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Un total de 33.212 trabajadores se han visto afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en Las Palmas de Gran Canaria durante la crisis económica que ha traído la pandemia del coronavirus. De acuerdo con los datos del Gobierno de Canarias a 25 de mayo, cuatro de cada diez empleados a los que se les suspendió el trabajo en la isla estaban en la capital.
Las personas incluidas en los ERTE no computan como parados porque se considera que volverán a sus puestos de trabajo en cuanto finalice el estado de alarma o, incluso, hasta fin de año en algunos sectores, tal y como está barajando el Gobierno de España.
En todo caso, el impacto de la Covid-19 se deja notar también en las cifras oficiales de desempleo. De acuerdo a los datos que ofrece el Ejecutivo autónomo, en estos momentos hay 46.431 demandantes de empleo en el municipio, la cifra más alta que se registra desde octubre de 2016, cuando había 46.547 personas sin trabajo, según las estadísticas del propio Ayuntamiento. Esto supone aproximadamente un 17% más de parados que en 2019.
Los datos de afiliación a la Seguridad Social también han bajado en el municipio hasta los 172.910, la cifra más baja desde julio de 2018.
En la capital grancanaria ha habido 4.578 expedientes de ERTE tramitados, de los que 4.364 fueron de suspensión (el cese total de la actividad en el que el desempleado cobra el 70% del sueldo durante seis meses y el 50% a partir del séptimo mes, con un máximo de 1.411 euros si se tiene dos o más hijos) y 514 de reducción (la opción en la que se deja de trabajar un tiempo y se puede compensar parte de esta pérdida de ingresos con una aportación estatal).
El 85% de las solicitudes de ERTE presentadas por las empresas se concentraron en los dieciséis días siguientes al decreto del estado de alarma. Desde entonces, el número de peticiones se ha ido reduciendo hasta el punto de que en los últimos diecisiete días de datos publicados (el periodo comprendido entre el 9 y el 25 de mayo) se contabilizaron dos ERTEs diarios.
Por áreas económicas, el comercio y los talleres (casi un 26% de los expedientes) y la hostelería (un 23,3%) son las que más empleos han suspendido en Las Palmas de Gran Canaria. Entre ambas casi alcanzan la mitad de todos los ERTE tramitados desde el término municipal.
Más fortaleza han demostrado la construcción (4,2% de los expedientes) y la educación (3,95%), así como el sector primario (0,3%).
En la capital grancanaria hay abierto un debate ahora mismo sobre la posibilidad de ampliar terrazas. Los empresarios de bares, cafeterías y restaurantes denuncian que siguen esperando la respuesta del Ayuntamiento a la petición de ampliación de superficie para las terrazas como medio de reactivar las economías de estas empresas y de sacar del paro provisional a los trabajadores afectados por el cierre de terrazas.
De acuerdo con los datos del Gobierno de Canarias, algo más de un millar de negocios de la hostelería (1.067 en números redondos) se vieron forzados a presentar ERTEs.
El último decreto del alcalde, Augusto Hidalgo, emitido el pasado domingo, permite a los empresarios ampliar la ocupación de la vía pública a un 75% del espacio que antes ocupaban. Y solo se deja superar esta limitación cuando se garantice una ampliación proporcional del espacio peatonal.
El golpe más fuerte de la crisis no se lo llevaron las grandes empresas del término municipal capitalino. De acuerdo a los datos del Gobierno de Canarias, el 74% de las compañías que tramitaron expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) tenían entre uno y cinco trabajadores. Y casi un 14% tienen de seis a diez empleados. Menos de un 2% son compañías con más de cincuenta trabajadores.
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