Un muro urbanístico que tapiará una veintena de prostíbulos de Arenales

Los condicionantes urbanísticos que impone el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en cuanto a distancias impediría que siguieran operando estas casas. De acuerdo a la normativa que impondrá el Plan General de Ordenación, los prostíbulos deberán estar ubicados a más de 150 metros entre sí; y, además, «no podrán ubicarse a menos de trescientos metros de centros docentes o centros de menores», como señala el texto de modificación de las normas urbanísticas que se someterá a votación en el próximo pleno de final de mes.

En este caso, la presencia de tres colegios en la zona (el Nanda Cambres, el Aguadulce y el María Auxiliadora) impediría que se pudiera desarrollar esta actividad.

Pero además, para reconocerles la condición de uso autorizable, el Ayuntamiento les exige la elaboración de un estudio previo de incidencia ambiental.

Hasta ahora, el grupo de gobierno, a través del concejal de Urbanismo, Javier Doreste, ha dicho que en la práctica no se dispone de personal de inspección suficiente en las oficinas municipales. Así, aparte de condenar el hecho de que la normativa «sancione el tráfico de carne humana al dictaminar la actividad de naturaleza sexual como comercial», justifica los nuevos condicionantes por el hecho de que así lo exige el decreto 86/2013, el Reglamento de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos del Gobierno de Canarias.

Precisamente esta aproximación urbanística-comercial que se hace del asunto de la prostitución es la que critica la mesa de trabajo por la convivencia con la prostitución en Arenales, que nació hace ahora dos años como un proceso comunitario que trata de mejorar la convivencia. Esta semana, el colectivo aseguró que es «grave que la realidad de prostitución y trata de seres humanos se aborde desde la lógica urbanística, ambiental y se de seguridad». En su opinión, «dejar fuera toda la problemática social de desigualdad y de explotación de las mujeres, invisibiliza este complejo fenómeno que requiere de acciones integrales enmarcadas en un enfoque de derechos humanos y de perspectiva de género».

El edil de Urbanismo también mantiene dudas sobre el efecto que tendrá la nueva norma del Plan General de Ordenación sobre la realidad preexistente en el barrio de Arenales.

Sin embargo, desde el PP se entiende que «una vez que esta norma entre en vigor, todos los establecimientos de naturaleza sexual tendrán la obligación de solicitar la licencia de actividad y cumplir estas limitaciones que el tripartito (PSOE, Podemos y Nueva Canarias) ha decidido imponer». Su portavoz, Ángel Sabroso, asegura que el grupo de gobierno no se puede escudar en la falta de un cuerpo de inspectores porque en cuanto llegue una denuncia, el Consistorio lo primero que hará será revisar si la actividad tiene el uso autorizado. Y si no dispone de ello, la respuesta municipal será el precinto.

Este panorama es el que prevé también la presidenta de la asociación de mujeres prostitutas y maltratadas, Juana María Ortega, cuando señala que el cierre de los prostíbulos al que aboca la nueva normativa provocará una vuelta a la prostitución callejera, con el agravante de inseguridad que esto supone para las profesionales del sexo. «Van a empeorar las cosas», dijo a CANARIAS7 tras ser preguntada por este asunto, «van a volver los tiempos de Guanarteme o del Muelle Grande». De acuerdo con sus cálculos, en torno a un centenar de mujeres se verán afectadas por los nuevos requerimientos que impondrá el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a los prostíbulos de la ciudad, pero en especial a los de Arenales.

Pero los cambios que experimentarán las actividades de naturaleza sexual no vienen dados únicamente por las condiciones que impone el Ayuntamiento en base a experiencias como las de Barcelona o Bilbao. El decreto del Gobierno de Canarias del que emanan los cambios en las normas del Plan General de Ordenación también impone algunas novedades, como la exigencia de que los prostíbulos tengan seguridad privada. Así se exige la presencia, como mínimo, de «un vigilante de seguridad privada» durante todo el horario de funcionamiento.

Además, «en estos locales se debe garantizar a todas las personas usuarias, la obtención de preservativos, debidamente homologados y con fecha de caducidad vigente, que se pueden entregar personalmente o mediante máquinas expendedoras». Así se recoge en el artículo 23.5 del Reglamento de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos, que además impone la obligación de fijar, «en un lugar perfectamente visible para las personas usuarias, un rótulo advirtiendo que el uso del preservativo es la medida más eficaz para prevenir las enfermedades de transmisión sexual».

Entre otros aspectos, el Gobierno de Canarias también establece otros requisitos aplicables a los establecimientos en los que se ejercen actividades de naturaleza sexual, como son el hecho de que «el acceso a los locales debe hacerse directamente desde la vía pública» o que «los reservados deben tener una zona de vestuario y de descanso para las personas que ejercen las actividades de naturaleza sexual». Se prohibe que estas zonas puedan ser utilizadas como lugar de pernoctación o viviendas de las personas que ejercen la prostitución.

Y tampoco se permite el acceso de menores a este tipo de locales, haciéndolo constar de manera visible con carteles en el exterior de las casas.

Las normas urbanísticas que impulsa el Ayuntamiento a fin de mes deberán pasar un trámite de exposición pública con el que se pretende compensar la falta de negociación con los agentes sociales.