviendo la ordenación detallada de esta pieza territorial estratégica (PTTN 3 SB Santa Águeda).

Si finalmente, y en abierta y palmaria contradicción con la legalidad vigente, y con pleno conocimiento de cuanto se ha expuesto, esta Administración accediera a las pretensiones de CEISA (ya sea declarando que la concesión portuaria quedó tácitamente prorrogada al prorrogarse, el 25 de julio de 2016, la concesión minera, o ya sea otorgándole un nuevo título concesional o prorrogando el que le fue en su día otorgado) esta FEHT se reserva el ejercicio de las acciones que en derecho procedan para la defensa de los intereses que representa».