USPB reclama la activación del sistema de protección frente a represalias por denuncias

La Unión Sindical de Policías y Bomberos (USPB) ha reclamado al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que active el sistema de protección frente a las represalias que puedan sufrir los empleados públicos cuando denuncian infracciones penales, laborales o de derecho comunitario.

«La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, establece en su artículo 13 la obligatoriedad para el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, al igual que para todas las administraciones públicas, de crear un sistema interno de información de denuncias», expone el representante de USPB, Víctor García, «la disposición transitoria segunda, establece un plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la Ley y después de un año no se han tomado medidas para su aplicación».

La implantación del sistema de información y la designación de sus responsables deben ser informados en la Mesa General.

«Los empleados públicos tienes que estar protegidos de acuerdo a esa Ley del año pasado y tener un sistema de información anónimo que garantice de forma eficaz la denuncia por infracciones a la normativa y la lucha contra la corrupción», expuso el representante de los trabajadores. En su opinión, es importante la aplicación de la norma porque «garantiza la protección de los empleados públicos que denuncien e informen de forma garantista de cualquier infracción grave, muy grave o que implique luchar contra la corrupción».

García desvinculó esta petición del caso Valka y de las pesquisas internas que se han iniciado tanto en la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística (Geursa) como del Ayuntamiento de Las palmas de Gran Canaria para tratar de conocer si en sede municipal operó una trama corrupta con ramificaciones en el urbanismo y en la gestión de Parques y Jardines. En el caso de Geursa, el órgano inspector tiene su base en la Ley 2/2023.

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