Cementera de Arguineguín.

Un informe jurídico concluye que la cementera no puede seguir en Arguineguín

El uso industrial del puerto de Santa Águeda es incompatible con el Plan Insular

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria

Un informe jurídico elaborado por el catedrático de Derecho Administrativo Francisco Aguilar y el profesor de esa misma especialidad Andrés M. González Sanfiel concluye que no hay vía jurídica alguna para sostener la continuidad de la actividad de la cementera en el puerto de Santa Águeda, en Arguineguín. Además de subrayar que la concesión está caducada, en el dictamen se subraya que «el uso industrial del puerto de Santa Águeda resulta disconforme e incompatible con el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria que prevé para esa infraestructura un destino turístico y, específicamente, un uso náutico-deportivo».

El Gobierno de Canarias acordó este año la creación de una comisión que estudiase el expediente, ante la pretensión de la cementera Ceisa de mantener su actividad en Arguineguín. Esa comisión cuenta con la participación de las consejerías de Obras Públicas, al ser el puerto de Santa Águeda de titularidad autonómica, y de Turismo, al encontrarse esa actividad industrial en una zona de gran valor turístico, llamada a ser un referente de calidad alojativa.

El informe, al que ha tenido acceso este periódico, es contundente en sus conclusiones. Así, afirma taxativamente que «la continuidad del uso industrial del puerto de Santa Águeda es inviable. No cabe prórroga alguna de la concesión con que ha venido funcionando».

Respecto a qué debe hacer el ente Puertos Canarios, señala que está obligado a «recuperar el puerto y decidir el modo de gestionarlo, bien de forma directa, bien convocando una nueva licitación pública».

Sobre las opciones que tiene el Gobierno de Canarias en este asunto, los expertos en Derecho Administrativo recuerdan que el Plan Insular de Ordenación es «obligatorio para todas las Administraciones públicas y los particulares, prohibiendo la continuidad del uso industrial, lo que no ha cambiado tras la entrada en vigor de la Ley del Suelo y los Espacios Naturales Protegidos de Canarias». Y agrega: «En tanto el planeamiento insular fue aprobado de forma definitiva por el Gobierno de Canarias queda vinculado por su decisión, de la que no puede separarse siendo nula la dispensa o la derogación singular de su contenido».

Tras analizar la evolución de la concesión del suelo portuario a la cementera y subrayar que se encuentra «extinguida», se agrega que «lo procedente es que la administración autonómica depure la situación física y jurídica del puerto, la administración insular formule el correspondiente plan territorial parcial y la administración municipal adapte su planeamiento, a fin de viabilizar el uso turístico». El informe se detiene especialmente en analizar qué vías podría haber para una hipotética prórroga de la concesión, para concluir que se incurriría en nulidad de pleno derecho.

«La ordenación detallada de esta pieza territorial estratégica», prosigue el dictamen, «debe cumplir con las normas que declaran incompatible el uso mixto turístico-industrial, en tanto esa combinación de usos limita y deteriora la especialización y calidad del destino turístico».